Alargues indecorosos

Uno esperaría que los salientes magistrados del Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional, Francisco Javier Ricaurte y Alberto Rojas, obraran con dignidad, pero sobre todo con gallardía, frente a la majestad de la justicia que han representado, y que se hicieran inmediatamente a un lado para no agravar la crisis ya generada por sus nombramientos enhorabuena anulados. Pero no, a juzgar por las maromas jurídicas que están ejecutando estos dos futuros exmagistrados, todo sugiere que pretenden prolongar su permanencia un tiempo adicional en sus despachos, para hacer algunos movimientos en lo que resta de sus cuestionadas gestiones.

Rojas se ha puesto el traje de litigante de baranda con tal de vestir unos días más la toga, para lo cual pidió aclaración del fallo, lo cual impide su cumplimiento inmediato. Pero para estar más seguro de que todo pueda demorarse convenientemente, se acordó sólo hasta ahora, cuando ya todo estaba perdido, de alegar la nulidad del proceso.

La consecuencia de que el magistrado Rojas siga ejerciendo sus funciones a pesar de que ya se anuló su nombramiento son adivinables. No sólo se preocupará de que se estudien y decidan a las volandas las ponencias a su cargo, sino que participará activamente en la discusión de fallos trascendentales que tienen que ver con reconocer o coartar el derecho a abortar, lo cual no es saludable, porque ya se sabe que Rojas hoy es un soldado converso de la causa ultrarreligiosa del también tambaleante aunque intrigante procurador Ordóñez.

Tal parece que Rojas, además, está otra vez en campaña para hacerse elegir de nuevo, todo porque la magistrada ponente de la sentencia que anuló su nombramiento sugirió que, como el motivo de nulidad fue de forma y no de fondo, entonces podría volverse a postular. No lo creo. Además de que sería impresentable que alguna corporación o el presidente volviesen a candidatizar a Rojas para la Corte Constitucional, ello sería abiertamente ilegal pues no se puede ser magistrado de una Corte a la que se perteneció, porque, además, a cada quien lo nombran por un único período.

Por el lado de Ricaurte también se sabe que ha venido ejecutando peripecias similares para alargar su viciada estancia en la magistratura. En efecto, primero recusó al magistrado Marcos Velilla, lo que no le dio resultado; ahora pretende tachar también a los consejeros Gustavo Gómez Aranguren y María Claudia Rojas, dizque por haber prejuzgado, porque dieron declaraciones a los medios después de haberse adoptado la decisión. Al rompe se advierte la leguleyada que hay detrás de este procedimiento marrullero, que solamente tiene el propósito de que el controvertido magistrado se quede haciendo de las suyas mientras cobra ejecutoria una decisión inaplazable.

¿Y para qué quisiera alguien sensato quedarse en un cargo ya anulado, dependiendo de recusaciones temerarias? Para nadie es un secreto que en este momento la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, a la que pertenecen Ricaurte y su mancorna Munar, tiene pendiente integrar las listas de los aspirantes a proveer varias vacantes en la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Ricaurte quiere intervenir otra vez en la confección de esas nóminas, así como lo ha hecho en los últimos tiempos, para favorecer al cerrado círculo del “partido de los jueces” del que es su máximo líder. Pero para eso necesita un tiempito más de magistrado.

Si Ricaurte y Rojas no honraron sus oficios, era obvio que tampoco lo harían a la hora del adiós, para eso se necesita la grandeza de la que carecen.

Adenda. Inaceptable que el Gobierno pretenda sacar adelante un proyecto de ley que permita a la justicia penal militar juzgar hechos como los “falsos positivos” y las “chuzadas”, pero indignante que congresistas supuestamente demócratas estén apoyando ese esperpento.