Yolanda Zabala, de 22 años, firmante del acuerdo de paz, fue asesinada junto con su hermana de 17 años, a las pocas horas de iniciado el 2021 en Briceño, Antioquia. La crueldad y la cobardía de los asesinos, materiales e intelectuales, se ensaña contra los jóvenes que estuvieron atrapados en el conflicto y que, en el caso de ex—combatientes de las Farc, que aceptaron las reglas de juego del acuerdo, creyeron en hacer sus vidas trabajando y estudiando en paz. ¿Qué adolescencia tuvo Yolanda? ¿Qué edad tenía cuando fue reclutada por las Farc? ¿15, quizás doce años?
Las noticias de la violencia en Colombia son paradójicas. Por un lado, hubo en 2020 menos homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja en 46 años, una buen nueva. En contravía, las masacres, el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, están desbocados.
Hacia el 10 de diciembre la Policía Nacional informó acerca de la tasa de homicidios en el 2020. Faltando algunas masacres y asesinatos de líderes sociales que faltaban por perpetrarse y algunas riñas de Navidad y Añonuevo, el índice de 23,8 homicidios por cada 100 mil habitantes es la tasa más baja desde 1974. La más alta fue la del 92, más del triple de la actual: 79,4.
El de hoy es un indicador muy lejano de las tasas de países que, como Alemania, Irlanda, España, Noruega, Japón o Corea del Sur, no pasan de 1 por cada cien mil habitantes o, en la región, de las de Chile y Argentina, que superamos por factores de cinco y cuatro respectivamente. Sí, de consuelo están los índices de Venezuela, cercano a los 60 y los de El Salvador (36) y Honduras (44). Aún así, hay que celebrar la reducción, que viene presentándose desde 2013. Con certeza, el acuerdo de paz ha contribuido salvando miles de vidas de colombianos.
No obstante, en cualquier sociedad civilizada moderna los datos consolidados de masacres y asesinatos de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz durante el año pasado, estarían disparando las alarmas. Seríamos los líderes mundiales de la infamia y la indiferencia. Con certeza, campeones en el club de la OCDE, al que hemos sido admitidos
Según Indepaz hubo 90 masacres durante el 2020 en todo el territorio. 310 personas que ejercían distintos tipos de liderazgo social en derechos humanos, defensa del medio ambiente, en comunidades indígenas, fueron asesinados en Cauca, Antioquia, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, sólo para mencionar los departamentos en los que las comunidades han sido más afectadas.
En cuanto a los firmantes del acuerdo de paz, entre el 1° de enero del 2020 y el 27 de diciembre fueron asesinados 64. Ya van 250 desde que se firmó aquel. Una barbaridad que las autoridades de un país miembro de la OCDE no puedan garantizar la protección de la vida de individuos que le apostaron al proceso de paz.
Todos, líderes, firmantes, ciudadanos asesinados en grupo, estaban en estado de indefensión.
El 2021, lamentablemente, ya comenzó cobrando vidas de desmovilizados y líderes sociales. Además de Yolanda y su hermanita, Gerardo León, docente, fue muerto el viernes, a bala, en el resguardo indígena de El Tigre, Puerto Gaitán, Meta.
Pasó despercibida la masacre del 30 de diciembre en Buenaventura. Durante varias horas hombres con armas largas recorrieron el puerto más importante para el comercio exterior de Colombia y mataron siete personas. ¿Dónde estaba la autoridad?
¿Qué esperamos para frenar esta sangría? ¿Qué augura el 2021 sin que nos pellizquemos como sociedad?
