Imposible resolver un problema sin comprenderlo. Ese es el drama del presidente Petro a juzgar por su trino: “Ningún miembro del Gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas”. Tapar el sol con los dedos. Este escándalo es hijo del Gobierno, porque fue allí donde se hizo poderosa la joven jefa de gabinete Laura Sarabia y donde se gestó el plan macabro que no terminamos de conocer. Si el Gobierno fuese ajeno no habrían echado a varios funcionarios.
Precisamente porque este suceso estalló en la médula del Poder Ejecutivo es que todos nos preguntamos si puede el Gobierno dar tranquilidad al país de que solamente estaban siendo interceptadas ilegalmente dos empleadas de Laura Sarabia. ¡Difícil! Si fueron capaces de utilizar el poder presidencial para chuzar a dos mujeres indefensas asociándolas con el Clan del Golfo, no es arbitrario pensar que en esa lista de interceptados estén otros objetivos del Gobierno.
Lo sucedido es insólito y peligroso. Esto no podía pasar en un país donde fue necesario liquidar el DAS cuando se descubrió que fue utilizado por el Gobierno de Uribe para espiar a opositores, magistrados, periodistas y críticos. La lacerante realidad es que las autoridades de inteligencia no han aprendido la lección de que con las libertades públicas y los derechos humanos no se improvisa. De nada han valido las condenas ejemplares ni los extenuantes discursos oficiales dándose golpes de pecho en defensa de las garantías ciudadanas, porque todos estamos en riesgo de que nuestros teléfonos sean vinculados a un clan del crimen y de que nuestras vidas sean espiadas ilegalmente. ¡Qué miedo!
Es tan grave lo que está pasando que ni aun saliendo Sarabia, Benedetti, los oficiales de la Policía comprometidos, los fiscales “engañados” y hasta el mismo ministro de Defensa, se resuelve el problema que manchó para siempre al Gobierno de Petro. Nacional e internacionalmente no habrá manera de convencer a nadie de que este fue un suceso aislado, precisamente porque acaeció en las narices del solio de Bolívar. Quisiera ver con cuál otra tesis van a salir ahora los defensores de oficio de la Sarabia, esos gobiernistas a ultranza que justificaron su cuentazo de que por razones de seguridad y por estar cerca al presidente Petro gozaba del privilegio de tratamiento especial, porque lo mismo ocurre en los Estados Unidos.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, víctima también de las chuzadas en el gobierno de la Seguridad Democrática, a veces se le ve ingenuo, porque cuando esperábamos que revelara quién dio la orden de chuzar a la niñera y su compañera, salió a contarnos que había preguntado quién la había dado. Era el único que no podía salir a decir eso, ni tampoco prometer que el Gobierno no tolera interceptaciones ilegales cuando este escándalo fue cocinado y ejecutado en el corazón del régimen.
Nada hacía presagiar que Laura Sarabia se estrellaría contra el poder que la volvió célebre, pero también desgraciada. Todo le sonreía, pero ahora todo la amenaza. Cayó como coco. Mientras tanto, el oportunista fiscal Barbosa ofrecía una rueda de prensa en la que fustigó al Gobierno y cruzó la línea roja de sus odios políticos, pero no reconoció la confusa actuación de la Fiscalía en este asunto, pues no se sabe cuándo empezó a chuzar, ni de dónde provino la orden, ni tampoco quién supuestamente “engañó” al fiscal que interceptó a las empleadas de Sarabia. Sonriente, Barbosa pretende reconstruir su deteriorado prestigio sobre las primeras ruinas de un Gobierno que, por andar convirtiendo en diosa intocable a una inexperta funcionaria, no entendió que podía equivocarse en la paz total, en el sometimiento de las organizaciones delincuenciales, en las reformas a la salud, pensional y laboral, pero nunca con el uso de los instrumentos estatales de inteligencia. El resultado no puede ser más desastroso para Petro y todo el Gobierno.
Fiscalía y Procuraduría han empezado a pasar sus impagables cuentas de cobro por cuenta del invento de doña Laura y muy pronto asistiremos al deplorable espectáculo de ver a más de uno del entorno presidencial poniéndose a salvo de una orden de captura o rogando que le concedan prisión domiciliaria o implorando clemencia a la CIDH para que revoquen las destituciones que se ven venir.
Adenda. Qué tal el caído contralor Rodríguez invocando como derecho adquirido la mera expectativa de un concurso cuestionado y, además, pretendiendo que el Consejo de Estado por vía de una simple aclaración cambie el demoledor fallo que lo puso en la calle.
