Bombardeando

Sorprende que, mientras llevamos una semana deliberando sobre los bombardeos que tardíamente ordenó Petro, solamente sepamos que han muerto 15 niños y ni un solo insurgente, o al menos no se han difundido ni sus imágenes ni sus nombres. Lo primero que el ejército debería contarnos es si, además de los infantes muertos, también han capturado o caído rebeldes, porque bombardear solo para levantar cadáveres de menores resultaría una ecuación tan inmoral como inadmisible.

Por ahora es inevitable no preguntarse si estos cañonazos recientes son o no consecuencia de que a Petro lo hayan incluido en la lista Clinton. Difícil pensar diferente, pues no se entiende cómo ahora el presidente se decidió a atacar desde el aire a las disidencias si siempre había prometido con convicción que nunca lo haría. ¿Qué lo hizo cambiar de rumbo? Es verosímil concluir que este paso impensable en el Petro de hace tres años obedeció a la urgencia que atraviesa por demostrar que sí ha confrontado a los narcotraficantes, porque debe de estar calculando que eso suma puntos favorables para que los saquen a él y a su familia de esa nómina de narcos en las que resultaron metidos.

La extrema derecha se empeña en asimilar que los niños muertos en los bombardeos del Guaviare de la semana pasada son similares a lo acaecido en El Remanso, Putumayo, en época de Duque. No es cierto. El argumento es artificioso porque las dos situaciones son diferentes, pues lo del Putumayo fue un ataque a escondidas de la opinión principalmente a civiles, incluidos niños, todos protegidos por el DIH, que no estaban participando de las hostilidades; en cambio, lo del Guaviare fue una arremetida ampliamente anunciada en medios contra las hordas de alias “Mordisco”, entre las cuales se encontraban niños reclutados a la fuerza. Ninguna es aceptable, pero no son lo mismo.

En el caso del Guaviare, no está definido si el ataque fue o no legítimo. Según dijo el gobierno, el objetivo era evitar que las disidencias emboscaran a un grupo de soldados. Está por verse si había otra manera de evitar la celada que no fuera lanzar bombas, porque si la hubiere, entonces no habría sido indispensable disparar desde arriba. Hasta ahora solamente se conoce la versión del gobierno de que pretendió proteger soldados, pero habrá que establecer cuál era la información con que contaba el ejército al momento de decidir la riesgosa operación, y si era o no confiable.

Del mismo modo es inaplazable concluir que cualquier actividad que estuvieren ejecutando los jóvenes en ese sitio, siempre serán sujetos pasivos del delito de reclutamiento forzado, sin excepción, de manera que ninguna importancia puede tener establecer qué hacían en esos lugares. Obviamente también urge saber con qué información contaba el ejército sobre la presencia de niños, siempre bajo el entendido de que, si participaban de la escalada guerrillera contra la fuerza pública, lo hacían obligados.

No se ve expedita la moción de censura contra el ministro de Defensa, porque hay razones plausibles que, en opinión de algunos, permiten considerar como proporcionada la contundente respuesta del Estado a las disidencias de las FARC, o por lo menos que, prima facie, lo sucedido no parece del todo arbitrario.

El Centro Democrático pretende purgar sus faltas con el artificio de que lo mismo que ellos hicieron siendo gobierno han hecho otros en las mismas situaciones. Se equivocan: el uribismo es inimitable. Por eso no hemos olvidado que los “falsos positivos” fueron, son y seguirán siendo el más perverso y criminal invento de la seguridad democrática.

Sea que prospere o no la moción de censura en ciernes contra el ministro de Defensa, lo que sí no puede echarse en saco roto es que todos los gobiernos han sido responsables de que los alzados en armas recluten menores. ¿Qué han hecho para evitar su sometimiento a la guerrilla? ¿Dónde anda el Estado en esas regiones apartadas? ¿Por qué nunca pone la cara el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?

Solo Petro sabe si está consciente de que mientras en cada discurso que pronuncia pidiendo perdón por los niños acribillados con bombas estatales, también cada día crece el reclutamiento de esos menores ejecutados en las narices de la fuerza pública y también de su gobierno.

Adenda No 1. Magistral y de obligada consulta la obra Los Principios del Derecho Público, Parte General y Parte Especial, de los profesores Miguel Malagón Pinzón y Hugo Andrés Arenas Mendoza.

Adenda No 2. Primera vez que la canciller Rosa Villavicencio dice algo cierto, como la salida negociada de Maduro, y le ordenan retractarse.