En mis clases y en innumerables escenarios académicos he sostenido desde hace varios años reparos al otorgamiento de facultades excesivas a entes de la rama ejecutiva para el ejercicio de sus funciones, en mala hora para el Estado de Derecho, como las concedidas a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Ese poder exagerado de despojar de celulares a las personas, obligarlas a entregar sus computadores, menoscabar su intimidad y someterlos prácticamente a tratos inhumanos, todo para contribuir a las investigaciones administrativas, amenaza la democracia. Quienes insisten en defender semejante adefesio alegan que, gracias a esas prerrogativas atropellantes, se han logrado imponer cuantiosas multas en favor del erario y en contra de empresas comprometidas en operaciones de acuerdos para manipular precios. Ese argumento, ética y estéticamente, es deleznable, aunque parezca atractivo.
Por supuesto, jamás estará bien que poderosos empresarios se concierten para manipular precios y por eso, cuando cruzan esa línea indecente, merecen ser sancionados, pero nunca el remedio puede ser peor que la enfermedad. Un servidor ajeno al sistema judicial dueño de poderes invasores que ni siquiera le han sido reconocidos a los propios jueces, no es indiferente a las presiones políticas y a las pasiones partidistas y menos que por obra de esas tensiones no solo deje de ser imparcial, sino que tampoco lo aparente.
El debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales están por encima de los resultados. Sostener lo contrario sería tan absurdo, como si a la Fiscalía y a los jueces penales les fuese permitido torturar a los sospechosos para hacerlos confesar. Si los delincuentes fuesen sometidos al suplicio seguramente habría más condenas, pero un Estado verdugo generaría más violencia que seguridad e indignidad.
No basta que las facultades de la SIC estén consagradas en la ley y ni siquiera que la Corte Constitucional les haya dado el visto bueno, ni tampoco que en algunos países se sientan cómodos con esas posturas totalitarias. Cualquier funcionario público debe construir la certeza de sus decisiones acatando la ley, y sobre todo sin ultrajar a nadie. Cuando un servidor sacude los derechos del ciudadano, sometiéndolo a tormentos y procedimientos horribles desterrados de la cultura occidental, la comunidad con razón teme y pierde confianza en las instituciones supuestamente legítimas.
No me alegra que alguien sea condenado por la Procuraduría, pero este fallo de ahora, así sea de primera instancia, es histórico y ejemplarizante porque le está recordando al país que ningún funcionario puede sucumbir a la tentación del abuso del deber. No se desconoce el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que permanece intacta a pesar de estar comprometidos en una sentencia que deberá ser revisada por otro procurador.
De ser cierto lo que refieren las noticias, los funcionarios de la SIC andaban husmeando documentos o evidencias vinculadas con esa garrotera que este Gobierno armó contra una compañía contratada para la elaboración de los pasaportes. Eso no es un secreto y, en cambio, sí fue una malhadada coincidencia que haya sido precisamente la SIC, la influyente oficina pública bien cercana a la Presidencia de la República, la beligerante protagonista de unas pesquisas enderezadas justamente contra una sociedad comercial que tanto detestan en la Casa de Nariño. Ojalá los sancionados de la SIC logren disipar la duda mortal, de la que hablaba Racine, de que obraron siguiendo instrucciones de una voz superior que no es difícil adivinar quién habría sido y que actuaron con autonomía e independencia.
Independientemente de que eventualmente en segunda instancia se llegare a revocar esta sanción disciplinaria, de todas maneras, es reconfortante para la democracia que al menos la Procuraduría haya puesto sus ojos en una controversia que estaba por estallar desde hace varios lustros. Esperemos que en el próximo gobierno a alguien se le ocurra promover la abolición de poderes exorbitantes de la administración y en restituir todas las garantías a la ciudadanía.
Adenda No 1. Alarmante la noticia de que fiscales de Manhattan y Brooklyn de los Estados Unidos investigan criminalmente al presidente Gustavo Petro.
Adenda No 2. El doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, literalmente debe estar sudando petróleo luego de que la USO pidiera su renuncia, no sin razón.
