De nuevo el procurador, Alejandro Ordóñez, dejó rastro público de su intolerancia y de que es el enemigo número uno de la paz. Esta vez el escenario fue la asamblea anual de Fenalco, donde el jefe del ministerio público aprovechó que estaba hablándole a un grupo muy importante y selecto de comerciantes no propiamente liberales y librepensadores, para reiterar su famosa mentira de que quiere la paz y además que se firme rápido. El procurador se sentía como en su propia casa, entre tantos amigos y copartidarios, de esos que silenciosamente tiene por oficio atravesarse a las negociaciones en La Habana.
Obviamente el que habló en esa magna asamblea de hombres de negocios no fue propiamente un imparcial y honesto representante de la sociedad, sino un candidato presidencial en ciernes. Eso es Ordóñez: un avezado y avieso politiquero que anda buscando encuentros con sus más cercanos semejantes y potenciales electores, porque Fenalco es una organización igualmente politizada, antigobiernista, de inocultable talante derechista, atributos que comparte con este fatigante funcionario que de la Procuraduría hizo un directorio político al servicio de sus insanas aspiraciones personales, políticas y religiosas.
A Ordóñez lo llevaron ante unos empresarios para que los asustara con el fantasma de la revolución, que es como la ultraderecha criolla ve la posibilidad de que el proceso de paz en La Habana llegue a buen puerto. Este procurador aseguró en Fenalco que le preocupan la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la falta de confianza en la institucionalidad, pero se cuidó de aclarar que sólo en función de que esos flagelos le abran las puertas al “socialismo del siglo XXI”, no en cuanto sigan deteriorando las costumbres colectivas y la vida cotidiana de los colombianos. En otras palabras, personas de esta calaña bien pueden convivir con estos males endémicos siempre que ellos no terminen encausados en lo que con ironía y muchísima ignorancia estigmatizan como el socialismo de este nuevo milenio.
Pero el abuso del procurador, que de dientes para afuera pregona que quiere la paz que detesta visceralmente, fue todavía mayor, porque se atrevió a sostener que “ingenuos los que piensan que con la desaparición de esa guerrilla como aparato armado termina todo. No. Por el contrario —desde su punto de vista—, se inicia una nueva fase de lucha que persigue los mismos objetivos de siempre, ahora amparados por la legalidad”. En otras palabras, lo que hay detrás de esta brutal e insensata declaración es una censura abierta y provocadora para quienes habiendo estado en la insurgencia dejen las armas y opten por vincularse a la actividad política. En la enfermiza dialéctica de Ordóñez, resulta un desafío a las instituciones que quienes se desarmen y reintegren a la sociedad puedan hacer política y luchar desde la civilidad por sus ideales y programas. Y este es el hombre que quiere que sus compatriotas le creamos el cuento de que quiere rapidito la paz.
¿Cuál es la paz que quiere el procurador? Tal parece que la única que le serviría a él y a sus correligionarios es la paz de los cementerios impuesta por los vencedores a los vencidos. Que se apaguen los fusiles cuando el humo de la guerra haya arrasado a los insurgentes. Qué ceguera. No se dan cuenta que gracias a esta doctrina arrasadora y aniquilante con los contradictores hace 60 años nació el monstruo de las Farc que hoy insisten en derrotar a sangre y fuego. No hay remedio.
Adenda. No termina el drama de proveer las vacantes en las Cortes. El doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve, desde agosto de 2014 anunció que dejaría su cargo de magistrado de la sala Laboral de la Corte Suprema por cumplir edad de retiro forzoso, lo cual ocurrió desde diciembre de 2014. Ha pasado casi un año y no ha sido posible designar su reemplazo, lo que se ha traducido en más morosidad de esta corporación. ¿Por qué tienen que seguir sucediendo estas cosas tan insólitas?
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