LAS ALERTAS FUERON EXPLÍCITAS y conocidas, en formato de libro o de película.
La vendedora de rosas, Rosario Tijeras, Rodrigo D. no futuro o la del actual alcalde de Medellín, No nacimos para semillas, mostraban el horror de la violencia creada por los adultos en la vida de niños y niñas.
Reclutados a la fuerza por los grupos armados, maltratados en el hogar, cuando lo hay, habitantes de la calle con el cerebro anegado por el bóxer y el basuco, contratados como sicarios certeros, enredados en cadenas de prostitución, los menores han caído en la fatídica trampa de ‘narcos’, guerrilla, ‘paras’ de viejo y nuevo cuño, y delincuencia común. Y en la indiferencia de la sociedad y sus dirigentes.
La crónica roja de la prensa escrita está llena de hechos aterradores en los que están involucrados menores de 18. La inseguridad urbana en ascenso, de la que tanto se habla por estos días, tiene a menores como protagonistas clave.
El domingo pasado, por ejemplo, se informaba de cómo el 30% de los delitos en Soacha, incluidos asesinatos, son cometidos por menores. “La Cuchillera”, de 14 años, ya había disparado y apuñaleado a sus doce (El Tiempo, 27-09-09, 1-4). Niñas que son madres participan en pandillas sin agüero, al lado de sus compañeros de parche. La cadena de la violencia pasa su cuenta de cobro: muchos de los menores delincuentes, según el personero, provienen de familias desplazadas que “se amontonan en las laderas de Soacha”.
Aunque el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes es de reciente implantación, las autoridades reconocen que la participación de menores en el total de delitos va en aumento. Bogotá, Cali y Medellín concentran el 80% de los casos recibidos por la Fiscalía entre marzo y agosto de 2009.
El viejo Código del Menor, después de muchos años, fue sustituido por uno nuevo, en el que el tema de la imputabilidad, en la perspectiva de la justicia restaurativa, es una de sus líneas centrales.
No obstante, con la excepción de algunos nichos públicos y privados, la problemática interesa poco a los adultos. No forma parte, por ejemplo, de los titulares programáticos electorales. La letra de la Constitución, según la cual el derecho de los niños es prevalente, parece muerta.
Se olvida que el 36% de la población colombiana es menor de 18 años y que cerca de 4 millones son adolescentes entre 14 y 17 años, la franja más vulnerable. Es obvio que se requieren políticas focalizadas, integrales, con la participación del Gobierno en todos sus niveles, los empresarios y, en fin, la llamada “sociedad civil”.
Es vergonzoso que, además de la escasez de presupuesto, la Contraloría denuncie que “alrededor del 56% de los municipios no ejecutó los recursos para la primera infancia, el 19% los ejecutó parcialmente y sólo 19% los ejecutó totalmente“ (El Espectador, 24-09-09).
La negligencia y la indiferencia están abriendo paso al ingreso perverso a la edad adulta de decenas de miles de jóvenes que definen sus propios modelos de supervivencia a partir de la violencia.
