Si no hay un cambio de guión de parte del presidente Duque y si no toma decisiones que generen esperanza y credibilidad, nos esperan largos meses de más violencia y zozobra económica, agravados por la pandemia y una campaña de vacunación que tardará mucho en mostrar resultados.
Es claro que es imposible resolver con un par de decretos la amplia gama de problemas que han lanzado a la calle a colombianos en todos los rincones del país. Sin embargo, aún hay tiempo de maniobra dando las señales y tomando decisiones. ¿Tiene Duque el talante y la capacidad política para escuchar, comprender y actuar?
Escuchar es lo mínimo en este estallido social sin precedentes, de manera que bienvenidas las invitaciones a hablar en Palacio. Sin embargo, el libreto y la narrativa oficiales no pueden ser los mismos de finales del 2019. La técnica oficial consiste en crear, a través de las invitaciones a Palacio, la plataforma para, más adelante, sectorizar temas y armar mesas para tratar los más sensibles en educación, salud, reforma tributaria, situación del campo, en sesiones a las que se invita a los diferentes actores temáticos, orientadas por el respectivo ministerio.
Fue la estrategia de hace un año y medio, finalmente frenada por la irrupción de la pandemia y que condujo al cambio de guión (¿felizmente para él?) de la relación del presidente con los colombianos, centrado en la crisis sanitaria y enfocado en el programa televisivo diario y, en la práctica, con muy deficientes resultados de la campaña de vacunación. Programa suspendido por la crisis, aunque después de varios días de paro. El 28 de abril, en un escenario propio del absurdo de Ionesco, el presidente celebraba el primer año de pertenencia de Colombia a la OCDE pese a lo que ocurría en las ciudades: gente saliendo a protestar a pesar del riesgo de la pandemia y las prohibiciones a salir.
Hay que frenar la violencia de inmediato. La ejercida por la fuerza pública, la de los vándalos (¿qué tal la barbaridad de pretender quemar un CAI con miembros de policía adentro?), la de los tiradores (policías de civil? ¿paramilitares?) del estilo Pereira, Cali e Ibagué que asesinan manifestantes pacíficos. Hay que parar el desabastecimiento que se está presentando en todo al país, la escasez de combustible. Hay que garantizar la vida de quienes protestan y respetar y atender los motivos de su desesperación. Los manifestantes en todo el país son, en su inmensa mayoría, pacíficos.
La narrativa oficial actual, la que se le escucha a los líderes del partido que gobierna, la que circula por las redes sociales y que pretende contrarrestar los llamados de atención y protestas internacionales frente al paro y la desmedida respuesta de la Fuerza Pública, no contribuirá a resolver el problema, simplemente porque no corresponde a la verdad. Según ella, lo que ocurre en la actualidad en Colombia es el resultado de una orquestación a cargo de las disidencias de las Farc, el Eln, con financiamiento del narcoterrorismo. Es la justificación para el uso de las armas en contra de los protestantes. Alguna viralidad de tal narrativa ha tenido una versión según la cual Colombia Humana ha sido la inspiradora política de la protesta, cuyo líder, que ahora dirige “alocuciones al país”, ha dicho algo sensato: el paro se debió haber levantado una vez el presidente retiró el proyecto de reforma tributaria.
Que haya grupos, incluidas las disidencias de las Farc y el Eln que crean que “llegó la hora”, que contribuyan a la zozobra en las regiones, a la quema de peajes, no cabe duda. Bajo el viejo lema que las extremas siempre han utilizado, de “agudizar las contradicciones”, flaco favor hacen a la inmensa mayoría de colombianos que se manifiestan en forma pacífica. A las disidencias hay que combatirlas. La gente que protesta, en su inmensa mayoría jóvenes, no pueden convertirse en objetivo militar. Además de crimen, es una estupidez oficial.
El presidente debe repudiar los crímenes de la fuerza pública contra la población . Y el estado debe castigar a quienes destruyen patrimonio público y atentan contra la vida de servidores públicos. A los millones de jóvenes, a los ciudadanos que protestan, debe respetárseles el derecho a la protesta pacífica.
El inmenso descontento popular, fruto de décadas de negligencia y corrupción, la situación de incertidumbre para los jóvenes, no dan espera.
