Mientras Petro siga viendo las instituciones bajo la óptica de que todo fue inventado por los “riquitos” para lucrarse todavía más, no acertará en nada. No hay escenario u oficio en el que el presidente reconozca que se ha manejado con rectitud y en bien de la comunidad. Para él todo está mal porque Colombia es una cueva de oligarcas ladrones. Su diagnóstico sobre el sistema de salud, el pensional, las normas laborales, Ecopetrol, los medios de comunicación, la industria, el comercio, la banca, el Congreso y la justicia lo tiene prisionero de sus prejuicios aprendidos en sus años de blanda insurgencia personal y de senador opositor de todas las horas.
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Lo que le estaba faltando a Petro para completar su circuito de retaliaciones contra el establecimiento era meterse con la educación universitaria privada, que considera enemiga de los estudiantes y sus familias o un instrumento para empobrecerlos. En efecto, cursa en el Congreso un proyecto de ley estatutaria que, aunque trae aspectos positivos para las universidades públicas que comparto, es dañino y peligroso para las universidades privadas, a las que se pretende arrinconar en lo económico y en su forma de dirección, todo para ir preparando intervenciones masivas por el Gobierno. Tengo que recordar que, por más de cuatro décadas, he sido docente del Externado y los Andes, lo que no me inhabilita para referirme a este asunto de interés nacional, porque no ejerzo responsabilidades administrativas ni financieras en ellas.
Nadie niega que en algunos centros de educación superior privados se han cometido irregularidades, sobre todo cuando su administración se concentra en unas pocas manos y por largos años del ejercicio de un poder absoluto. Pero esa no es la regla general, porque además también en universidades públicas ha habido desfalcos y abusos. Por el contrario, el aporte privado a la educación superior es reconocido inclusive desde antes de que se conformara el mismo Estado de derecho.
En reconocimiento al papel benefactor que en la sociedad han representado las universidades privadas, en la Constitución del 91 se consagró la autonomía universitaria, no para avalar el enriquecimiento sino para permitirles “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley” e impedir la nefasta injerencia de los gobiernos de turno. Pues bien, ahora el petrismo está tramitando un proyecto de ley que, de resultar aprobado, pulverizará la sagrada autonomía que nadie se había atrevido a tocar desde 1991.
Bajo la sugestiva pero engañosa fórmula de que “el gobierno y la gestión de la educación deberán ser democráticos, participativos, pluralistas y directos acordes con la regulación aplicable”, el malhadado proyecto de ley estatutaria lo que en últimas pretende, sin disimularlo, es que en el inmediato futuro todos los esquemas de poder en las universidades sean destronados y sustituidos por el Gobierno mismo, como parece ser el destino incierto de la Nacional.
En efecto, no es descabellado el temor que abrigan varias universidades privadas de que este peligroso camino que está transitándose con este proyecto de ley estatutaria además propiciaría una perniciosa injerencia del Gobierno en los mecanismos de representación y toma de decisiones en las instituciones educativas. O para llamarlo de manera que no quede duda: el propósito es estatizar la educación privada.
A ese propósito perverso, que pulveriza siglos de tradición en el país, se agregan varias señales encaminadas a sitiar y debilitar económicamente a las universidades privadas, despojándolas de los aportes y pagos a los que tienen derecho y que se convierten en su tabla de salvación. Son varias las entidades que están atravesando tiempos de penuria, porque, como lo informó El Espectador, misteriosa y coincidencialmente este año el Icetex no ha autorizado el giro de $550.000 millones a 220 instituciones de educación superior privadas, desembolsos a los que tienen derecho y que jamás habían presentado dificultad ni retraso.
Ojalá no sea aprobado este esperpento y, si lo fuere, que la Corte Constitucional enmiende el agravio.
Adenda. No sobra recordarle al presidente y su cercanísimo entorno que no todos sus compatriotas andan merodeando en las altas esferas del poder para subastar la DIAN en Barranquilla o en Cartagena.
