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EL GOBIERNO DICE ESTAR MUY preocupado con la revaluación. Otra vez, pide acción al Banco de la República. Pero el Banco puede hacer poco que sea sano, porque el origen del problema es otro.
La revaluación se produce por las expectativas de una bonanza de recursos naturales. Hay por lo tanto tres soluciones: (i) el Gobierno toma medidas para esterilizar el impacto de la bonanza (con una ley que congele las regalías y los impuestos generados por las empresas petroleras y mineras), (ii) el Gobierno toma medidas más radicales, para reducir el tamaño de la bonanza, congelando temporalmente el otorgamiento de concesiones e imponiendo estándares de explotación más severos, por ejemplo en el tema ambiental y de seguridad o (iii) acomoda la bonanza, generando un ahorro fiscal. Lo correcto sería hacer las tres.
El Gobierno debería adoptar estándares de clase mundial para la explotación de recursos naturales, para evitar daños ambientales, problemas de seguridad como el de Chile y para frenar la euforia de aventureros. Además, la regla fiscal debería permitir crear un fondo no sólo con las regalías, sino con los impuestos derivados de estas actividades. Por ejemplo, el impuesto de renta de Ecopetrol. Y finalmente, debería promover una reforma tributaria que permita acercarnos al equilibrio fiscal.
Si las primeras dos son difíciles, la tercera lo es aún más. Desde hace veinte años, Colombia perdió su precario equilibrio fiscal y, desde entonces, han fracasado todos los intentos por recuperarlo. A juzgar por lo que este Gobierno ha dicho hasta ahora, no le va a ir mucho mejor.
El estatuto tributario colombiano es vergonzoso. Una colcha de retazos sin coherencia, producto de una rapiña de favores y equivocaciones. En lugar de tratar de eliminar las distorsiones, la respuesta de las autoridades consiste en tratar de compensar unas aberraciones con otras. Por ejemplo, el Gobierno establece un impuesto antitécnico (el impuesto al patrimonio) y luego establece los mecanismos para que los más ricos lo eviten: la exclusión del patrimonio que los individuos tienen en acciones. (Frente al argumento de que se trata de evitar la doble tributación, porque las empresas ya pagan el impuesto al patrimonio, hay que anotar que las empresas pagan sobre su valor en libros, mientras que las acciones reflejan el valor de mercado, muchas veces más alto).
El resultado es que en Colombia hay dos barcas distintas: una donde viajan los ricos y los pobres, unidos por una vez, sin pagar impuestos. Y otra donde viaja la clase media, que enfrenta una cantidad de tributos complejos, mal diseñados y antitécnicos. Si como resultado de una reforma tributaria se eliminan exenciones y gabelas y se simplifica el régimen, probablemente sería posible reducir un poco las tarifas generales. Por ejemplo, si los predios rurales y las fincas pagaran un impuesto predial sobre su valor real, como gradualmente ha venido ocurriendo con la propiedad urbana, sería posible reducir la tarifa para todos.
Pero para promover reformas de este tipo, el Gobierno tiene que mostrar una voluntad de hierro y unidad de propósito. Ya vimos cómo le fue a Carrasquilla cuando planteó una reforma tributaria estructural sin el apoyo de su jefe. Ahora el problema parece ser el contrario: es el Ministro el que parece inclinado a usar los paños tibios, mientras que su jefe parecería dispuesto a ser más audaz. No es tarde para que se pongan de acuerdo, pero el Gobierno va pasando y ya no es hora de aprender.
