De nunca acabar

Dos interpretaciones erradas generó la tardanza de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en expedir las primeras sentencias contra la plana mayor de las FARC y doce exmilitares del batallón “La Popa” por “falsos positivos”:

• La primera, que muchos quisieran regresar al horror pues parecen no recordar lo que fueron esos años de terror en los que los insurgentes secuestraban, extorsionaban y mataban a la población civil.

• La segunda, que la justicia transicional había costado un infierno y no había servido para nada.

Si estas primeras sentencias de la JEP hubieren sido dictadas en el primer año luego de haberse firmado el Acuerdo de Paz en el teatro Colón, como lo esperábamos, las gentes muy seguramente habrían recibido esas decisiones como reparadoras y no como hoy las están interpretando.

Allí siempre estuvo al acecho esa legión de enemigos agazapados de la paz —como lo denunciara con más timidez que resolución el exministro Otto Morales Benítez— comandada por Álvaro Uribe Vélez y otras yerbas del pantano que siempre detestaron la JEP.

Aprobar la paz no fue fácil, empezando por la inesperada derrota del plebiscito en el que, por escasa mayoría, los colombianos le dijeron inicialmente no al Acuerdo de Paz. Entonces se supo que un alto dirigente del uribismo había diseñado la campaña de desinformación para que la gente saliera a votar “emberracada”, como sucedió. Fue necesario remendar a medias lo que en las urnas no se había conseguido, pero quedó claro que no iba a ser fácil que las FARC se desmovilizaran frente a un establecimiento que hasta hoy sigue viendo esto como una empresa criminal. Más tarde vino el entrampamiento de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y, para acabar de rematar, el gobierno ultraderechista y torpe del ex subpresidente Iván Duque y la persecución del taimado y perverso exfiscal Francisco Barbosa hicieron trizas la paz, y su implementación quedó herida de muerte y abiertas las puertas para que proliferaran las disidencias de las FARC, que hoy amenazan al país, como ocurría antes.

Ahora, finalmente se profieren los primeros fallos de la JEP y oímos muchas voces quejándose de que esas decisiones no son justas ni reparadoras, pero eso fue lo que se negoció entre la insurgencia y el Estado colombiano. Discrepo de esas posturas tan críticas y desmemoriadas porque todos sabíamos que cuando la JEP condenara a los insurgentes que se desmovilizaran y aportaran verdad —como sí lo han hecho— las condenas no iban a ser a muchos años de prisión, porque se trataba en últimas de crear condiciones para una paz sostenible y duradera.

No resulta fácil comprender los reclamos de quienes hoy se duelen de que los jefes de las extintas FARC no hubiesen sido condenados a penas de prisión de 60 años y en cárceles de máxima seguridad, si desde 2016 se sabía que las condenas no excederían de ocho años ni conllevarían reclusión ni custodia policial continua, sino restricciones si se quiere menores como la limitante para la movilización en determinados territorios y con algunos controles. Esta no es la hora de criticar a la JEP por haber proferido fallos dentro del marco de lo que fue aprobado, sino la de entender que ese fue el sacrificio que la sociedad tuvo que hacer para que el tenebroso grupo de las FARC dejara las armas y llegara la paz.

Por supuesto, son entendibles las voces de las víctimas que padecieron secuestros, quienes han expresado su indignación frente a las penas impuestas por la JEP a sus captores. Ante estos reclamos legítimos de quienes personalmente padecieron las humillaciones es imposible negar que tienen razón en su inconformidad; empero, también la tienen los millones de compatriotas que estuvieron esperanzados en pactar esa paz con las FARC que, quiérase o no, con todos los tropiezos que ha tenido, sí trajo beneficios colectivos. Imposible siquiera sugerirle a una víctima de las FARC o de los falsos positivos que doble la página de la infamia padecida y que perdone lo imperdonable.

No hay que sumarse al coro de quienes nada les hubiere servido, porque esos pesimistas y disociadores ya no se quejan de las condenas sino de que exista la JEP. Al Estado le corresponde la tarea nada fácil de obligar a que haya una efectiva reparación de las víctimas para que puedan aceptar, o al menos recibir, las disculpas que tardíamente han pedido los victimarios y disfrutar para siempre de un país en paz.

Adenda. Petro misógino, ordinario, pero sobre todo desagradable.