Se promueve la “consulta popular anticorrupción” en la esperanza de encontrar una fórmula que nos aleje de ese mal, pero, salvo las buenas intenciones y unas pocas preguntas sensatas, a este esfuerzo le hacen falta ajustes, porque la deshonestidad en lo público y lo privado es mucho más que ese catálogo de inquietudes.
No se ve de qué manera se extirparía la corrupción reduciendo salarios de congresistas y altos funcionarios. Esa no es una medida anticorrupción sino de ahorro, además antipática y clasista.
En efecto, si pensamos en los congresistas que vienen de provincia, es evidente que el desplazamiento y estadía en la capital implican esfuerzos económicos. Un parlamentario en su comarca es un Dios donde le hacen venias, pues allá obviamente es un personaje así luzca medias blancas. Pero basta que se monte en el avión que lo trae a Bogotá para que, desde que aterrice, se convierta en anónimo y marginado en una ciudad donde nadie se entusiasma con un “padre de la patria”, distinción que apenas sirve para tener carro blindado e ingresar al Capitolio. Los congresistas provincianos viven en un gueto en Residencias Tequendama o en el centro de Bogotá, pero alejados de los salones sofisticados desde donde se manejan el poder, los medios de comunicación, la alta política y se disfrutan de las mejores viandas.
Si la gran lucha contra la corrupción es bajar sueldos a los congresistas o a un ministro de tierra caliente, el efecto será el contrario, pues solamente los millonarios podrían acceder a esas dignidades. O lo que es lo mismo, la política se volvería oficio para ricos, o para “momios” como los del Valle del Cauca, quienes, con honrosas excepciones, a pesar de sus caudales gigantescos cuando vienen a Bogotá todo les parece carísimo y quieren regresarse el mismo día que llegaron en el último vuelo, para ahorrar hotel.
El desangre del erario no está en que ciertos servidores ganen sueldos elevados, porque en tratándose de congresistas no es malo que estén bien remunerados, porque eso garantiza independencia y protege de las tentaciones. El problema es otro y no parece que el cuestionario de la consulta anticorrupción tenga la solución.
Lo que verdaderamente corrompe silenciosamente son conductas toleradas en todos los niveles de la sociedad, como el tráfico de influencias que se disfraza de simple lagartería. Si alguien necesita obtener su licencia de conducción, lo primero que se pregunta no es cuáles requisitos debe cumplir, sino quién tendrá un amigo o conocido que le ayude. Y eso, que parece inofensivo, se volvió el ADN colombiano.
La corrupción no solo se da cuando alguien roba o recibe coimas, sino también cuando se defrauda la confianza de la sociedad al violar la ley. Casos de corrupción los hay de todas las estirpes y colores. Por ejemplo, siendo Alejandro Ordóñez procurador viajó a Ginebra (Suiza) en misión oficial y con viáticos, pero se hospedó en la casa de Angelino Garzón, entonces representante de Colombia en la OIT, a sabiendas ambos de que uno era investigador y el otro investigado en la Procuraduría. ¿Qué creen que le pasó a Angelino en la Procuraduría de Ordóñez? Y hay más podredumbre, como la de esos abogados o empresarios que deambulan sin pudor en los pasillos de las altas cortes y los despachos judiciales aproximándose a magistradas(os), jueces o funcionarios a litigarles en privado y en directo, en beneficio propio, como en el caso de Fidupetrol. Corrupción de cuello blanco, que no parece abordarse en las preguntas de la consulta anticorrupción.
Claudia López quiere acertar con esta iniciativa y ojalá lo logre. Pero el remedio no es bajar sueldos, sino preguntarles a los colombianos si están de acuerdo con encarcelar a quienes como lobistas abordan subrepticiamente a magistradas(os), jueces y funcionarios para hablarles al oído de sus causas, y también a quienes se dejan convencer en privado de lo divino y lo humano.
Adenda. Inaceptable el presunto chantaje de la Comisión de Acusaciones a la Corte Suprema para que le “bajen” en investigar a Álvaro Uribe a cambio de no compulsar copias a los magistrados, y peor aún la campaña de desprestigio y hostigamiento contra los togados. Regreso del fantasma de alias Tasmania.
