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ME QUEDÉ SIN ENTENDER LA SONRIsa con la que el nuevo ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, adornó su declaración de estirpe nacionalista frente a la nueva ley americana que, con razón, pretende encarcelar a todo sospechoso que participe de cualquier manera en la cadena del negocio del narcotráfico. En efecto, como la dura pero razonable ley gringa podría significar la extradición de quienes cultiven coca con fines de enajenarla para la producción de drogas ilícitas, el nuevo zar de la justicia salió sonriente a declarar que el Gobierno no extraditará jamás a un campesino.
Todo indica que el flamante ministro de Justicia del gabinete de la paz, alfil de la excontratadora, Sandra Morelli, no ha entendido cuál es su papel, ni la tarea del Gobierno frente al espinoso tema del tráfico de estupefacientes.
Por supuesto que la ley americana no está concebida para capturar en todos estos países de la región andina a los cultivadores de coca. Esa no es la idea. Lo que se pretende es que el peso de su justicia sea capaz de sancionar a muchos actores que participan indirectamente del negocio del narcotráfico, sin ser propiamente narcotraficantes. Por ejemplo, las famosas “natilleras”, como se conocen esos fondos comunes en los que muchas personas aparentemente honestas contribuyen económicamente para que otros coronen un cargamento de droga en los Estados Unidos, necesaria y efectivamente inciden en el consumo de estupefacientes, así no sean ellos mismos quienes los fabriquen, transporten y distribuyan en las calles americanas.
Pero nuestro ministro de Justicia responde, a una política coherente para perseguir los eslabones ocultos del narcotráfico, con una postura populista asegurando que no se extraditarán campesinos, cuando es obvio que nadie va venir por ellos. Naturalmente, nadie quiere que nuestros pobres campesinos terminen en las cárceles americanas, pero tampoco queremos que sigan cultivando coca a los ojos de todo el mundo y a pesar de las ruidosas campañas de fumigación con glifosato de vastas extensiones de tierra. Es aquí donde está el problema, que el ministro de Justicia aborda desde la óptica de defender a los campesinos de un ataque del que no están siendo víctimas.
Lo que debería oírse de un ministro de Justicia que entienda el alcance de la nueva ley de los gringos, es la promesa del Gobierno de crear programas serios y eficaces de sustitución de cultivos, de manera que todos esos campesinos, que sin querer participan del más jugoso negocio del planeta, vivan en paz, sin temor a ser perseguidos o a que sus fincas sean fumigadas con esos pesticidas que lesionan severamente el medioambiente.
Soltar la tontería de que el Gobierno no extraditará jamás un campesino no sólo es una invitación subliminal a seguir cultivando la coca, sino que reproduce el espíritu del discurso nacionalista de los “extraditables”, según el cual preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, el cual nos costó el más pavoroso terrorismo de que hayamos tenido noticia. Con todos sus defectos, lo cierto es que la extradición de nacionales ha permitido que muchos de ellos purguen penas reales en prisiones extranjeras, lo que aquí era un imposible, porque el sistema penitenciario criollo es corrupto y frágil, por decir lo menos. En su momento se oyeron voces de algunos ingenuos que apoyaban la pretensión de esos delincuentes de que no fueran tocados por la justicia americana, dizque para no violarles sus derechos al debido proceso y a la defensa, como si ellos no hubiesen transgredido las leyes extranjeras envenenando a jóvenes y niños y no fuesen merecedores de ser sancionados por los jueces de ese país.
Otro ministro que arrancó mal. Si este va ser el hombre de la justicia del posconflicto, como dicen, apague y vámonos.
