No me gusta nada de lo que ha hecho Petro en su primer año de gobierno, coincido además con quienes han expresado preocupación por la improvisación en el tema de las basuras y por la inestabilidad de su equipo, pero más me inquieta que haya quienes quieran tumbarlo como sea, bien por el camino tortuoso de la revocatoria de su mandato, o a través de un calculado proceso disciplinario o penal.
No faltaba más que lo que tengamos que hacer o no hacer por la ciudad tuviere que estar definido por el conservador Miguel Gómez, hoy inquilino del Partido de la U, “el pálido nieto de Laureano Gómez”, según la graciosa referencia del maestro Osuna. Sin dificultad se advierte que lo que hay detrás de su empeño en revocar al alcalde de Bogotá no es hacer buen uso de un mecanismo de participación ciudadana, sino abrir un espacio seguro para una próxima campaña política personal, que bien puede ser la de repetir Congreso o la de lanzarse para la Alcaldía. Tan cierto es ello, que no lo descartó para el futuro, en una de las tantas entrevistas que ha sabido conceder por estos días.
Lo de Gómez no sólo no convence sino que molesta. Su tono mesiánico, con el que reclama ser el único dirigente que está haciendo algo por Bogotá, además de no ser cierto, es oportunista. ¿Dónde estaba cuando la ciudad se desmoronó en la pasada administración? En el Concejo hay otros líderes que silenciosamente batallan por la capital, como hay otros parlamentarios que abnegadamente trabajan con el mismo fin, como Germán Navas Talero.
También irrita de Gómez su manera de discrepar, pues ahora que el Gobierno y el Partido de la U —que entre otras cosas lo hicieron parlamentario— lo dejaron solo en ese intento de revocar a Petro, su respuesta no pudo ser más arrogante y provocadora. En efecto, según Gómez, el Gobierno y el Partido de la U prefirieron ingresar a la nómina de la Alcaldía, que acompañarlo en la revocatoria. La realidad es otra, pues lo dejaron solo, no por proteger al alcalde, que sigue siendo impopular en la Casa de Nariño, sino para ponerse a salvo de una segura paliza electoral en las vísperas de la reelección presidencial.
Pero si bien todo indica que la campaña revocatoria de Petro abortó antes de que tomara fuerza, todavía hay quienes contemplan un siniestro plan B en el que el procurador Ordóñez llevará la voz cantante. Con una estratégica denuncia interpuesta ante la Procuraduría contra el alcalde por el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, ya son varias las voces que le apuestan a que Ordóñez, el mismo que absuelve y destituye a la medida de sus odios políticos y pasiones religiosas, muy pronto decretará la destitución del alcalde y su inhabilidad para ejercer cargos públicos. Hubo inclusive un parlamentario que sin ningún pudor pidió que el procurador debía destituir pronto al burgomaestre, para ahorrarnos los 40.000 millones de pesos que valdría la revocatoria de su mandato.
Si el alcalde hubiese sido un laureanista de vacaciones en el Partido de la U o en Cambio Radical o un liberal desteñido de esos que se hincan ante el poder de la Procuraduría, muy seguramente nadie se habría interesado en la revocatoria del mandato. A Petro sus enemigos no le perdonan sus imborrables faltas, como sí ocurre con todos los demás funcionarios, porque hay quienes no desisten de pasarle su cuenta de cobro por haber sido un insurgente amnistiado. Aquí resulta más fácil convivir con Víctor Carranza, que tolerar una mala administración de un alcalde exguerrillero.
Lo que no se entiende es cómo Petro, todo un zorro político, no tuvo claro lo que le podría ocurrir de dejar al azar la suerte de la ciudad y la suya propia. Es insólito que el otrora aguerrido senador no hubiese avizorado que por cuenta del caos en el que sumió a Bogotá, iba a prender la hoguera de los odios centenarios que lo quieren incinerar.
Adenda. Francamente es un exceso con sabor a atropello, que con una tutela se pretenda impedir que todos los colombianos veamos la película Operación E.
