Dos noticias sobre esquemas de seguridad se convierten en ocasión propicia para hablar del tema de los escoltas que arriesgan su vida con lealtad y pundonor para proteger a muchas personas y de la necesidad de su permanencia.
De un lado el precandidato liberal Juan Fernando Cristo, en un gesto que habla bien de él, renunció a la protección que le dispensaba la Policía Nacional, porque considera que no la necesita como sí les ocurre a muchos líderes sociales que están cayendo acribillados por las balas asesinas de la ultraderecha. Por el otro, la también precandidata Martha Lucía Ramírez armó una pataleta porque unos apartamenteros asaltaron su casa ubicada en un sitio donde suelen ocurrir esos sucesos. Según ella, el Estado debe proteger hasta su casa, por su condición de exministra de Defensa, miembro de la oposición y precandidata conservadora. Ridícula y altanera postura.
Sería interesante que se conociera cuántos escoltas hay en el país, tanto los del Estado, como los que están autorizados para prestar ese servicio en forma particular. La cifra es aterradora. Es que en Colombia el problema de andar escoltado da para todo. Hay algunos servidores públicos que a duras penas los conocen en sus casas, pero por el hecho de acceder a un cargo se les activa la paranoia y asumen que deben contar con sofisticados esquemas de seguridad. De la noche a la mañana, un señor que andaba tertuliando con sus amigos en forma desprevenida en cualquier café se autoconvence de que una vez nombrado en un oficio público corre riesgo y reclama para sí batallones de guardaespaldas.
Hay ciertas personas que consideran que el estar escoltado y protegido por unos guardianes que no siempre son amables da posición e importancia social y política. En otras palabras, tontamente suponen que la importancia de alguien se mide por el número de escoltas, carros blindados o motos acompañantes. Es cuestión de arribismo. No olvido, por ejemplo, una llamada que recibí siendo director del DAS, de una fogosa parlamentaria bien conocida por su ignorancia e intemperancia, en la que me reclamaba airadamente porque, además del carro y los guardaespaldas que ya tenía, necesitaba una moto que le detuviera el tráfico por donde su caravana fuese pasando para que ella pudiera llegar a tiempo a sus innumerables compromisos, por lo general casi todos opíparos. Indignado le contesté que ella lo que necesitaba no era una moto sino un reloj que le permitiera calcular el tiempo y llegar puntual a sus citas. Como consecuencia de mi respuesta, la ruidosa señora desplegó sus esfuerzos parlamentarios para montarme un debate en el Congreso, que nunca tuvo lugar porque sus colegas advirtieron que se trataba de una mezquina represalia por no haber sucumbido a sus gritos y antojos.
Tiene que llegar un día en el que los personajes públicos se acostumbren a deambular como cualquier ciudadano sin la parafernalia de un equipo de seguridad, que por lo general hace más visibles a quienes deberían moverse con discreción. Aquí se desmovilizó las Farc, seguramente lo hará el Eln, y es muy posible que ciertas bandas delincuenciales o paramilitares sean diezmadas o controladas, pero ello parece no haber tenido consecuencia alguna en cuanto a la supuesta “necesidad” de los escoltas. Es decir, a pesar de que la intensidad de la guerra ha ido bajando, hay quienes insisten en exigir protección exagerada.
Seguramente en algunos casos resultará imposible prescindir de los esquemas de seguridad, pero el Gobierno debería estar pensando seriamente en diseñar una política de desarme de estos agentes de protección, de manera que puedan ir desmontándose esos ejércitos de guardianes de vidas ajenas para que una vez queden cesantes puedan trabajar en otros oficios o en disciplinas diferentes. Es la gracia de aprender a vivir en paz.
Adenda. Bien el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien consiguió levantar la huelga de los pilotos de Avianca, que le quedó grande al Gobierno. A propósito, el soberbio Germán Efromovich debería excusarse por sus escatológicos insultos contra los jueces.
