El ministro de Educación anunció que el Gobierno utilizaría su poder para evitar que las universidades privadas aumenten matrículas por encima de la inflación y las obligaría a asumir los intereses reales de los créditos que otorga el Icetex a sus estudiantes. De facto, quiere convertir a las universidades en deudoras de contratos de crédito que no han suscrito. Sobra decir que ambas medidas afectan las finanzas de las universidades (limitando, por ejemplo, su capacidad para apoyar de manera focalizada a los estudiantes que más lo necesitan) y sientan un precedente preocupante de menoscabo de la autonomía universitaria.
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