No conozco al senador conservador Laureano Acuña; de él tengo noticia apenas ahora que los medios de comunicación han dado cuenta de un episodio bastante confuso que se convirtió en otro de esos escándalos pasajeros de principio de año, porque en un retén policial en Riohacha se negó a que le practicaran la prueba de alcoholimetría.
En su defensa el parlamentario ha alegado que no accedió porque no era él quien venía conduciendo.
Los medios han crecido el asunto a extremos exagerados, porque ante la falta de evidencias que acrediten que Acuña sí era quien conducía, han decidido publicar el prontuario de todas las infracciones de tránsito en las que están comprometidos varios padres de la patria. El mensaje que ha quedado en la memoria de los colombianos es el de que en el Congreso hay un batallón de conductores irresponsables que se rehúsan a que les practiquen las pruebas técnicas para comprobar si estaban o no ebrios, además de que no pagan las multas que se les imponen.
Y es aquí donde hay que detenerse a pensar si no estamos contribuyendo a provocar un linchamiento mediático a personas con reconocimiento público, por cuenta de unas extrañas filmaciones que les hace la Policía cuando suelen verse comprometidos en infracciones de tránsito, como le puede ocurrir a cualquier persona.
No conozco norma legal que autorice a la Policía para filmar los procedimientos en los que uno de sus agentes impone sanciones a un conductor que infrinja la ley. A lo mejor existe. Pero, cuál puede ser la razón para que, coincidencialmente, esas filmaciones siempre se hagan de personajes con responsabilidades públicas, que luego se filtran a la prensa para que ella haga lo suyo. ¿Será, acaso, que la Policía conserva grabaciones de todas y cada una de las infracciones impuestas por sus agentes, sin importar quién sea el sancionado?
En el caso del senador Acuña no ha aparecido evidencia alguna de que estuviese conduciendo, por lo que hasta allí todo indica que ejerció su legítimo derecho a no someterse a la prueba de la alcoholimetría. Por el contrario, si algo permite concluir el video que hemos visto en numerosas ocasiones, es que ni la figura del senador ni el tono de su voz sugieren que estaba borracho o siquiera prendido. Y, entonces, ¿será que por ser senador no tiene derecho a la defensa y ni siquiera a la presunción constitucional y universal de inocencia? ¿O es que es obligatorio para un ciudadano someterse a una prueba de esa naturaleza sólo porque se lo pide un policía? ¿Y en dónde quedan los derechos ciudadanos?
Y aun asumiendo que la Policía está facultada legalmente para filmar a quien le plazca incluso en forma selectiva, francamente me resisto a creer que también la tenga para filtrar esas evidencias y condenar de antemano a quien se vea involucrado en una infracción de tránsito.
Yo pregunto al director de la Policía, general Palomino: ¿será que también sus hombres graban aquellos episodios que ocurren con frecuencia, cuando un agente pide o recibe dádivas para no sancionar a quien es sorprendido violando una regla de tránsito? ¿Podemos los ciudadanos acudir a los archivos policiales, con la seguridad de que encontraremos imágenes de esa índole, o solamente veremos las de los congresistas o figuras públicas sancionadas? ¿Habrá, por ejemplo, videos de periodistas infractores o de policías escoltas que andan en sus carros como en el oeste, o de los tres policías que habrían entregado datos de delincuentes al hacker Sepúlveda?
Un Estado de derecho, para que realmente lo sea, también tiene que detenerse en esos pequeños detalles, porque es allí donde empieza a concretarse la arbitrariedad y el abuso de la función pública. Claro que las personalidades tienen responsabilidades y obligaciones, pero no podemos llegar al absurdo de que sea la Policía la que decida a su antojo filmar y filtrar lo que le plazca, porque detrás de ese hábito puede estar incubándose el más aplaudido de los procedimientos de persecución ciudadana y política.
Adenda. Bien que se haya iniciado la discusión con las Farc del cese bilateral al fuego y las hostilidades o el armisticio.
