Reglas inútiles

En medio del debate sobre cómo financiar el creciente faltante presupuestal, algunos analistas sugieren que se abandone la llamada regla fiscal, que limita el endeudamiento.

Adoptar la regla fiscal, con la esperanza de que una norma lograra imponer la disciplina de gasto que el Estado no había alcanzado, fue una ingenuidad. Se asemeja a otra mala idea: los contratos de estabilidad tributaria. Cuando existe un desequilibrio estructural estas reglas son insostenibles.

El desequilibrio fiscal en Colombia no se refleja solo en las cifras de deuda pública financiera. Ésta parece hoy bajo control. En parte, porque el aumento del gasto ha coincidido con épocas de vacas gordas y precios altos de petróleo, lo cual generó el espejismo de una gran holgura. En parte, porque las cifras financieras no tienen en cuenta el abultado pasivo pensional ni las contingencias de gasto en salud. Y, en parte, porque el déficit se ha contenido al precio de tolerar una composición malsana del gasto público, con enormes transferencias entre la clase media y servicios deficientes a los más pobres.

Prometer a los empresarios estabilidad cuando ya hay un lío fiscal implica, en el mejor de los casos, que el Estado tenga que gravar a quienes no hayan firmado contratos de este tipo, es decir, los contribuyentes más débiles y, en el peor de los casos, que el Estado haga lo posible por incumplir sus compromisos de estabilidad, con artimañas. Aquí están pasando ambas cosas. De allí la costumbre de inventarse nuevos tributos anti-técnicos o nuevos nombres para viejos impuestos. Del mismo modo, prohibir el endeudamiento, sin antes eliminar los desequilibrios que lo generan, es una camisa de fuerza de papel.

Si el Estado de verdad quiere ofrecer estabilidad tributaria a los empresarios, si quiere limitar la senda de la deuda pública mientras mejora la composición del gasto, no tiene más remedio que establecer un relativo equilibrio entre los ingresos que tendría en un año normal, sin bonanzas, y los gastos recurrentes que quiere financiar.

Un ejercicio de esta naturaleza tendría que llevar al Estado a eliminar exenciones y aumentar algunas tarifas. Probablemente tendría que establecer un impuesto a los dividendos, cuando las empresas no paguen un impuesto de renta razonable. Tendría que aumentar el IVA. Tendría que gravar las pensiones más altas. Tendría que establecer mecanismos para ahorrar los mayores recaudos en épocas de bonanza petrolera, para poder financiar más gasto en épocas de vacas flacas y precios bajos.

Pero si los gobiernos creen que pueden alcanzar un determinado resultado fiscal adoptando normas que limiten su capacidad de acción, sin acometer las reformas subyacentes que harían que estas reglas fueran sostenibles, se están engañando. Están, como se dice coloquialmente, empujando una cuerda.

Sería una pena que la discusión se limitara a la conveniencia de violar la regla fiscal para temas excepcionales, como el tema de la paz. Puede ser razonable endeudarse para algunas inversiones, y puede ser sensato ser más flexibles en función de qué tan pronunciada es la destorcida que ya viene. Al fin de cuentas, la regla fiscal, en el contexto actual, es insensata. Pero esto no es una solución de fondo. Esto sería un ejemplo más de tratar de solucionar, por la vía fácil de una finta presupuestal, un problema que no es cosmético.