Transición energética: unir las narrativas de Petro y Ocampo

No debería ser difícil unir la visión del ministro de Hacienda, por un lado y la del presidente y la ministra de Minas, por otro, en relación con la transición energética y los mandatos de la coyuntura actual.

La ausencia de narrativas convergentes dentro del gobierno nacional ha sido uno de los factores que han favorecido que en algunos sectores de la ciudadanía y de sectores como el empresarial, de dentro y fuera del país, reine la confusión. Es claro que la mayor parte de la devaluación es importada del entorno internacional; también lo es, como ha dicho el ministro Ocampo, que hay un componente ‘autoinfligido’, proveniente de algunas discrepancias dentro del equipo de gobierno.

Poco a poco, prácticamente a regañadientes, pareciera que el presidente y la ministra van cediendo en la necesidad de respetar aspectos como los contratos de exploración vigentes. Sin embargo, no es suficiente. Sentido práctico y factores claros de realidad deberían incidir en que los ministros y el presidente decidan estar en la misma página.

Al respecto, tres observaciones:

1. Construir sobre lo construido

Diera la impresión de que el discurso de transición energética fuera original, de izquierda, fundacional, cuando en realidad es un propósito acordado a escala planetaria, aunque habría que decir que, en la práctica, es propio de las democracias liberales y no de gobiernos del tipo Trump o Bolsonaro.

Está contenido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es parte de la agenda de la OECD y tema permanente del Foro Económico Mundial y objeto de sucesivas cumbres mundiales.

Desde el punto de vista interno, nada que implique mayor desgaste que el ‘adanismo’, ese deporte nacional de creer que el mundo se inicia con el gobernante de turno. El gobierno debería tener en cuenta (e incluir dentro de los activos institucionales de la transición) los hitos de carácter normativo y de política pública que forman parte del marco institucional. Sólo para mencionar tres: la ley 1715 de 2014 (”Por medio de la cual se regula la integración de energías renovables no convencionales al sistema energético nacional), el documento Conpes 3934 (uno de los últimos de la administración Santos), de Crecimiento Verde y, finalmente, el Conpes 4075 Política de Transición Energética. ¿Que se pueden mejorar y modificar? Con seguridad que sí; pero no se puede negar que al gobierno le pueden servir como plataforma en la construcción de sus narrativas y de política pública, así tales hitos provengan de esfuerzos de gobiernos anteriores.

2. Cambios inesperados como resultado de la pandemia y la guerra de Ucrania

Una cosa es el espacio que la radicalidad en el discurso de transición podía tener hace tres años y otra muy diferente el impacto del surgimiento de fuertes condicionantes que impone el actual entorno económico y geopolítico.

Ya se ha escrito mucho en estas semanas acerca de los niveles de inflación en el mundo entero, de las alzas en las tasas de interés, de la devaluación de las monedas como la nuestra, de la situación de estanflación, esa mezcla explosiva de recesión e inflación, de la crisis fiscal. De la desaceleración económica, de la crisis energética traducida en altos precios de las distintas formas de energía, de los riesgos asociados a la escasez de eferta y las emergencias climáticas que amenazan los derroteros de la transición energética. Son noticia de cada día, de unos meses para acá, la extrema volatilidad de los mercados de energía y las alarmas asociadas a la seguridad energética y, obvio, a la factibilidad de la transición energética misma.

El entorno, lamentablemente, no es el de comienzos de siglo que tanto contribuyó a que los programas de Chávez, Kirchner y Uribe pudieran contar con fuertes vientos a favor.

3. La transición incluye los elementos tradicionales y los nuevos

La OCDE habla del triángulo de la energía: desarrollo económico y crecimiento; seguridad energética y acceso y, finalmente, sostenibilidad ambiental. Cada factor es imprescindible. Traducido a la coyuntura insoslayable actual, significa, ni más ni menos que, en tiempos recesivos, de volatilidad en los mercados de la energía, de alta incertidumbre en el abastecimiento, Colombia tiene que explotar, hasta donde le sea posible, sus ventajas (entiéndase, entre otros, Ecopetrol desplegada), garantizar la seguridad energética, así como cuidar sólidas fuentes al financiamiento de los programas sociales del gobierno. Eso en lo que podemos denominar el corto y mediano plazo. Y garantizar, en el largo plazo, las inversiones que deben realizarse para cumplir con la agenda de la transición, incluyendo ámbitos como investigación y desarrollo y, desde luego, el paquete de incentivos tributarios para alentar la inversión, nacional y extranjera, en las energías renovables, y la participación de las comunidades.

La argumentación para sustentar la narrativa convegente del gobierno está, pues, servida.