Se promueve la “consulta popular anticorrupción” en la esperanza de encontrar una fórmula que nos aleje de ese mal, pero, salvo las buenas intenciones y unas pocas preguntas sensatas, a este esfuerzo le hacen falta ajustes, porque la deshonestidad en lo público y lo privado es mucho más que ese catálogo de inquietudes.
No se ve de qué manera se extirparía la corrupción reduciendo salarios de congresistas y altos funcionarios. Esa no es una medida anticorrupción sino de ahorro, además antipática y clasista.
En efecto, si pensamos en los congresistas que vienen de provincia, es evidente que el desplazamiento y estadía en la capital implican esfuerzos económicos. Un parlamentario en su comarca es un Dios donde le hacen venias, pues allá obviamente es un personaje así luzca medias blancas. Pero basta que se monte en el avión que lo trae a Bogotá para que, desde que aterrice, se convierta en anónimo y marginado en una ciudad donde nadie se entusiasma con un “padre de la patria”, distinción que apenas sirve para tener carro blindado e ingresar al Capitolio. Los congresistas provincianos viven en un gueto en Residencias Tequendama o en el centro de Bogotá, pero alejados de los salones sofisticados desde donde se manejan el poder, los medios de comunicación, la alta política y se disfrutan de las mejores viandas.
Si la gran lucha contra la corrupción es bajar sueldos a los congresistas o a un ministro de tierra caliente, el efecto será el contrario, pues solamente los millonarios podrían acceder a esas dignidades. O lo que es lo mismo, la política se volvería oficio para ricos, o para “momios” como los del Valle del Cauca, quienes, con honrosas excepciones, a pesar de sus caudales gigantescos cuando vienen a Bogotá todo les parece carísimo y quieren regresarse el mismo día que llegaron en el último vuelo, para ahorrar hotel.
El desangre del erario no está en que ciertos servidores ganen sueldos elevados, porque en tratándose de congresistas no es malo que estén bien remunerados, porque eso garantiza independencia y protege de las tentaciones. El problema es otro y no parece que el cuestionario de la consulta anticorrupción tenga la solución.
Lo que verdaderamente corrompe silenciosamente son conductas toleradas en todos los niveles de la sociedad, como el tráfico de influencias que se disfraza de simple lagartería. Si alguien necesita obtener su licencia de conducción, lo primero que se pregunta no es cuáles requisitos debe cumplir, sino quién tendrá un amigo o conocido que le ayude. Y eso, que parece inofensivo, se volvió el ADN colombiano.
La corrupción no solo se da cuando alguien roba o recibe coimas, sino también cuando se defrauda la confianza de la sociedad al violar la ley. Casos de corrupción los hay de todas las estirpes y colores. Por ejemplo, siendo Alejandro Ordóñez procurador viajó a Ginebra (Suiza) en misión oficial y con viáticos, pero se hospedó en la casa de Angelino Garzón, entonces representante de Colombia en la OIT, a sabiendas ambos de que uno era investigador y el otro investigado en la Procuraduría. ¿Qué creen que le pasó a Angelino en la Procuraduría de Ordóñez? Y hay más podredumbre, como la de esos abogados o empresarios que deambulan sin pudor en los pasillos de las altas cortes y los despachos judiciales aproximándose a magistradas(os), jueces o funcionarios a litigarles en privado y en directo, en beneficio propio, como en el caso de Fidupetrol. Corrupción de cuello blanco, que no parece abordarse en las preguntas de la consulta anticorrupción.
Claudia López quiere acertar con esta iniciativa y ojalá lo logre. Pero el remedio no es bajar sueldos, sino preguntarles a los colombianos si están de acuerdo con encarcelar a quienes como lobistas abordan subrepticiamente a magistradas(os), jueces y funcionarios para hablarles al oído de sus causas, y también a quienes se dejan convencer en privado de lo divino y lo humano.
Adenda. Inaceptable el presunto chantaje de la Comisión de Acusaciones a la Corte Suprema para que le “bajen” en investigar a Álvaro Uribe a cambio de no compulsar copias a los magistrados, y peor aún la campaña de desprestigio y hostigamiento contra los togados. Regreso del fantasma de alias Tasmania.