En las últimas semanas se han presentado dos eventos que despiertan inquietud sobre el interés del Gobierno por fortalecer la capacidad técnica del Estado.
En primer lugar, el Gobierno ha anunciando que no prorrogará la concesión de Cerro Matoso hasta socializar el tema y que solamente lo haría si obtiene mayores beneficios para el país y la región. La realidad es que el Gobierno no está en capacidad de socializar el tema, pues no sabe qué hacer. En Colombia, las concesiones se otorgan de manera competitiva al inicio, pero a pesar de que es parte de la naturaleza del mecanismo la eventual reversión de los activos al Estado, el Estado casi nunca exige que se le devuelvan. Por su parte, los concesionarios desde el primer día ya están buscando cómo ampliar la concesión, haciendo promesas que el Estado no está en capacidad de evaluar.
El Estado tiene que entender que la regulación de una concesión exige un esfuerzo de largo plazo. Entre otras cosas, es necesario prepararse para el día en que haya que tomar la decisión sobre si se revierten los activos al Estado, si se vuelven a entregar en una concesión competitiva (en donde en teoría se obtiene el mejor “precio”) o si se negocia una prórroga con el concesionario actual. Terminar siempre en el último escenario es una prueba de la debilidad institucional del Estado en este terreno y tiene efectos muy nocivos sobre la administración de estos negocios.
Y, en todo caso, el argumento de que se justifica porque se lograron pactar mejores condiciones que antes es claramente insuficiente. Si hoy se reciben $100 y mañana $101, se está recibiendo más. Pero ese rasero mínimo no arroja ningún elemento de juicio sobre si es lo correcto. ¿O deberían ser $150? ¿O $500? ¿O, por el contrario, dados los cambios en las perspectivas futuras del negocio, sería incluso razonable prorrogar por $50? No sabemos. El Gobierno tampoco. De hecho, parece que ni siquiera se sabe si hay que prorrogar la concesión o si ya se prorrogó, o si se está hablando de una prórroga adicional, 17 años antes de que termine la concesión. En lugar de prometer socializar la decisión debería hacer más énfasis en mejorar la capacidad técnica de la Agencia Nacional Minera, para que en el futuro el Estado cuente con mejores herramientas para tomar este tipo de decisiones.
El compromiso del Estado en el fortalecimiento de las instituciones regulatorias hay que ponerlo en tela de juicio al leer las declaraciones del Gobierno sobre el cargo fijo en la tarifa de energía eléctrica. Los expertos en regulación saben que el cargo fijo es un elemento fundamental de una tarifa eficiente en industrias con altos costos fijos, como es el caso típico de los servicios públicos.
El Gobierno no tenía por qué pronunciarse sobre el tema. El procurador tampoco. Al fin de cuentas, es un tema que le corresponde a la Comisión de Regulación. Pero si lo iba a hacer, es una lástima que el Gobierno haya desaprovechado la oportunidad de socializar una decisión técnica, en lugar de hacer un desplante populista. Al oponérsele a la Comisión, el Gobierno no solamente se asustó con la posible adopción de un esquema tarifario eficiente, sino que debilitó una institución regulatoria importante.
En las últimas semanas se han presentado dos eventos que despiertan inquietud sobre el interés del Gobierno por fortalecer la capacidad técnica del Estado.
En primer lugar, el Gobierno ha anunciando que no prorrogará la concesión de Cerro Matoso hasta socializar el tema y que solamente lo haría si obtiene mayores beneficios para el país y la región. La realidad es que el Gobierno no está en capacidad de socializar el tema, pues no sabe qué hacer. En Colombia, las concesiones se otorgan de manera competitiva al inicio, pero a pesar de que es parte de la naturaleza del mecanismo la eventual reversión de los activos al Estado, el Estado casi nunca exige que se le devuelvan. Por su parte, los concesionarios desde el primer día ya están buscando cómo ampliar la concesión, haciendo promesas que el Estado no está en capacidad de evaluar.
El Estado tiene que entender que la regulación de una concesión exige un esfuerzo de largo plazo. Entre otras cosas, es necesario prepararse para el día en que haya que tomar la decisión sobre si se revierten los activos al Estado, si se vuelven a entregar en una concesión competitiva (en donde en teoría se obtiene el mejor “precio”) o si se negocia una prórroga con el concesionario actual. Terminar siempre en el último escenario es una prueba de la debilidad institucional del Estado en este terreno y tiene efectos muy nocivos sobre la administración de estos negocios.
Y, en todo caso, el argumento de que se justifica porque se lograron pactar mejores condiciones que antes es claramente insuficiente. Si hoy se reciben $100 y mañana $101, se está recibiendo más. Pero ese rasero mínimo no arroja ningún elemento de juicio sobre si es lo correcto. ¿O deberían ser $150? ¿O $500? ¿O, por el contrario, dados los cambios en las perspectivas futuras del negocio, sería incluso razonable prorrogar por $50? No sabemos. El Gobierno tampoco. De hecho, parece que ni siquiera se sabe si hay que prorrogar la concesión o si ya se prorrogó, o si se está hablando de una prórroga adicional, 17 años antes de que termine la concesión. En lugar de prometer socializar la decisión debería hacer más énfasis en mejorar la capacidad técnica de la Agencia Nacional Minera, para que en el futuro el Estado cuente con mejores herramientas para tomar este tipo de decisiones.
El compromiso del Estado en el fortalecimiento de las instituciones regulatorias hay que ponerlo en tela de juicio al leer las declaraciones del Gobierno sobre el cargo fijo en la tarifa de energía eléctrica. Los expertos en regulación saben que el cargo fijo es un elemento fundamental de una tarifa eficiente en industrias con altos costos fijos, como es el caso típico de los servicios públicos.
El Gobierno no tenía por qué pronunciarse sobre el tema. El procurador tampoco. Al fin de cuentas, es un tema que le corresponde a la Comisión de Regulación. Pero si lo iba a hacer, es una lástima que el Gobierno haya desaprovechado la oportunidad de socializar una decisión técnica, en lugar de hacer un desplante populista. Al oponérsele a la Comisión, el Gobierno no solamente se asustó con la posible adopción de un esquema tarifario eficiente, sino que debilitó una institución regulatoria importante.