Dos noticias sobre esquemas de seguridad se convierten en ocasión propicia para hablar del tema de los escoltas que arriesgan su vida con lealtad y pundonor para proteger a muchas personas y de la necesidad de su permanencia.
De un lado el precandidato liberal Juan Fernando Cristo, en un gesto que habla bien de él, renunció a la protección que le dispensaba la Policía Nacional, porque considera que no la necesita como sí les ocurre a muchos líderes sociales que están cayendo acribillados por las balas asesinas de la ultraderecha. Por el otro, la también precandidata Martha Lucía Ramírez armó una pataleta porque unos apartamenteros asaltaron su casa ubicada en un sitio donde suelen ocurrir esos sucesos. Según ella, el Estado debe proteger hasta su casa, por su condición de exministra de Defensa, miembro de la oposición y precandidata conservadora. Ridícula y altanera postura.
Sería interesante que se conociera cuántos escoltas hay en el país, tanto los del Estado, como los que están autorizados para prestar ese servicio en forma particular. La cifra es aterradora. Es que en Colombia el problema de andar escoltado da para todo. Hay algunos servidores públicos que a duras penas los conocen en sus casas, pero por el hecho de acceder a un cargo se les activa la paranoia y asumen que deben contar con sofisticados esquemas de seguridad. De la noche a la mañana, un señor que andaba tertuliando con sus amigos en forma desprevenida en cualquier café se autoconvence de que una vez nombrado en un oficio público corre riesgo y reclama para sí batallones de guardaespaldas.
Hay ciertas personas que consideran que el estar escoltado y protegido por unos guardianes que no siempre son amables da posición e importancia social y política. En otras palabras, tontamente suponen que la importancia de alguien se mide por el número de escoltas, carros blindados o motos acompañantes. Es cuestión de arribismo. No olvido, por ejemplo, una llamada que recibí siendo director del DAS, de una fogosa parlamentaria bien conocida por su ignorancia e intemperancia, en la que me reclamaba airadamente porque, además del carro y los guardaespaldas que ya tenía, necesitaba una moto que le detuviera el tráfico por donde su caravana fuese pasando para que ella pudiera llegar a tiempo a sus innumerables compromisos, por lo general casi todos opíparos. Indignado le contesté que ella lo que necesitaba no era una moto sino un reloj que le permitiera calcular el tiempo y llegar puntual a sus citas. Como consecuencia de mi respuesta, la ruidosa señora desplegó sus esfuerzos parlamentarios para montarme un debate en el Congreso, que nunca tuvo lugar porque sus colegas advirtieron que se trataba de una mezquina represalia por no haber sucumbido a sus gritos y antojos.
Tiene que llegar un día en el que los personajes públicos se acostumbren a deambular como cualquier ciudadano sin la parafernalia de un equipo de seguridad, que por lo general hace más visibles a quienes deberían moverse con discreción. Aquí se desmovilizó las Farc, seguramente lo hará el Eln, y es muy posible que ciertas bandas delincuenciales o paramilitares sean diezmadas o controladas, pero ello parece no haber tenido consecuencia alguna en cuanto a la supuesta “necesidad” de los escoltas. Es decir, a pesar de que la intensidad de la guerra ha ido bajando, hay quienes insisten en exigir protección exagerada.
Seguramente en algunos casos resultará imposible prescindir de los esquemas de seguridad, pero el Gobierno debería estar pensando seriamente en diseñar una política de desarme de estos agentes de protección, de manera que puedan ir desmontándose esos ejércitos de guardianes de vidas ajenas para que una vez queden cesantes puedan trabajar en otros oficios o en disciplinas diferentes. Es la gracia de aprender a vivir en paz.
Adenda. Bien el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien consiguió levantar la huelga de los pilotos de Avianca, que le quedó grande al Gobierno. A propósito, el soberbio Germán Efromovich debería excusarse por sus escatológicos insultos contra los jueces.