Deje así

Este habría sido el momento propicio para que Gobierno, organismos de control y Fiscalía investigaran a los exfuncionarios de todos los niveles y a los actuales servidores públicos que aparecieron en Pandora Papers.

Pero aquí no hay autoridad que tenga el coraje de hacer esa gran auditoría. El subpresidente Iván Duque ha desperdiciado la gran oportunidad de trazar un patrón ético. Su declaración cómplice defendiendo a los que están en Pandora Papers, con el tibio argumento de que tener plata en paraísos fiscales no es delito con tal de que esté declarada aquí, permite comprender por qué en su cuatrienio están pasando cosas censurables. Mientras haya gobernantes como Duque —quien con su precaria ética cree que da lo mismo ser hombre público o cualquier particular con cuentas en paraísos fiscales, o que está bien bombardear un sitio donde se sabe que hay menores de edad—, no hay posibilidad de enderezar el rumbo de una nación corrompida.

No, señor Duque, el hombre que escala responsabilidades políticas no puede andar enredado en negocios, ni tampoco sus familiares. Se ve muy mal un mandatario que en todas las visitas de Estado lleva al exterior a uno de sus hermanos, más todavía si esos periplos propician encuentros con empresarios e inversionistas. Un político tiene que estar alejado del ruido traidor del metal de las monedas y de las tentaciones del emprendimiento empresarial, pero sobre todo tiene que estar dispuesto con su familia a que le revisen hasta el último centavo.

Todavía recuerdo a un lagartico que, cuando su nombre apareció en los Panama Papers, con cinismo explicó que todo estaba declarado, pero omitió un detalle que no todos olvidamos: no se puede estar en un cargo público y abrir cuentas con cuantiosas divisas extranjeras en un paraíso fiscal. Eso huele mal en la función pública. Así de claro debería tenerlo también quien administra, controla y recauda los impuestos.

En efecto, por más que Duque con sus flexibles resortes morales sostenga que aquí no ha pasado nada mientras todo esté declarado, y que esta vez el otrora implacable exdirector de Impuestos Juan Ricardo Ortega absuelva a sus amigotes que están en esa lista, lo cierto es que el doctor Lisandro Junco no tiene las condiciones mínimas de credibilidad y respeto para seguir siendo director de la DIAN.

El doctor Junco ha incurrido en una falta disciplinaria que tampoco ha visto la procuradora Cabello, pues reveló que de esos 588 compatriotas incluidos en Pandora Papers solo tres no habían reportado tales bienes a la DIAN que él dirige. Es decir, él mismo, que aparece en esta nómina, ya adelantó una investigación a quienes como él fueron denunciados por tener cuentas en paraísos fiscales. No le pareció al indelicado director de la DIAN que una vez aparecido su sonoro nombre en esa lista tan incómoda, si no iba a renunciar, como debió haberlo hecho de tener respeto por el oficio, al menos ha debido declararse impedido para liderar o propiciar cualquier comprobación a quienes están en su misma situación. La razón es simple: estaba impedido y lo sigue estando hasta para mover un lápiz. En su infinita soberbia y torpeza, Junco dirá que, si pudo abrir cuentas paradisiacas, como director de la DIAN tenía además el poder de autoexonerarse a través del confuso expediente de liberar a otros de las mismas culpas.

El país se está quedando sin conocer los montos de las inversiones manejadas por todos esos personajes de Pandora Papers —en especial las cuentas de Marta Lucía Ramírez y su exsocia Ángela María Orozco, y las de los expresidentes Andrés Pastrana y César Gaviria— y, lo que es más importante, de dónde provienen tan importantes recursos. Gaviria asegura que sus platas están debidamente reportadas, pero a muchos nos quedó la inquietud de por qué el poderoso jefe del liberalismo apareció con esa cuenta en un paraíso fiscal asociada a operaciones de hidrocarburos.

En Chile el mismo asunto amenaza con tumbar a Piñera, pero aquí estamos en el país del deje así.

Adenda No 1. Me resisto a creer que el Consejo de Estado regale a la ultraderecha el control de la Corte Constitucional, si, como algunos vaticinan, incluye en la terna de candidatos a esa corporación a los coyotes que sabemos.

Adenda No 2. El Congreso está aprobando una reforma a la justicia plagada de “micos”, facturada para legalizar la impunidad y fortalecer el clientelismo judicial.

notasdebuhardilla@hotmail.com