Dados cargados

Respeto el dolor de toda persona privada de su libertad, incluido el exministro Diego Palacio, pero su desesperado esfuerzo por beneficiarse de la Justicia Especial de Paz (JEP) suscita desconcierto.

El argumento según el cual todo lo que hicieron los ministros uribistas para garantizar la reelección de Uribe fue pensando en derrotar a las Farc es caricaturesco. Tendrían que reconocer, entonces, que si ese fue el propósito de la malhadada reelección que tanto daño le causó a la Nación, fracasaron estruendosamente, porque tampoco en el segundo período del uribismo acabaron con las Farc, ni con el Eln, y en cambio sí crecieron la corrupción y la inseguridad.

Hay que recordar unos detalles que Palacio parece haber olvidado. Cuando fue condenado presentó una tutela contra esa decisión, en la que pretendió acreditar la supuesta persecución política de los magistrados en su contra, para lo cual aportó como “prueba reina” grabaciones de deliberaciones reservadas de los togados que fueron obtenidas ilegalmente por el gobierno al que él pertenecía. Con el cuerpo de un delito se buscaba exculpar otro delito.

Lo que no reveló Palacio fue que lo grabado en esa oportunidad correspondía a una sesión del pleno de la Corte, donde discutían un impedimento del fiscal Mario Iguarán en el proceso que se adelantaba contra el exministro Sabas Pretelt. En ese debate varios magistrados se refirieron a la necesidad de que la Corporación apreciara las connotaciones políticas que implicaría la decisión que estaban por adoptar al marginar al fiscal de turno del conocimiento de tan delicado litigio, pero el exministro Palacio presentó descontextualizada la grabación espuria y le atribuyó el carácter de confesión de la supuesta persecución política de la Corte. La tutela, como era de esperarse, no prosperó por su improcedencia.

El exministro Palacio ha insistido en que fue víctima de una persecución judicial ejecutada por los magistrados que habían sido grabados ilícitamente, y que además no se le había garantizado la segunda instancia. Se le olvidó que la Sala Penal que lo condenó estaba integrada en su mayoría por conjueces, pues los titulares se habían declarado impedidos; es decir, los supuestos perseguidores no fallaron su asunto. Y tampoco recordó que no contó con segunda instancia porque no la preveía la ley, pero sobre todo porque gozaba del privilegio de ser investigado y juzgado por la cabeza de la justicia ordinaria.

Después de todo esto, resulta exótico que el exministro Palacio pretenda que la JEP revise la sentencia condenatoria en su contra, pero sin reconocer falta alguna y sin asumir compromiso de contar la verdad y asegurar la no repetición, lo que sencillamente es casi que alucinante. La sola lectura del artículo transitorio 11 del Acto Legislativo que creó la JEP desautoriza la pretensión de Palacio, porque esta norma impone al condenado que busca la sustitución de sanción impuesta por la justicia ordinaria que “reconozca verdad completa, detallada y exhaustiva”.

Es difícil comprender que ahora al Centro Democrático no le parezca que la JEP sea fuente de impunidad, porque los interesados serán sus exministros o los militares involucrados en los “falsos positivos”. Denigrar de la JEP para luego acogerse a ella, pero además tergiversando su finalidad en el marco del proceso de paz al que le dijeron no en las urnas, es una muestra imperdonable de incoherencia y oportunismo.

Reitero que deploro la personal situación de Diego Palacio, porque ni al peor enemigo se le desea la pesada carga de la prisión, como sí lo hace el Centro Democrático con sus críticos, pero la JEP no puede operar sin justicia, verdad, reparación y no repetición, ni puede convertirse en un juego de tahúres.

Adenda No 1. Indignante que después del horror que han padecido las gentes de Trujillo en el Valle del Cauca, donde una alianza siniestra de miembros de la Fuerza Pública y el narcotráfico asesinó a más de 300 personas inocentes, todavía sean amenazadas, como lo ha denunciado la hermana Maritze. ¿Dónde está el Estado que reconoció su responsabilidad en esas masacres?

Adenda No 2. Inquietante señal que el presidente Santos culpe a los medios y a sus dueños del ambiente de pesimismo económico que se vive en el país. Le conviene serenarse y no parecerse al capataz agresivo e intolerante de Uribe Vélez.

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