No me gusta nada de lo que ha hecho Petro en su primer año de gobierno, coincido además con quienes han expresado preocupación por la improvisación en el tema de las basuras y por la inestabilidad de su equipo, pero más me inquieta que haya quienes quieran tumbarlo como sea, bien por el camino tortuoso de la revocatoria de su mandato, o a través de un calculado proceso disciplinario o penal.
No faltaba más que lo que tengamos que hacer o no hacer por la ciudad tuviere que estar definido por el conservador Miguel Gómez, hoy inquilino del Partido de la U, “el pálido nieto de Laureano Gómez”, según la graciosa referencia del maestro Osuna. Sin dificultad se advierte que lo que hay detrás de su empeño en revocar al alcalde de Bogotá no es hacer buen uso de un mecanismo de participación ciudadana, sino abrir un espacio seguro para una próxima campaña política personal, que bien puede ser la de repetir Congreso o la de lanzarse para la Alcaldía. Tan cierto es ello, que no lo descartó para el futuro, en una de las tantas entrevistas que ha sabido conceder por estos días.
Lo de Gómez no sólo no convence sino que molesta. Su tono mesiánico, con el que reclama ser el único dirigente que está haciendo algo por Bogotá, además de no ser cierto, es oportunista. ¿Dónde estaba cuando la ciudad se desmoronó en la pasada administración? En el Concejo hay otros líderes que silenciosamente batallan por la capital, como hay otros parlamentarios que abnegadamente trabajan con el mismo fin, como Germán Navas Talero.
También irrita de Gómez su manera de discrepar, pues ahora que el Gobierno y el Partido de la U —que entre otras cosas lo hicieron parlamentario— lo dejaron solo en ese intento de revocar a Petro, su respuesta no pudo ser más arrogante y provocadora. En efecto, según Gómez, el Gobierno y el Partido de la U prefirieron ingresar a la nómina de la Alcaldía, que acompañarlo en la revocatoria. La realidad es otra, pues lo dejaron solo, no por proteger al alcalde, que sigue siendo impopular en la Casa de Nariño, sino para ponerse a salvo de una segura paliza electoral en las vísperas de la reelección presidencial.
Pero si bien todo indica que la campaña revocatoria de Petro abortó antes de que tomara fuerza, todavía hay quienes contemplan un siniestro plan B en el que el procurador Ordóñez llevará la voz cantante. Con una estratégica denuncia interpuesta ante la Procuraduría contra el alcalde por el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, ya son varias las voces que le apuestan a que Ordóñez, el mismo que absuelve y destituye a la medida de sus odios políticos y pasiones religiosas, muy pronto decretará la destitución del alcalde y su inhabilidad para ejercer cargos públicos. Hubo inclusive un parlamentario que sin ningún pudor pidió que el procurador debía destituir pronto al burgomaestre, para ahorrarnos los 40.000 millones de pesos que valdría la revocatoria de su mandato.
Si el alcalde hubiese sido un laureanista de vacaciones en el Partido de la U o en Cambio Radical o un liberal desteñido de esos que se hincan ante el poder de la Procuraduría, muy seguramente nadie se habría interesado en la revocatoria del mandato. A Petro sus enemigos no le perdonan sus imborrables faltas, como sí ocurre con todos los demás funcionarios, porque hay quienes no desisten de pasarle su cuenta de cobro por haber sido un insurgente amnistiado. Aquí resulta más fácil convivir con Víctor Carranza, que tolerar una mala administración de un alcalde exguerrillero.
Lo que no se entiende es cómo Petro, todo un zorro político, no tuvo claro lo que le podría ocurrir de dejar al azar la suerte de la ciudad y la suya propia. Es insólito que el otrora aguerrido senador no hubiese avizorado que por cuenta del caos en el que sumió a Bogotá, iba a prender la hoguera de los odios centenarios que lo quieren incinerar.
Adenda. Francamente es un exceso con sabor a atropello, que con una tutela se pretenda impedir que todos los colombianos veamos la película Operación E.