Hace dos años el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, en su intervención como invitado a la ceremonia de graduación en Harvard, lanzó una durísima crítica a los profesores de esa universidad porque en la última elección presidencial más del 90% de ellos apoyaron públicamente a Obama.
A juicio de Bloomberg, una universidad que se dice tolerante y pluralista no puede permitir que una sola opción política gobierne la opinión de los docentes. En Harvard aplaudieron con respeto la lección que en su propia casa les dio un republicano irreverente.
Traigo a colación lo anterior a propósito de la columna de María Isabel Rueda, quien consideró que el presidente Santos le había faltado al respeto cuando en el Colegio Mayor de Rosario, donde ella se hizo abogada, criticó la entrevista que la periodista le hizo a otro rosarista, Andrés Pastrana, en la que ambos despotricaron del modelo de justicia transicional de La Habana. Todo indica que los vientos de polarización política que hoy soplan en el Rosario, por cuenta de que su rector y algunos de sus asesores son conspicuos miembros del Centro Democrático, no están dispuestos a permitirle al presidente que critique en el claustro a dos rosaristas, aun cuando él sea el pomposo Patrono de la Institución. Con esa lógica, a Bloomberg lo habrían quemado en Harvard por atreverse a decirles la dolorosa verdad en sus propias narices.
No me pareció que Santos hubiese sido grosero y estoy seguro que muchos rosaristas no estarán de acuerdo con que en su Colegio nadie pueda criticarlos, y menos que le esté prohibido hacerlo al presidente de un Gobierno que parece gusta poco a las directivas. Pero la protesta de la conocida periodista no puede quedarse en la nimiedad de si Santos fue descortés o no, sino si las universidades deben o no tomar partido por los políticos o el gobierno, en un país que cada día se polariza más.
Cuando las universidades se inclinan por un dirigente político o por un gobierno, cualquiera que sea, liberal, conservador, etc., pierden credibilidad e importancia. El caro concepto de la libertad académica es el único patrimonio que perdura. Desde el instante en el que una universidad se torna en ventrílocuo de una colectividad política o un gobierno —la diferencia es ninguna— deja de ser autónoma e independiente, sus respetados académicos se transforman en ofuscados militantes al servicio de pasiones politiqueras.
En el gobierno anterior, por ejemplo, fue evidente que la Sergio Arboleda era la consentida del régimen, por su cercanía ideológica con la doctrina Uribe, como lo sigue siendo aún hoy. También supimos de otra universidad en Córdoba, manejada por Mancuso, el paramilitar extraditado a los Estados Unidos, y por estos días se ha hecho tristemente célebre la universidad fundada por el serenísimo Álvaro Uribe, donde él y sus vástagos dictan la cátedra élite. Y en situación similar se encuentran otros centros académicos, porque lo único que le faltaba a este país que le pasara, terminó pasándole: la apacible vida universitaria hoy está inyectada del veneno de la política.
Tienen razón quienes sostienen que los tiempos han cambiado. En los 70 ningún presidente podía ir a una universidad sin correr el riesgo de ser abucheado. Hoy lo reciben con los brazos abiertos y con aplaudidores aquerenciados, mientras los estudiantes, con contadas excepciones, cada día más borregos, se derriten y arrodillan ante el poder. Prefiero los tiempos idos, con hombres contestatarios, libres y de buenas costumbres, cuando los estudiantes protestábamos por todo y por nada, mientras los profesores estaban dedicados a la academia y no al ascenso político o social.
Universidad que se extravíe en la politiquería o adulando gobiernos o presidentes, nunca más será libre, el pensamiento disidente será sancionado y excluido, y lo que era un templo de claridad se volverá oscuro y peligroso.
Adenda: con ocasión del centenario del nacimiento del empresario Manuel Carvajal Sinisterra, el momierio caleño le atribuyó ser fundador de Ecopetrol. Falso. Fue otro vallecaucano pero bugueño, Alonso Aragón Quintero, ministro de Minas de la época. Revisen la Ley 165 de 1948.
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