Ambientalistas extremos (III)

Son muchas las posturas desencaminadas que los furiosos ambientalistas promueven para desinformar y poder calificar al resto de sus contradictores de inmorales, depredadores o de estar impedidos para opinar o siquiera hablar sobre el medio ambiente, cuando son ellos quienes están cargados de contratos estatales o de las ONG del sector que financian sus “desinteresadas” campañas.

Van algunas perlas relacionadas con el sector minero.

Con tremendismo populista los ambientalistas sostienen que en el mercado minero hay una desigualdad entre países desarrollados consumidores y las naciones en desarrollo proveedoras, y para resolver esa supuesta inequidad proponen que los más poderosos transfieran tecnología y recursos financieros a los más pobres, para que promuevan la conservación ambiental y disminuyan la extracción de productos minero-energéticos. Según los ambientalistas, esta fórmula estaría condicionada a que los países pobres se obliguen a no explotar productos mineros en niveles que se consideren depredadores. La propuesta se ve interesante para quien la lea desprevenidamente, pero resulta que está basada en una inexactitud gigantesca, por cuanto los países productores mineros son los desarrollados y no los más pobres. Así lo confirma el informe World Mining Data 2013 sobre el volumen de la producción mineral mundial.

En materia del licenciamiento los fanáticos también andan extraviados con sus fantasmas, pues para ellos las autoridades no tienen personal para realizar la evaluación y el posterior seguimiento de los proyectos. A esa crítica agregan la falacia de que el trámite para otorgar una licencia ambiental, además de que no es riguroso, supuestamente busca favorecer intereses de las empresas. Nada más falso y carente de respaldo técnico. Los exaltados pretenden casar al país con la imposible argumentación de que mientras más se demore el trámite de concesión de una licencia ambiental, mejora la calidad de la evaluación, olvidando que esa dilación genera más corrupción. Tal óptica miope solamente tiene como finalidad promover una especie de moratoria general en todos los procesos productivos del país.

Otra mentira que propalan los férvidos tiene que ver con el cuento de que la industria extractiva ha comprometido territorio que podría estar dedicado a la agricultura, embeleco que pretenden sustentar con datos deliberadamente falsos de lo que ocurre en Caldas, Antioquia, Vaupés y Guainía. Eso tampoco es cierto. De los 114 millones de hectáreas del territorio continental del país, sólo el 4,7% (es decir apenas 5,4 millones de hectáreas) se encuentra titulado para actividades mineras, pero apenas el 1% de esas áreas son objeto de exploración, y de éstas únicamente otro 1% alcanza el nivel de proyecto factible de explotar. Pero los alterados se empeñan en mostrar tragedias donde no las hay, pues de manera tozuda y arbitraria desconocen que de las 5,4 millones de hectáreas tituladas, solamente 1,4 corresponden a proyectos de gran escala, que por supuesto aportan a la economía y el progreso de las comunidades que habitan en las regiones.

También la desinformación del dogma ambientalista los ha llevado a afirmar que, por ejemplo, en el Cesar están comprometidas 90.000 hectáreas en proyectos mineros de cielo abierto, cuando en la actualidad son solamente 1.880 hectáreas las afectadas. Error tan descomunal, con el que han descalificado la actividad minera en esa zona, se debe a que confundieron la extensión del área en explotación con la de los títulos mineros concedidos. Y sobre tales artificios pontifican, sindican y criminalizan a quien opine distinto.

Hay más, pero se acabó el espacio. Habrá para rato.

Adenda. Bien que el Gobierno controle el nombramiento de árbitros designados por entes públicos en procesos arbitrales, como una medida sana para vigilar el voraz cartel del arbitraje. Pero el debate también debe enderezarse a considerar que se prohiban los arbitrajes para dirimir controversias estatales, claro, siempre que se fortalezca la jurisdicción contenciosa o que se cree una especial para los pleitos derivados de contratos estatales.