31 Oct 2021 - 5:30 a. m.

Acuerdo inmoral

Karim Khan, abogado británico y fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), está estrenándose en el puesto, gracias, entre otros, al apoyo del Gobierno colombiano. Lo primero que hay que destacar es que Khan está más cerca de ser mal fiscal que desagradecido, porque en su primera visita a Bogotá levantó —en contra de las opiniones de expertos y diplomáticos— la merecida investigación preliminar que hace 17 años mantenía la Fiscalía de la CPI.

El país ha estado bajo sospecha en investigación preliminar, una etapa anterior a archivar o abrir un proceso formal. En esa nómina, además de Colombia, están Guinea, Nigeria, Ucrania, Venezuela y Bolivia. Lo que el Gobierno de Duque ha logrado, no de manera santa, es que la Fiscalía de la CPI decida no investigar a Colombia, con la gravosa consecuencia de que los numerosos sucesos judiciales que se han suscitado sigan siendo tramitados internamente, para que, como es previsible, nada pase.

El último informe de la Fiscalía de la CPI sobre Colombia es de diciembre de 2020 y registra cinco casos potenciales, todos por falsos positivos contra siete divisiones del Ejército. Al cerrarse la investigación por la Fiscalía de la CPI, al menos estos casos delicadísimos serán juzgados por la complaciente Fiscalía de Barbosa, y eso hace una diferencia mayúscula. El fiscal Khan concluyó un nuevo acuerdo de cooperación con el Gobierno de Colombia, en virtud del cual levantará la investigación preliminar a cambio de que Duque garantice que continuará “apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, lo cual es una farsa porque el Gobierno no puede “continuar” haciendo lo que no ha iniciado, pues ha sido acérrimo enemigo de la JEP, a cuya aniquilación sigue contribuyendo.

Khan solo oyó la voz del Gobierno que con su voto le permitió convertirse en fiscal de la CPI. Este acuerdo de ahora es contrario a la ética, porque Khan favoreció arbitrariamente un gobierno que votó por él para que ejerza su cargo actual y porque la tal cooperación a la que se obliga a Colombia no podrá cumplirse, como no lo ha hecho antes. Para empezar, el Gobierno tendría que hundir el proyecto de acto legislativo para derogar la JEP, impulsado, como ponente único, por el parlamentario uribista de la más rancia ultraderecha Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, de cuyo trámite Duque no enteró a Khan, su nuevo mejor amigo.

A Duque lo que menos le preocupa es que haya justicia sobre falsos positivos. No se necesita ser adivino para vaticinar que lo que quieren él y su patrón Uribe es que esos casos mueran en los anaqueles de una Fiscalía amiga y gobiernista, como la de Barbosa.

Al Gobierno le resultó un negociazo quitarse de encima la expectativa de una investigación formal suscribiendo un acuerdo tramposo y clientelista, que honra la impunidad, deja en indefensión a las víctimas y da otro bofetadón a la JEP, que tendrá que enfrentar sola el reto de juzgar tan graves conductas que comprometen a agentes de todos los gobiernos uribistas. No hay duda, excluir a Colombia de la investigación preliminar decretada por la misma Fiscalía de la CPI en casos no solucionados por las autoridades nacionales es la estrategia del uribismo para eludir la justicia que desde el poder han logrado esquivar. Por eso quieren derogarla, a pesar de que en la JEP no quieren entender que los tienen en la mira.

No se entiende cuál es la necesidad de este nuevo acuerdo de cooperación entre Colombia y la Fiscalía de la CPI, si ya había uno vigente que suscitó la investigación preliminar por 17 largos años, durante los cuales no hubo solución ni forma de archivar esta situación. Ahora ya lo sabemos: intercambio de favores.

Khan y Duque (Uribe) se salieron con la suya. La historia registrará el inmenso daño que este concierto propiciado por un burócrata internacional —como el fiscal británico que vino a pagar deudas electoreras—, avalado por Duque —un mandatario arrogante y mediocre, experto en mensajes mediáticos y mentirosos—, le ha causado a Colombia.

Adenda. Peligroso que el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega, diga que “el que cree que le van a hacer fraude no debería presentarse”. Si este es el responsable de la transparencia de las elecciones, ya sabemos lo que sucederá en este gobierno corrupto y mafioso.

notasdebuhardilla@hotmail.com

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