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Duque pide no hacer politiquería con el proceso de vacunación contra el COVID-19. Le faltó decir que el único autorizado es él. Eso es lo que está haciendo diariamente en el ladrilludo programa Prevención y Acción y lo que ha hecho en San Andrés, donde fanfarronea paseando por las islas en cuatrimoto mientras los lugareños con desconfianza lo ven desfilar junto a su séquito por entre las ruinas que dejó el huracán.
Politiquería no es que los ciudadanos ejerzamos el derecho a conocer los contratos que el Gobierno supuestamente ya firmó con varias farmacéuticas internacionales. Esa información no está sujeta a reserva y tampoco podrían imponerla las empresas contratistas. Tienen razón quienes han elevado su protesta porque tales contratos no estén en el sistema virtual donde se hacen públicos.
El Gobierno ha dicho que no los revela porque existen cláusulas de confidencialidad impuestas por las empresas productoras de las vacunas, pero esa no es una excusa sino una trampa. En efecto, a menos que la ley lo haya dispuesto, ningún documento público está a salvo de ser pedido y conocido por los ciudadanos. Ninguna empresa puede imponerle al Estado que no divulgue los contratos oficiales, porque ello reñiría con la Constitución y la ley.
La tal confidencialidad que exigen las empresas puede tener efecto respecto de la fórmula o componentes de las vacunas, o del procedimiento para su fabricación y datos similares, porque eso hace parte de los secretos industriales que, por supuesto, están amparados con reserva legal. Pero esa reserva no puede extenderse al abuso de que se vuelva secreto todo el contrato celebrado, como lo está entendiendo el ministro de Salud, cada vez más enredado en sus confusas y contradictorias explicaciones.
Los colombianos tenemos derecho a saber cuánto hemos de pagar por las vacunas contra el COVID-19, cuándo se firmaron tales contratos, cuándo llegarán las mismas al país y si en esos convenios se ha relevado de toda responsabilidad a los fabricantes y distribuidores. Además de que somos consumidores de un producto, se trata de algo que es de interés público. Ya tenemos bastante con que Duque y su gabinete mientan todas las noches, como para acostumbrarnos y tener que soportar el atropello de no saber sobre unos contratos que nada tienen que ver con la seguridad o defensa nacional y que no pueden ser ocultos.
Está averiguado que cuando el destinatario de una petición de información o documentación se ampara en la reserva para no entregarla, como cuando se niega el acceso a los viáticos pagados a quien se desplazó cumpliendo funciones oficiales, es porque hay algo oscuro. Así ocurre en el sector público y en ciertas universidades que se ufanan de comandar la lucha contra la corrupción. Esta cruzada empieza por permitir el acceso ciudadano a los papeles oficiales y se concreta en la rendición de cuentas. Eso es transparencia. Lo demás es palabrería barata, como la que oímos diariamente en Prevención y Acción.
Resulta insoluble la contradicción de mantener en secreto una contratación que nos atañe a todos, mientras el Gobierno tiene controlados los canales públicos y privados de televisión dizque para rendir informes sobre cómo va esta tragedia de la pandemia. El Gobierno diserta una hora diaria, algunos de sus ministros escriben columnas o conceden publirreportajes, pero a la hora de hacer saber lo que es trascendente los juristas de este régimen mafioso, arbitrario y corrupto deciden que el resto de los mortales no somos aptos para enterarnos.
Adenda No 1. No comparto el artículo de Alberto Donadio que señaló a Virgilio Barco como promotor del genocidio que sí padeció la Unión Patriótica. No se puede acusar a alguien de genocida ni de nada invocando como prueba una fuente que debe permanecer oculta. Donadio tiene derecho a proteger a su fuente, pero debería precisar si su informante es un civil o un militar en retiro. Ese detalle no es indiferente porque arrojaría señales de dónde proviene el visceral y calumnioso ataque contra Barco y cuál será el siguiente paso en la JEP.
Adenda No 2. Ahora que el exfiscal Gustavo Moreno por fin está recluido en una guarnición militar, para disgusto y angustia del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y muchos otros, esperamos que sus revelaciones no se reduzcan a repetir los cuatro nombres ya involucrados.
