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Claro que alarma que un grupo insurgente supuestamente pretenda atentar contra el fiscal Barbosa, ataque que nadie le desea por él y por la fortaleza de las instituciones. Pero, descendiendo a los detalles, queda evidente la irresponsabilidad con la que todos, incluido el propio Barbosa, han manejado esto.
El rumor del supuesto atentado surgió hace dos meses, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) avisó del probable ataque. Luego, esta información fue corroborada por un funcionario de policía judicial que apoya a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la cual más tarde reiteró la Inteligencia militar: una misma fuente sin verificar su credibilidad.
¿Por qué razón esperaron tanto para denunciar? Que semejante bomba la hubiesen estallado cuando inició el cese al fuego entre Gobierno y el ELN, y además con la inesperada liberación de Nicolás Petro y su exesposa –baldado de agua fría para la Fiscalía politizada–, despierta dudas. Tanto más cuanto que Barbosa ha logrado invadir con el supuesto atentado los espacios noticiosos de todos los medios justo cuando se arrastra por el piso de encuestas desfavorables.
¿Qué revelaron los primeros pronunciamientos de la Fiscalía? Nada contundente como para sostener que esta conjura estaba fraguándose en Venezuela, por alias “Rolo”, un eleno desconocido, que dizque lidera un frente de guerra urbana, de cuya existencia tampoco sabíamos.
El ELN respondió que “es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando”. Aunque a ellos tampoco se les puede creer todo lo que dicen, no se había visto que Barbosa, la presunta víctima, en vez de exhibir pruebas del ataque, en actitud grosera llamara “miserable” a un alto funcionario por opinar sobre este confuso episodio y que replicara al agresor con el argumento frágil de que “uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente, cualquier organización pues saldría y diría que no está dentro de sus planes” (sic). Por el contrario, los insurgentes, tarde o temprano, reconocen sus crímenes y de ello hay testimonios.
Algo tan importante como el plan para asesinar a un fiscal amerita información corroborada. Al país solo se le han entregado conjeturas de un complot añejo que venía cocinándose meses antes. Según la Fiscalía, se habrían movido 3.000 millones de pesos para perpetrar el execrable crimen, pero tampoco hemos visto un solo recibo que dé cuenta de que hubo tales movimientos dinerarios. No se traslada tanta plata sin que no quede ningún rastro. Ahora Barbosa, también sin probar nada, encauza su campaña mediática a responsabilizar al Gobierno y acusa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de entregar información financiera al Ejército de la agresión que no tiene la Fiscalía. ¿Quién se lo dijo y cuándo? Tampoco hay un solo sospechoso detenido, como ocurría con Duque, en cuyos “atentados” tampoco hubo capturados. ¿Fallan CTI, policía judicial e inteligencia militar? A propósito, ya que el ministro de Defensa no respondió mi solicitud para que informara cuándo y cómo conoció inteligencia militar esta versión del atentado, sería útil que se sincerara.
Nadie puede afirmar que este sea un falso plan de atentado, pero tampoco asegurar su existencia. Las autoridades deben pronunciarse respaldadas con pruebas no con dimes y diretes, menos con la tempestuosa ira de Barbosa que lo ha llevado a hacer el ridículo al declararse ofendido porque Petro –a quien odia y maltrata– ni siquiera lo ha llamado. Lo cierto es que una conspiración del ELN contra el fiscal y en Venezuela les cae como anillo al dedo al antipetrismo y a los enemigos del proceso de paz con el ELN.
Una tentativa criminal no se vuelve real porque, con ligereza, los opositores del Gobierno se suban a la montaña rusa de los atentados o porque una alta Corte prácticamente lo dé por cierto sin una sola prueba. Que se publiquen todas las evidencias, como con sensatez lo reclamó el colegio de jueces y fiscales antioqueños, y que Barbosa se serene, ahora que por fin lo recibió el ingrato Petro.
Adenda: no es cierto que en la terna para Fiscal deban incluirse por igual hombres y mujeres. De acuerdo con el artículo 6 de la ley 581 de 2000 esa exigencia rige para integrar listas de candidatos no para ternas.
