POR FIN UN FUNCIONARIO AL QUE NO le tiembla la voz para decirle no a la contratadora Sandra Morelli. Ya era hora que alguien en el gobierno se amarrara los pantalones y no se dejara arrinconar con las amenazas de denuncias y embargos, con los que la arbitraria señora intimida a todo aquel que tiene la osadía —según ella— de opinar diferente o de no hacer lo que ella manda.
Me estoy refiriendo al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, quien con estricto apego a la ley, decidió no entregarle a la Morelli información reservada de algunas personas que están siendo investigadas por la Contraloría.
La decisión de Suárez es impecable y no tiene reparo desde el punto de vista jurídico. La Contraloría, por más buenas intenciones que pudiera tener —que no es el caso de la contratadora— no puede invocar su poder para husmear la vida privada de las gentes, ni siquiera de las que esté investigando. El Estado de Derecho reconoce esa garantía a los ciudadanos, la cual no puede pisotearse con el argumento peregrino y de tinte represivo de que el fin de investigar a personas presuntamente defraudadoras del fisco, justifica violar las normas que ponen a salvo la información relacionada con su intimidad patrimonial. Si esa tesis se abre camino, la Contraloría podría hacer lo que le viniera en gana, además sin control judicial. La contratadora ha salido a todos los medios a denigrar del director de la UIAF, quien ha tenido que soportar inerme la andanada de epítetos, insultos y sindicaciones torvas. A esa campaña atroz de desprestigio, inexplicablemente se ha sumado Simón Gaviria. La Morelli sostiene que su ocasional contradictor desconoce la ley e incumple las decisiones judiciales, pero ninguna de las dos cosas corresponde a la verdad. Es insólito que la Morelli ultraje a otro funcionario por cumplir la Constitución y la ley de inteligencia, que protegen la información vinculada con bienes, movimientos bancarios u operaciones comerciales de los ciudadanos.
Es la Morelli quien no cumple ni la Constitución ni las leyes, al intentar abrir las puertas de una entidad pública donde se maneja sensible información económica y financiera de todo el mundo. Tremendo error, pues esas leyes inclusive protegen a la misma contratadora de la pretensión de algún ciudadano que, por ejemplo, quisiera averiguar en la UIAF o en la DIAN si ella está o no en capacidad de justificar un patrimonio de 15 mil millones de pesos.
Pero, además, quien no cumple los fallos judiciales es la alborotada señora Morelli. He leído y releído la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, frente a la cual se interpuso una tutela que ahora está pendiente de apelación en el Consejo de Estado, en la que solamente se ordenó a la UIAF entregar información sobre su gestión de los años 2010 y 2011. Tal orden del Tribunal ya fue cumplida cabalmente. Lo que no ha ordenado ese fallo, como lo alega con soberbia y torpeza la contratadora, es que la UIAF además deba entregarle informaciones reservadas de algunas personas. Para que la Morelli pueda legalmente exigir que la UIAF le entregue información protegida, tendrá que esperar que el Consejo de Estado así lo disponga, y mucho me temo que no lo hará, porque de hacerlo violaría el parágrafo del artículo 34 de la ley 1621 de 2013, ley de inteligencia, la cual a pesar de sus defectos pretende defender al ciudadano de los ímpetus totalitarios de ciertos funcionarios obnubilados por el poder.
Adenda. Lamentablemente la Corte Constitucional al declarar exequible la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, le dio el visto bueno a la norma que permite a los funcionarios negarse a entregar documentos invocando que están en construcción. Con esa decisión se le ha dado un golpe mortal al derecho fundamental del ciudadano de acceder a papeles oficiales.
POR FIN UN FUNCIONARIO AL QUE NO le tiembla la voz para decirle no a la contratadora Sandra Morelli. Ya era hora que alguien en el gobierno se amarrara los pantalones y no se dejara arrinconar con las amenazas de denuncias y embargos, con los que la arbitraria señora intimida a todo aquel que tiene la osadía —según ella— de opinar diferente o de no hacer lo que ella manda.
Me estoy refiriendo al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, quien con estricto apego a la ley, decidió no entregarle a la Morelli información reservada de algunas personas que están siendo investigadas por la Contraloría.
La decisión de Suárez es impecable y no tiene reparo desde el punto de vista jurídico. La Contraloría, por más buenas intenciones que pudiera tener —que no es el caso de la contratadora— no puede invocar su poder para husmear la vida privada de las gentes, ni siquiera de las que esté investigando. El Estado de Derecho reconoce esa garantía a los ciudadanos, la cual no puede pisotearse con el argumento peregrino y de tinte represivo de que el fin de investigar a personas presuntamente defraudadoras del fisco, justifica violar las normas que ponen a salvo la información relacionada con su intimidad patrimonial. Si esa tesis se abre camino, la Contraloría podría hacer lo que le viniera en gana, además sin control judicial. La contratadora ha salido a todos los medios a denigrar del director de la UIAF, quien ha tenido que soportar inerme la andanada de epítetos, insultos y sindicaciones torvas. A esa campaña atroz de desprestigio, inexplicablemente se ha sumado Simón Gaviria. La Morelli sostiene que su ocasional contradictor desconoce la ley e incumple las decisiones judiciales, pero ninguna de las dos cosas corresponde a la verdad. Es insólito que la Morelli ultraje a otro funcionario por cumplir la Constitución y la ley de inteligencia, que protegen la información vinculada con bienes, movimientos bancarios u operaciones comerciales de los ciudadanos.
Es la Morelli quien no cumple ni la Constitución ni las leyes, al intentar abrir las puertas de una entidad pública donde se maneja sensible información económica y financiera de todo el mundo. Tremendo error, pues esas leyes inclusive protegen a la misma contratadora de la pretensión de algún ciudadano que, por ejemplo, quisiera averiguar en la UIAF o en la DIAN si ella está o no en capacidad de justificar un patrimonio de 15 mil millones de pesos.
Pero, además, quien no cumple los fallos judiciales es la alborotada señora Morelli. He leído y releído la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, frente a la cual se interpuso una tutela que ahora está pendiente de apelación en el Consejo de Estado, en la que solamente se ordenó a la UIAF entregar información sobre su gestión de los años 2010 y 2011. Tal orden del Tribunal ya fue cumplida cabalmente. Lo que no ha ordenado ese fallo, como lo alega con soberbia y torpeza la contratadora, es que la UIAF además deba entregarle informaciones reservadas de algunas personas. Para que la Morelli pueda legalmente exigir que la UIAF le entregue información protegida, tendrá que esperar que el Consejo de Estado así lo disponga, y mucho me temo que no lo hará, porque de hacerlo violaría el parágrafo del artículo 34 de la ley 1621 de 2013, ley de inteligencia, la cual a pesar de sus defectos pretende defender al ciudadano de los ímpetus totalitarios de ciertos funcionarios obnubilados por el poder.
Adenda. Lamentablemente la Corte Constitucional al declarar exequible la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, le dio el visto bueno a la norma que permite a los funcionarios negarse a entregar documentos invocando que están en construcción. Con esa decisión se le ha dado un golpe mortal al derecho fundamental del ciudadano de acceder a papeles oficiales.