Son muchas las aristas que se han conocido sobre el tema de la liberación del exsenador Arturo Char: desde quienes opinan que el juez que lo excarceló obró bien mientras la mayoría cree que lo hizo muy mal, hasta el reclamo legítimo de El Espectador para que se establezca de una vez por todas si ese poderoso señor es o no culpable del fraude electoral, porque, como muy bien lo aseveró en el editorial, no es razonable que solamente esté presa Aída Merlano por estos hechos cuando de lo que se tiene noticia es de un viejo entramado gigantesco de corrupción para comprar votos.
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Hay que empezar por el principio. No puede entenderse por qué a la Corte Suprema se le tenían que vencer los términos para imputar o archivar un proceso tan delicado, como sin duda lo es el que involucra al exsenador barranquillero.
Se sabe que el magistrado que venía conduciendo este proceso pidió una licencia, por lo que el expediente lo tomó la magistrada Cristina Lombana en noviembre pasado, en cuyo despacho agonizaron los términos. Lombana está obligada a explicar por qué no pudo proceder en ningún sentido, si se trataba de un litigio de trascendencia nacional.
La doctora Lombana es una funcionaria que suscita inquietudes por su beligerancia y su no disimulada militancia política de derecha y más concretamente uribista. Con razón o sin ella, lo cierto es que esa es la fama o el perfil que ha construido por varias actitudes que no habíamos presenciado antes a ningún otro togado, como cuando pretendió posesionarse vestida de oficial del ejército. Aunque la señora tuvo que prestar el juramento vestida de civil, el solo hecho de que hubiere pretendido llegar luciendo el vistoso uniforme verde comprometió su independencia y autonomía. Eso sin sumar las críticas que su comportamiento, ya como magistrada, ha suscitado, muchas de ellas comentadas en respetadas columnas de opinión.
En lo personal estoy en capacidad de opinar que cuando en alguna ocasión concurrí como defensor de un distinguido senador al despacho de la doctora Lombana, me quedó la sensación ingrata de que no es serena y que la gobiernan sus antipatías personales y políticas. Su convulsionado torrente sanguíneo y su arrogancia no le permiten transmitir confianza ni respeto, porque además deja sentir un tono autoritario y déspota. Por eso no es extraño que el resto de sus colegas de la Sala de Instrucción hayan censurado su empeño en no reconocer a un congresista denunciado por calumnia su derecho inviolable de la inmunidad parlamentaria, con el precario y riesgoso argumento de que primero había que someter al parlamentario a una indagación para posteriormente sí decidir si era o no inmune a la justicia. La mejor manera de ultrajar no solo su dignidad, sino sus derechos. Si aquí el Congreso no viviese atemorizado por el poder de las altas cortes y hubiese un vocero suyo encargado de velar por los derechos de los parlamentarios, como el de hacer respetar su inviolabilidad, ya habrían llamado a rendir cuentas a esta magistrada por el arrojo de haber pisoteado una garantía fundamental e inherente al ejercicio de la tarea como congresista. Esta peligrosa teoría de Lombana amenaza la democracia, pues cada vez que un parlamentario sea denunciado por injuria o calumnia por lo que dijo en un debate o en una entrevista deberá encomendarse a la santísima trinidad y no a la Constitución.
Pero volvamos a Char. La doctora Lombana tenía que saber que se le iban a vencer los términos en este caso y que obviamente tan importante detenido y sus abogados no se iban a quedar quietos, porque legalmente tenían derecho a promover el habeas corpus que presentaron. En vez de haberse trasnochado para preparar una decisión de archivo o preclusión que la pusiera a salvo del desprestigio y de la sospecha, prefirió guardarse sus razones para defender en el seno de la Sala el derecho de Char a ser liberado porque, con su desidia, se vencieron los términos, cuando varios de sus compañeros hacían otras cuentas.
En un país serio y respetuoso de la justicia no puede pasar eso en ningún despacho, mucho menos en la cúspide judicial. Y si pasa, el funcionario comprometido, por simple decoro, debería renunciar para no ofender más su oficio.
Adenda: Producen lástima el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su locuaz antecesor, José Antonio Ocampo, alegando que estaban listos los recursos para los Juegos Panamericanos, que nunca vio la anodina ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez.
