Los alcaldes de Medellín, Cali y Bogotá hasta podrían tener razón en que la inercia de los organismos de control y la Fiscalía propiciaron la presunta corrupción publicitada de las pasadas administraciones, pero se equivocan y podrían incurrir en el delito de abuso de función pública (art 428 Código Penal) asumiendo tareas que legalmente no les competen.
El alcalde de Medellín dedicó los mejores esfuerzos iniciales de su administración a rastrear cuanto pecado le atribuye al anterior burgomaestre. Convocó una rueda de prensa cuidadosamente tejida para mostrar una montaña de papeles que, según el alcalde, contenían las pruebas de los 501 hallazgos disciplinarios, penales y fiscales de su antecesor. Una cosa es que un funcionario corra traslado de un hecho irregular a quien deba investigarlo y otra, bien diferente y hasta delictuosa, es que se arrogue la función pública de investigar, acusar y juzgar, como sin duda lo hizo Federico Gutiérrez.
Pero el mal ejemplo de Gutiérrez fue seguido por el alcalde de Cali, quien recientemente salió a promover el supuesto “libro blanco”, elaborado con dineros públicos, para incluir en él todos los desastres del anterior alcalde y para convertirlo en una especie de catecismo que condena y absuelve según sus preferencias ideológicas y necesidades políticas. ¿Cuánto le costó a Cali el tal “Libro Blanco”? ¿Quiénes fueron los investigadores o autores de esa publicación que, entre otras cosas, es una mala copia de lo que se ha hecho en otros países? ¿Fue acaso el director de esa publicación el indelicado exministro de justicia Wilson Ruiz? Un personajillo de precaria reputación que nunca ha dado explicaciones de sus “audacias” como procurador delegado ante el Consejo de Estado, pero ahora, aliado de la nueva administración, recibe tratamiento de gerente de la moral pública en el reinado mediático y permanentemente maquillado de Eder.
Claro que Eder expresó delante de las cámaras y micrófonos que lo agobian diariamente hasta en la tranquilidad de su casa, que serían los jueces quienes se pronunciarían porque él no tiene esa condición, lo que no es más que una trampa dialéctica. Después de que un funcionario promueve una ruidosa sesión pública con periodistas y medios –muchos matriculados en su órbita política– para mostrar los supuestos actos corruptos de otra persona, no hay posibilidad de que salga bien librada de ese linchamiento prejudicial.
En menor grado, el alcalde de Bogotá, el mismo que le pareció sensato permitir que la policía antimotines hostigara a las mujeres e infantes que marcharon pacíficamente en su día, también se antojó del “placer” de usar su alta investidura para erigirse en juez de Claudia López, a la que ya le empezó a mandar unos dardos envenenados para oscurecer su gestión, los cuales no han pegado, ni pegarán, porque de la exalcaldesa nunca se ha oído que hubiese ejecutado actos corruptos.
Que los alcaldes de tan importantes ciudades funjan de procuradores, contralores o fiscales confirma el poco o ningún respeto que esa dirigencia local tiene por las instituciones. A ninguno se le ocurrió pensar que estaban invadiendo competencias ajenas, ni tampoco que tarde o temprano les puede pesar haber propiciado estas venganzas políticas. En efecto, los alcaldes de hoy también serán exalcaldes y por la ley del péndulo llegarán sus opositores a gobernar los destinos de esas ciudades, y cuando eso pase pueden contar con que ellos mismos serán sometidos a estas especies de tribunales de la inquisición politizados. Con la vara que mides, serás medido.
Ojalá que quienes han sido denunciados sean investigados y sancionados por quien legalmente tenga competencia, pero también sus politizados denunciantes, porque estos con fondos públicos han promovido investigaciones o pesquisas que no les correspondían y habrían incurrido en el delito de abuso de función pública. Por más corruptos que sean los que se fueron, los que llegaron no pueden ser sus jueces porque eso también es corrupción. Zapatero a tus zapatos.
Adenda. Al perverso y perseguidor Gabriel Ramón Jaimes Durán lo trasladaron de cargo y ahora despachará desde la cómoda Unidad de Justicia y Paz de la misma Fiscalía junto a su protegida, Daniela Lozada Herrera.
Nota del editor: Esta columna se modificó de una versión inicial que tenía mal el nombre de Daniela Lozada Herrera.
