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Hace muy pocos días recibí, como todos los pacientes de mi EPS, un aviso en que invitan a vacunarse contra el COVID, diciendo que “la OMS recomienda que las personas en grupos de riesgo tomen una dosis adicional de la vacuna contra COVID-19″. A continuación, explican cuál es la población priorizada: mujeres embarazadas, mayores de 60 años, talento humano de salud y población con comorbilidades, que son muchísimas, entre ellas obesidad, EPOC, diabetes, cáncer, esclerosis múltiple, hipertensión, VIH y trastornos de coagulación. Me dispuse a ponerme la quinta dosis, porque soy persona mayor de 60 con una de esas comorbilidades, porque mi última vacuna es de hace año y medio, porque sé que en otros países ya pasaron de poner la bivalente (que el Ministerio de Salud no quiso aceptar porque todavía tenía monovalentes) a la que previene de la última variante y porque conozco gente que en este momento está contagiada y la está pasando muy mal. Pues bien: la educada respuesta que me dieron después de la, imagino, automática invitación es que no hay ni habrá biológicos por ahora. Investigué con un alto cargo de la EPS, del que depende la adquisición de vacunas, que me dio a entender que el despelote en el Ministerio de Salud es colosal, que nadie parece interesado en el tema de la vacunación y que tampoco responden por un problema que viene denunciándose hace mucho: el desabastecimiento de medicamentos. Ni que decir de las sumas millonarias que el Gobierno adeuda a las EPS y que imagino que no paga como una estrategia más para llevarlas a su desaparición.
Las malas noticias las trae en cifras un serio y pormenorizado informe de La Silla Vacía, del 22 de septiembre de este año, que vale la pena leer. La primera: que según el mismo Ministerio de Salud, “en lo que va de 2023, se han diagnosticado con COVID 3.829 niños y niñas menores de cuatro años, de los cuales 306 fueron hospitalizados, 41 fueron internados en unidad de cuidados intensivos y siete fallecieron”. Y que se han detectado 25.555 casos de personas portadoras del virus, así como 632 fallecidas, la mayoría mayores de 60 años que no contaban con esquema de vacunación completo. Las cifras parecen bajas en relación con las de la pandemia, pero ninguna cifra es baja cuando se trata de la muerte de alguien querido, algo que podía aceptarse hace dos años, pero no hoy. Las personas que no hemos contraído el virus estamos en un riesgo grande, me explicó el experto, porque no contamos con la inmunización relativa que da la enfermedad y porque no sabemos cómo reaccionaremos a ella.
Pero hay otras noticias, referidas en el mismo portal: durante el gobierno Petro se han perdido $300.000 millones (sí, leyeron bien) en vacunas anti-COVID, 7,8 millones de dosis en los dos últimos meses (hasta septiembre), casi en su totalidad por vencimiento, y el país está en riesgo de que en los próximos cuatro meses se venzan otros cuatro millones. Esto, queridos lectores, en la potencia mundial de la vida que se promociona 20 veces cada noche en la televisión nacional, mientras cayeron en picada las campañas de vacunación y mientras se acusa injustamente al exministro Fernando Ruiz de haberse excedido cuando compró vacunas para el 70 % de la población en un momento de riesgo total. No aprendieron nada.
