Si hay algo riesgoso para quien opina públicamente es atreverse a cuestionar la dirigencia y el notablato del Valle del Cauca. Cierto es que a nadie le gusta que lo critiquen, pero lo de mi tierra es patológico. Desde los tiempos inmemoriales del conservador León María Lozano, alias “El Condor”, quien asesinó a unos ilustres tulueños que se atrevieron a denunciar el régimen de terror al que sometió la región este temible bandido que, en nombre de su partido y armado por cimeras figuras del momierio caleño de entonces, escribió la más tenebrosa historia de persecución. Soy testigo, y además víctima, de que, cuando un dirigente político o empresarial del Valle del Cauca, o simplemente un momio, se enfurecen con sus críticos, esas no son rabietas pasajeras ni menores. Por eso, cuando algún periodista valluno es amenazado, jamás pongo en duda que el tema es serio.
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Esta vez voy a referirme al cuestionado alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, un funcionario de ingrata recordación para los caleños porque en su segundo mandato, que por fortuna está por concluir, ha mostrado una marcada tendencia temperamental a la corrupción, que, por supuesto, ha suscitado sospechas de la comunidad, empezando por algunos periodistas.
El caso se concreta a las denuncias que Antonio Claros –un reconocido comunicador que hoy aspira a ser electo concejal de Cali– viene haciendo contra el alcalde Ospina por el manejo indebido de Metrocali, entidad en donde existe honda preocupación por la afectación de importantes recursos que podrían ascender a los 12 mil millones de pesos. El alcalde ha sido requerido públicamente para que dé cuenta minuciosa de lo que ha pasado en esa empresa, de la que fue gerente Luis Eduardo Barrera Vergara en la primera administración de Ospina, un individuo que anda enredado judicialmente, pero residenciado en Panamá donde al parecer le huye a una sanción penal. A Barrera le atribuyen mucho poder, entre otras, porque además de su cercanía con Ospina, su cónyuge, Luz Marina Cuéllar, es la jefe de prensa del furioso burgomaestre caleño, también investigada por la Procuraduría por posible corrupción.
Ospina, incomodado con las revelaciones, enfrentó al periodista Claros, pero no ofreciendo explicaciones serenas y documentadas de lo que está pasando en una entidad cardinal para la vida de sus conciudadanos, como lo es Metrocali. En efecto, el comunicador ha informado que recibió llamadas intimidantes y que cuando se encontraba en un establecimiento público fue increpado dura y airadamente, según su relato, por un sicario que se le aproximó con revolver en mano y de manera perentoria le expresó que si volvía a hablar mal de Ospina sería hombre muerto. Naturalmente, Claros quedó notificado, pero no ha desistido en su empeño de que los caleños se enteren de lo que se está moviendo en la entidad más importante para los caleños.
Advertido por Claros de esta riesgosa situación, escribí un mensaje a Jorge Iván Ospina a un teléfono celular que es identificado y reconocido como el suyo, pidiéndole un pronunciamiento oficial sobre estas graves denuncias en su contra, en particular las relacionadas con las supuestas amenazas al periodista, pero al momento de cerrar esta columna aún no había recibido ninguna respuesta del alcalde ni de nadie en su nombre. Sorprende que algo tan delicado no merezca respuesta inmediata y contundente de quien ya ha sido dos veces alcalde de la “sucursal del cielo” y aspira a continuar moviéndose en los avatares políticos de la región, más ahora que es pública su provechosa cercanía con el gobierno de Petro.
Ospina no puede protagonizar hechos tan lamentables como el que se ha presentado en contra del periodista Antonio Claros porque la amenaza afecta a todos los demás comunicadores y opinadores que siguen esta vertiginosa administración local, que ya algunos sindican de haber dilapidado hasta los recursos de la próxima feria de Cali.
Si Ospina y sus segundos no quieren ponerle la cara a los medios de su ciudad, eso es una pésima señal que no puede pasar inadvertida en Fiscalía, Procuraduría y Personería locales. No es a gritos ni con amenazas como se atienden las responsabilidades públicas.
Adenda. Es cierto todo lo que ha dicho el jefe del liberalismo, César Gaviria, sobre el peligro para la democracia de que el gobierno interfiera en su partido, pero ni una palabra para justificar el incumplimiento de su obligación legal de convocar una convención.
