No sorprende que ahora hayan despojado de algunas condecoraciones al general (r) Arias Cabrales, sino que ello no hubiere ocurrido antes, si el oficial está condenado penalmente desde hace varios años. ¡Ecos de la seguridad democrática!
Gracias por ser nuestro usuario. Apreciado lector, te invitamos a suscribirte a uno de nuestros planes para continuar disfrutando de este contenido exclusivo.El Espectador, el valor de la información.
No sorprende que ahora hayan despojado de algunas condecoraciones al general (r) Arias Cabrales, sino que ello no hubiere ocurrido antes, si el oficial está condenado penalmente desde hace varios años. ¡Ecos de la seguridad democrática!
Es legítimo que inclusive el gobierno de Petro despoje a Arias Cabrales de las medallas que hubiere recibido como militar, en particular la que le fuera otorgada por su participación en la retoma del palacio de justicia. Cierto es que fueron los guerrilleros del M-19 quienes propiciaron el criminal ataque al templo judicial, pero también lo es que la recuperación de ese edificio fue un acto brutal de la fuerza pública que le mereció a Arias su destitución impuesta con carácter y firmeza por el procurador de la época, y luego numerosos fallos judiciales que condenaron patrimonialmente a la nación y penalmente a distintos oficiales comprometidos en esa operación.
Lo que es irrazonable es la reacción furiosa del general Zapateiro y de la senadora Maria Fernanda Cabal, calificando de vengativo y arbitrario al gobierno que solamente aplicó el decreto 1070 de 2015, el cual dispone la pérdida o retiro de premios dispensados a un oficial que luego es condenado penalmente. Eso tiene lógica, pues una aclamación obviamente se marchita si el ungido después termina siendo responsable de un delito.
Los españoles han vivido situaciones semejantes con el retiro de las distinciones que en su larga dictadura recibió Francisco Franco. Hasta el club de fútbol Barcelona recientemente tuvo que retirarle al sátrapa las medallas que en vida le entregó. También la Universidad de Santiago de Compostela se vio forzada a retirarle el doctorado honoris causa que confirió a Franco por no tener los méritos académicos para tan alta distinción. La ley de Memoria Democrática ha removido los cimientos de los rencores no superados de los españoles, sobre todo porque los franquistas están todavía dolidos de que los cadáveres de Franco y el jefe de la Falange, José Antonio, hayan sido exhumados del Valle de los Caídos donde permanecieron enterrados por décadas. Pero no solo llueve en España, sino inclusive en Francia, donde una destacada universidad tuvo que enfrentar la vergüenza de tener que bajar del pedestal de hombres ilustres a Franco. Eso no es nuevo, porque también los franceses degradaron a su héroe de la primera guerra mundial el famoso Mariscal Pétain, condenado a muerte por traicionar su patria en la segunda guerra mundial, pena capital que De Gaulle conmutó por la prisión perpetua.
Aquí en Colombia hemos asistido, por ejemplo, a la insólita y humillante adulación que el dictador Gustavo Rojas Pinilla dispensó durante los años 50 a León María Lozano, el temido bandolero conservador, alias El Cóndor, armado por la dirigencia y elites godas del Valle del Cauca para asesinar liberales. Las gentes de aquellos tiempos debieron de sentir no solo temor de ver honrado al más alevoso criminal de la región, sino indignación de que la Cruz de Boyacá fuera entregada por el propio presidente de la República a un asesino. La dictadura cayó y vino el pacto de impunidad del Frente Nacional, y no hubo nadie que se atreviera a enmendar el yerro de elevar a este “pájaro” a la categoría de héroe.
Es de suponer que otros laureados con iguales o semejantes distinciones no les debe gustar compartir idénticos galardones con alguien condenado penalmente. Eso es lo que las reglas de la experiencia consideran probable; empero, otra cosa creen los alfiles de la más rancia ultraderecha, para quienes privar al general Arias Cabrales de unas medallas que él ya no merece no fue otra cosa que una venganza personal del exguerrillero Gustavo Petro. Mal puede hablarse de una retaliación personal, cuando el decreto que permitió adoptar esta determinación fue expedido en el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero claro, de lo que se trata es de envenenar la decisión atribuyéndole una connotación política que no tiene.
Lo que sí debería hacer el gobierno para acabar de despejar la sospecha del ajuste de cuentas contra Arias Cabrales sería revisar quienes han recibido coronas parecidas. Por ejemplo, hay que empezar por revisar los aderezos a los miembros del desprestigiado Cartel de la Toga y sus sobrevivientes, porque están en mora de devolver esas preseas.
Adenda. No se ve fácil que el Vaticano acepte liderar o presenciar una ronda de negociaciones con el ELN mientras este grupo no renuncie a los secuestros.
,