Anunció el contralor Carlos Felipe Córdoba, seguramente con buenas intenciones, que ha incluido en un proyecto de acto legislativo un par de artículos que pretenden restablecer el control previo al uso de los recursos del Estado. Según el alto funcionario, la Contraloría no puede seguir llegando tarde a los saqueos al erario y por eso reclama que le restablezcan la función de advertencia que, en hora buena, le quitó la Corte Constitucional en 2015, conservando además la del control posterior.
¿Sirvió en el pasado el control de advertencia a los anteriores contralores? Me temo que no. Las contralorías filtran noticias de hallazgos fiscales, penales y disciplinarios, que convierten en escándalos, en muchas ocasiones con brújula política para causar daño a algún partido o un candidato en ciernes. Valdría la pena conocer los resultados reales de la recuperación de dineros realizada por las investigaciones y sanciones de las contralorías, como también saber qué pasa en los pleitos contra el Estado, en especial en los tribunales internacionales, por cuenta de decisiones de la Contraloría que la galería aplaude convirtiendo en héroes efímeros a los contralores, pero cuyas condenas multimillonarias luego tenemos que pagar todos. Ese balance mostraría la precaria actividad que en esa materia muestran las contralorías, en todos los tiempos.
Tal es la ligereza con la que se ha procedido que, por ejemplo, en la administración caótica de la contratadora Sandra Morelli, ella tuvo el arrojo de decirle al país que había recuperado billones de pesos, cuando en verdad esa supuesta cifra era solamente el monto de los bienes que ella pretendía embargar y secuestrar, medidas que en su mayoría luego cayeron pulverizadas, eso sí, en silencio de los medios.
Son las grandes mentiras que se agencian de las que salen bien librados ciertos poderosos, entre otras cosas, porque nadie se atreve a indagar en qué paran todos esos procesos escandalosos que cada contralor denuncia en su período, ni mucho menos si se inician acciones de repetición contra quienes persiguen casi que con odio a quienes luego, en la serenidad de los juicios, logran demostrar su inocencia, pero después de que los han despedazado en las páginas judiciales.
Me niego a creer que todos hayan olvidado lo que fue ese control de advertencia o previo ejercido por la Contraloría, por cuenta del cual, por ejemplo, terminó preso y condenado Aníbal Martínez Zuleta, porque en su administración se hizo notorio el peaje que cobraba el ente de control.
Mi mejor recuerdo de lo que queda de esa revisión preliminar es un personajillo que trabajó muchos años como visitador o inspector de la Contraloría de donde salió riquísimo, tanto que hoy, 25 años después de haberse jubilado, sigue gozando de esa plata mal habida y pontificando en los tertuliaderos sobre la moralidad pública. Alguna vez presencié cómo alguien que lo conocía le preguntó a este delincuente de cuello blanco si no temía por sus indelicadezas en la Contraloría, a lo que con la frialdad propia de una morsa contestó que estaba tranquilo porque en su caso ya todo estaba prescrito. Y esa ha sido su única verdad.
Una Contraloría que además de vigilar a posteriori puede advertir es un semidios. Y es allí donde asoma la vieja sombra de la corruptela que creció en esa entidad, que por cierto ha visto cómo varios de sus contralores terminaron presos. No tengo motivo alguno para siquiera sospechar que el joven contralor Córdoba, cuya gestión apenas arranca, pretende adquirir poderes exorbitantes para abusar de ellos, pero por lo pronto le conviene no desafiar la experiencia. Es mejor que ejerza sus funciones con lo que tiene, sin espectacularidad y con serenidad. Parece más sensato no propiciar escándalos o suprimir las contralorías regionales, por lo general focos de bandidaje, que embarcarse en la aventura de restablecer el corruptor control previo.
Adenda No 1. En la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez han crecido la impunidad y las persecuciones a sus críticos o enemigos personales, y además una corrupción que jamás se había visto en el ente acusador. Período desastroso y peligroso.
Adenda No 2. Se lució el canciller Carlos Holmes con las salidas racistas y xenófobas del troglodita e ignorante de Alejandro Ordóñez en la OEA.
