EL CUESTIONADO PRESIDENTE Panameño, Martinelli, cierra el año revelando que otros dos ex funcionarios de Uribe, cuyos nombres dijo no recordar, también le pidieron asilo.
Un vocero del mandatario ha sugerido que Panamá no accederá, pero que la última palabra depende de la Cancillería. De aplicar la misma lógica irresponsable con la que han protegido a María del Pilar Hurtado —la niña consentida de Uribe— nada de raro tendría que abrieran las puertas a quienes la toquen.
En la sede presidencial panameña no preocupa la reacción colombiana por estas dos nuevas solicitudes de asilo del entorno íntimo de Uribe. Ya le midieron el aceite al gobierno Santos, y saben que aquí no hay notas de protesta, sino una que otra declaración de altos funcionarios a los medios, para expresar de dientes para afuera una leve molestia, como cuando el inconsulto refugio concedido a la ex directora del DAS.
Todo indica, pues, que la mayoría de la siniestra cúpula del uribismo irá a templar al Canal y a las soleadas playas de Panamá, dejando en ridículo a la justicia penal colombiana, que se ufana de estar estrenando un sistema penal acusatorio, que cada vez se parece más a la tosferina, porque solamente les da a los chiquitos.
Los Nule, para no ir muy lejos, se largaron hace rato, unos para Miami y otro para Panamá, y desde allá rinden las declaraciones que les da la gana, a una justicia indefensa que cada vez se arrodilla más. Ellos ponen la cara dejándose interrogar en los cómodos salones del Consulado de Colombia en Miami, la deliciosa ciudad donde todos los días parecen domingo. Olvidaron que aquí tienen que contar todo lo que saben, empezando por revelar los nombres de sus encopetados asesores jurídicos, con los que montaron y ejecutaron la fracasada operación que tiene en el colapso más de una obra pública.
En efecto, los testimonios de estos fugitivos empresarios barranquilleros, recientemente rendidos ante la Procuraduría, divulgados en la página web de Caracol Radio, constituyen una afrenta a la dignidad de la justicia. Callaron todo y lo que dijeron lo contaron a medias, al extremo que uno de ellos en plena diligencia pidió consultar a su abogado para definir una respuesta que tampoco suministró cabalmente.
Y hay más ejemplos, por cierto notorios. El director y el subdirector del DAS, Felipe Muñoz y Jaime Polanco, continúan campantes en sus cargos, pese a los señalamientos en su contra. Probablemente dirán —y en su peculiar universo no les falta razón— que si María del Pilar Hurtado está tranquila en Panamá con lo descubierto, nada deben temer, menos con una Fiscalía que ha sido sumisa con los funcionarios de alto rango.
El menosprecio por la justicia se ha extendido. En el Valle del Cauca, el gobernador Lourido implora al gobierno central que suspenda las elecciones para elegir su reemplazo, con lo cual él continuaría en el puesto, con el argumento de que la plata de la jornada electoral se entregue a damnificados del invierno. ¡Pura paja, oís! Lo que quiere es quedarse en el cargo, porque si el problema fuese plata, ¿por qué no paga los 16 mil millones que adeuda al erario local, como se lo ordenó otra sentencia judicial burlada?
Y para completar, el “garante de garantías”, como se autodenomina el procurador Ordóñez, por cuenta de sus pasiones religiosas extremistas, se alzó contra la sentencia de la Corte Constitucional que aprobó el aborto en tres casos. Es parte de su calculada campaña para hacerse reelegir o convertirse en jefe del conservatismo.
Esa es la dolorosa realidad. Nadie teme a la justicia, incluidos los más poderosos señores. Por eso, con el mayor desparpajo, un sector de la ultraderecha criolla consideró legítimo inventarse una fundación, Causa Justa, dizque para enfrentar a los jueces injustos, y eso que es algo más que un escándalo, a muy pocos importó.
Adenda. Personaje del año el joven: representante liberal Guillermo Rivera, por su empeño en la ley de víctimas.
