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Mientras Duque, su hermanito Andrés y su séquito se fueron de paseo a Corea, creció el problema más severo de los muchos que lo acosan. Me refiero a la decisión del Tribunal de La Haya sobre las defensas de Colombia en el espinoso litigio con Nicaragua, que está por reventar.
Hace falta Enrique Gaviria, el ilustrado internacionalista, quien criticó con argumentos sólidos la estrategia de defensa criolla en ese sofisticado estrado judicial. Los últimos gobiernos no le pararon bolas, más por envidia, porque les daba seco y sopa a todos esos cancilleres más expertos en cocteles que en derecho internacional que han deambulado por la Cancillería en estos tiempos.
En una columna publicada el 2 de septiembre de 2018 en El Tiempo, Gaviria destacaba la importancia de que pudiera consultarse al pueblo sobre “el mal manejo de las relaciones internacionales cuando se afecta la integridad territorial del Estado”, porque a su juicio permitir el cercenamiento del territorio por negligencia o ignorancia de los agentes del Estado es peor que la corrupción.
La situación colombiana es de apremio en este pleito con Nicaragua porque con el fallo de La Haya de 2012 se perdieron 75.000 kilómetros de costa y desintegraron el archipiélago de San Andrés. A eso se suma que Colombia renunció precipitadamente al Pacto de Bogotá de 1948, y por cuenta de ese dislate Nicaragua tiene arrinconado al país con dos demandas: una por incumplir el fallo de 2012 y la otra con el reclamo demencial de una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas.
Colombia dio palos de ciego denunciando el Pacto de Bogotá, tratado básico del sistema interamericano, paradójicamente impulsado por nuestro país. Y se equivocó al creer que la denuncia de ese Pacto, que supuestamente nos pondría a salvo de la Corte de La Haya, tendría efecto inmediato, cuando se sabe que esa denuncia no rige sino después de un año de haberse hecho, como lo ratificó la Corte de La Haya, justamente en el interregno en el cual Nicaragua aprovechó para formular las dos demandas que hoy tienen a Duque citando a las carreras a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores cuando al parecer ya todo está consumado.
Voces autorizadas han expresado su preocupación por la errática defensa asumida por Colombia, pues ha fracasado en todos los fallos y en la decisión de las excepciones preliminares.
¿Quién ha vigilado la estrategia de Colombia frente a Nicaragua? ¿Se han contratado los mejores abogados expertos en estos temas o, como suele ocurrir, estamos en manos de unos “grandes juristas” que saben de todo menos de derecho internacional, como lo prueba el hecho de que se haya sugerido que se declare a San Andrés como archipiélago de Estado, postura que en opinión de los entendidos es inconveniente?
Nicaragua ha manejado este litigio con astucia insuperable, porque, para empezar, su hombre en La Haya ha sido el mismo durante décadas y hoy es miembro de esa cofradía de diplomáticos y jueces. Eso le ha dado ventaja grande a Nicaragua, porque la estabilidad del embajador de su país en La Haya contrasta con el ir y venir de nuestros diplomáticos, algunos de los cuales comprenden el problema cuando ya están de regreso.
Esto puede empeorar. Al dictador Ortega le resultará buen negocio exacerbar el nacionalismo para quitarnos territorio ahora que atraviesa la peor hora de su tiranía por encarcelar a los candidatos opositores. Con esto el déspota, que manda de la mano vengativa de su temible esposa, encontrará la cortina de humo para ocultar sus crímenes, pero también para unir a su pueblo en torno a él. En cambio, aquí Duque anda enredado sin poder reunir siquiera a la inútil Comisión Asesora, donde literalmente nadie se habla con nadie, porque todos se odian.
Ojalá no padezcamos otra vergüenza, como la pérdida de Panamá. En el gobierno de Duque todo malo puede pasar, porque sus relaciones internacionales apenas consisten en nombrar amigotes y delfines en los jugosos empleos de la diplomacia.
Adenda. Duque nombra a los personajes más odiados y cuestionados, como Carrasquilla, para acabar de apoderarse del Banco de la República. Presionó a la Corte Constitucional para que no tumbara el adefesio de la cadena perpetua, y cuando se produjo la decisión adversa, la censura. Satrapía.