Anunció el contralor Carlos Felipe Córdoba, seguramente con buenas intenciones, que ha incluido en un proyecto de acto legislativo un par de artículos que pretenden restablecer el control previo al uso de los recursos del Estado. Según el alto funcionario, la Contraloría no puede seguir llegando tarde a los saqueos al erario y por eso reclama que le restablezcan la función de advertencia que, en hora buena, le quitó la Corte Constitucional en 2015, conservando además la del control posterior.
¿Sirvió en el pasado el control de advertencia a los anteriores contralores? Me temo que no. Las contralorías filtran noticias de hallazgos fiscales, penales y disciplinarios, que convierten en escándalos, en muchas ocasiones con brújula política para causar daño a algún partido o un candidato en ciernes. Valdría la pena conocer los resultados reales de la recuperación de dineros realizada por las investigaciones y sanciones de las contralorías, como también saber qué pasa en los pleitos contra el Estado, en especial en los tribunales internacionales, por cuenta de decisiones de la Contraloría que la galería aplaude convirtiendo en héroes efímeros a los contralores, pero cuyas condenas multimillonarias luego tenemos que pagar todos. Ese balance mostraría la precaria actividad que en esa materia muestran las contralorías, en todos los tiempos.
Tal es la ligereza con la que se ha procedido que, por ejemplo, en la administración caótica de la contratadora Sandra Morelli, ella tuvo el arrojo de decirle al país que había recuperado billones de pesos, cuando en verdad esa supuesta cifra era solamente el monto de los bienes que ella pretendía embargar y secuestrar, medidas que en su mayoría luego cayeron pulverizadas, eso sí, en silencio de los medios.
Son las grandes mentiras que se agencian de las que salen bien librados ciertos poderosos, entre otras cosas, porque nadie se atreve a indagar en qué paran todos esos procesos escandalosos que cada contralor denuncia en su período, ni mucho menos si se inician acciones de repetición contra quienes persiguen casi que con odio a quienes luego, en la serenidad de los juicios, logran demostrar su inocencia, pero después de que los han despedazado en las páginas judiciales.
Me niego a creer que todos hayan olvidado lo que fue ese control de advertencia o previo ejercido por la Contraloría, por cuenta del cual, por ejemplo, terminó preso y condenado Aníbal Martínez Zuleta, porque en su administración se hizo notorio el peaje que cobraba el ente de control.
Mi mejor recuerdo de lo que queda de esa revisión preliminar es un personajillo que trabajó muchos años como visitador o inspector de la Contraloría de donde salió riquísimo, tanto que hoy, 25 años después de haberse jubilado, sigue gozando de esa plata mal habida y pontificando en los tertuliaderos sobre la moralidad pública. Alguna vez presencié cómo alguien que lo conocía le preguntó a este delincuente de cuello blanco si no temía por sus indelicadezas en la Contraloría, a lo que con la frialdad propia de una morsa contestó que estaba tranquilo porque en su caso ya todo estaba prescrito. Y esa ha sido su única verdad.
Una Contraloría que además de vigilar a posteriori puede advertir es un semidios. Y es allí donde asoma la vieja sombra de la corruptela que creció en esa entidad, que por cierto ha visto cómo varios de sus contralores terminaron presos. No tengo motivo alguno para siquiera sospechar que el joven contralor Córdoba, cuya gestión apenas arranca, pretende adquirir poderes exorbitantes para abusar de ellos, pero por lo pronto le conviene no desafiar la experiencia. Es mejor que ejerza sus funciones con lo que tiene, sin espectacularidad y con serenidad. Parece más sensato no propiciar escándalos o suprimir las contralorías regionales, por lo general focos de bandidaje, que embarcarse en la aventura de restablecer el corruptor control previo.
Adenda No 1. En la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez han crecido la impunidad y las persecuciones a sus críticos o enemigos personales, y además una corrupción que jamás se había visto en el ente acusador. Período desastroso y peligroso.
Adenda No 2. Se lució el canciller Carlos Holmes con las salidas racistas y xenófobas del troglodita e ignorante de Alejandro Ordóñez en la OEA.