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EL ESCÁNDALO DE LOS SUBSIDIOS (AIS) que beneficiaron a los reeleccionistas y hasta a un narcotraficante no puede resolverse de la manera simplista y peligrosa como Uribe lo pretende, pidiéndoles a sus amigotes que devuelvan “la platica”, por “medios judiciales o extrajudiciales”.
En primer lugar, no se trata de “platica” sino de muchísimo dinero, que habría aliviado otros males. La sola estrategia de exigir que se devuelvan los recursos públicos, no parece que haya dado resultado, o, alguien sabe, por ejemplo, si los empresarios Nule de Barranquilla, consentidos de varios comunicadores, ya restituyeron el cuantioso “préstamo” de la Dirección de Estupefacientes, como en su momento también se los pidió Uribe.
En segundo lugar, cómo es eso que el primer mandatario amenaza con procedimientos “extrajudiciales” para que se recuperen los dineros que nunca debieron recibir sus aliados. ¿A qué se refería? Acaso a pedirle auxilio a la prestigiosa “oficina” de Envigado, o a repetir los “falsos positivos”. Al apóstol de la seguridad dizque democrática lo traicionó el subconsciente.
Adicionalmente, ¿cómo es que a estas horas lo único que sabemos es que el propio Gobierno, autor del descalabro ético y financiero de AIS, decide, por sí y ante sí, integrar un comité interventor con los mismos funcionarios que hicieron las concesiones graciosas de los subsidios, para que establezca lo que pasó? Yo con yo.
En efecto, es útil que el país sepa que la camarilla que maneja AIS por orden del Gobierno la componen un chileno y dos colombianos. El chileno, Jorge Caro, es el responsable del organismo internacional IICA, encargado de velar por la transparencia de los subsidios, por cuyo manejo recibe una jugosa comisión. Los colombianos, Daniel Montoya y Paola Falla, manejan directamente AIS, obviamente siguiendo las directrices de los ministros de Agricultura, y estos últimos las de Uribe. Este trío de incompetentes, por decir lo menos, parece estar más interesado en proteger a los delincuentes que se lucraron de los subsidios, que en permitir a los medios acceder a los documentos donde están las evidencias de estos crímenes. Sí, ahora resulta que para obtener copias de los papeles que ellos guardan, es preciso que la solicitud sea sometida a un dispendioso trámite en oficinas públicas, para que sea finalmente el Canciller quien las autorice. ¡Tapen, tapen, tapen!
Lo que resulta insólito es que ni la Fiscalía ni la Procuraduría hayan tomado efectivas cartas en el asunto. De no ser porque los medios destapan esta otra olla podrida, todo seguiría igual. Ya deberían estar presos varios de esos amigos de Uribe, que según él hicieron “trampas”, y además destituidos o suspendidos los Andrés, Fernández y Arias, los cerebros de este desfalco infamante. Pero no, el “Absolvedor” Alejandro Ordóñez prefiere prevaricar presionando al vacilante alcalde de Medellín, Alonso Salazar, para que cesen los abortos en la Clínica de la Mujer, antes que atreverse con los protegidos de la Santa Alianza.
Que tampoco nos crean bobos metiéndonos el cuento de que todos esos “buenos muchachos” se dejaron engañar. Ya sabemos en qué terminó el otro “buen muchacho” del DAS, Jorge Noguera, que también Uribe defendió a capa y espada.
Como el Gobierno se sabe dueño del Congreso y de los medios, este nuevo escándalo tampoco le importará, porque también es consciente de que esas indelicadezas le serán perdonadas, como las demás; al fin y al cabo el uribismo cree que se es honesto por mayoría. Con razón un amigo desilusionado sentenció que la fase superior del Estado de Opinión es el cinismo.
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Adenda. Aguda la novela póstuma de la periodista Silvia Galvis, Un mal asunto, sobre el asesinato de una senadora, que no puede ser otra que Marta Catalina Daniels.
