Desastre tras desastre

El candidato Gustavo Petro acariciaba la posibilidad de echar mano de la solución de decretar el estado de desastre natural y luego, ya en el poder, ha intentado convencernos de que el clima de estos tiempos tiene proporciones de diluvio universal. Por eso, antes de los 100 primeros días, Petro ya decretó el desastre natural previsto en la Ley 1523 de 2012, poderoso instrumento que le permitirá gobernar a su gusto, casi que solito, como ha dado muestras de que es su preferencia. Igual hizo Duque, sin que quienes critican ahora a Petro entonces hubieren expresado reparos.

La declaratoria de desastre natural otorga facultades exorbitantes al Gobierno para muchas cosas hasta por un término inicial de 12 meses, prorrogables por una sola vez por el mismo lapso. Difícil prever que las condiciones de esta catástrofe se prolonguen por tanto tiempo, pero sería curioso que estas puedan estar vigentes por dos años, la mitad del período presidencial.

¿Y qué es lo que le será permitido al Gobierno hacer, adelantar o ejecutar en los próximos 12 meses? La lista no es corta. En efecto, el propio Petro en reciente rueda de prensa anunció que el Gobierno necesita trasladar recursos no agotados de los presupuestos de otras entidades a la Unidad de Gestión del Riesgo para que pueda enfrentarse esta colosal tragedia de la que solo parece estar consciente el mismo Gobierno. Lo cierto es que los que saben no creen que para trasladar dineros del presupuesto sea menester declarar al país en estado de desgracia natural, pero basta que este Gobierno sí lo crea.

Tengan razón los expertos o los funcionarios, la declaratoria de la debacle le servirá al Gobierno no solamente para trasladar dineros de una caja a otra, sino además para contratar sin engorrosos trámites hasta empréstitos sin límite de cuantía; ocupar, adquirir, demoler y expropiar inmuebles por vía administrativa; imponer toda clase de servidumbres; reubicar asentamientos; intervenir en la solución de conflictos; decretar la moratoria o refinanciación de deudas; suspender juicios ejecutivos; otorgar créditos para afectados; conceder incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administrar y destinar donaciones, y cuanta medida se le ocurra que pueda contribuir a garantizar el regreso a la normalidad. Como dicen en el Valle del Cauca, al que quiera más que le piquen caña.

Todas esas medidas parecen razonables ante una catástrofe o una verdadera emergencia irreversible. El Gobierno dirá que tiene evidencias de que enfrentamos esa situación, pero la verdad es que, a pesar del duro invierno y de las dramáticas situaciones que se están viviendo en algunos departamentos, no hay la sensación de que esto sea una hecatombe. Hay ejemplos mucho más contundentes, como cuando el volcán Nevado del Ruiz sepultó a Armero o cuando un terremoto sacudió el Eje Cafetero, inclusive cuando el huracán de hace un año dejó en ruinas a San Andrés y Providencia, oportunidad en la cual Duque, con base en la misma ley, amplió sus facultades de contratación y nada resolvió. Lo de ahora sí es grave y, aunque es posible que empeore, cuando la naturaleza ataca la cosa es más complicada.

Desmentir al Gobierno sobre lo que está ocurriendo o está por suceder sería irresponsable. En todo caso, la dificultad no está en los traslados presupuestales que tanto inquietan a Petro, pues estos se pueden ejecutar con o sin declaratoria de nada. Lo que sí no se puede ignorar es la malhadada coincidencia de que el Gobierno gozará de la ventaja de contratar directamente en época preelectoral, lo que le permitirá llegar a los municipios con recursos que pueden terminar en manos de los alcaldes o contratistas afines, valiéndose de un proceso muy ágil de contratación a través de una fiduciaria.

Ojalá esto no termine en los abusos al estilo Duque o en un cataclismo peor, porque el Gobierno, con la excusa de que hay que resolver los efectos de las lluvias, durante al menos 12 meses tendrá palanca política y financiera para incidir en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes.

Adenda. Bien que el crucifijo que sobrevivió al holocausto del Palacio de Justicia sea declarado patrimonio cultural. Pero que lo cuelguen en un museo y no en la sala de audiencias de una alta corte del Estado laico donde se administra justicia y no la fe católica.

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