Álvaro Uribe es un zorro en artimañas parlamentarias. Les hizo creer a sus colegas que renunciaba a la propuesta de crear una sala especial en la JEP para los militares, a cambio de que se nombren otros 14 magistrados en las diferentes salas de la misma. No hay tal. Ni el proyecto de la sala especial para oficiales está enterrado, ni la solución de nombrar otros 14 magistrados en la JEP es buena, ni inteligente, ni mucho menos conveniente, como con severidad ya lo anunció el fiscal de la CPI James K Stewart.
Como la propuesta de crear una sala especial para militares fue presentada en el curso del primero de ocho debates del proyecto de reforma a la JEP, adelante podría revivirse y aprobarse. Por eso Uribe no armó la grande todavía, pues en últimas lo que consiguió fue que su propuesta no se hundiera, cuando estaba virtualmente naufragando. Entonces aceptó la salida de nombrar 14 nuevos magistrados con lo cual calmó los apetitos burocráticos de sus contertulios, y de paso les metió los dedos en la boca a quienes creyeron que lo habían derrotado.
En efecto, esos 14 nuevos magistrados no tendrían el mismo perfil de quienes ya están oficiando como tales, pues ahora serían designados personas expertas en “Derecho Operacional”, lo que equivale a decir que serían exmiembros de la fuerza pública. En el terreno práctico eso significa que esos supuestos juristas han de serlo sobre todo en el manejo de los “manuales de operación” de las fuerzas militares. Es decir, no se crearía una sala especial para los militares, pero a cambio de eso se nombrarían 14 magistrados más que a diferencia de sus colegas que ya están ejerciendo como tales, obviamente tendrían que acreditar experiencias en asuntos propios de la tropa. Estos 14 nuevos magistrados quedarían estratégicamente distribuidos en las demás salas de la JEP, como quintacolumnistas o caballo de Troya.
Y para colmo de males esos nuevos 14 magistrados serían designados por un ampuloso Comité integrado por dos delegados del Consejo de la Judicatura, uno de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial donde tiene asiento el fiscal Néstor Humberto Martínez, y un vocero del procurador. ¿De donde acá el fiscal, como miembro de la Comisión Interinstitucional de la Rama, nombra jueces, al igual que el representante del procurador? Esa tal Comisión es un adefesio monumental, pues el ministerio público, por esencia vigilante de la conducta de los funcionarios, termina interviniendo en la designación de jueces.
Los que conocen las siempre agitadas aguas del Congreso aseguran que algunos parlamentarios de bancadas diferentes a la del Centro Democrático vieron en la designación de 14 magistrados adicionales expertos en “Derecho Operacional” un camino expedito para acceder a una inmensa torta burocrática, porque a esos nuevos funcionarios habría que nombrarles auxiliares, secretarios y demás personal de apoyo; es decir, los cálculos más tímidos hablan de al menos un centenar de nuevos cargos. El experimento puede salirles muy caro a quienes han salido a reclamar su autoría, cuando adviertan que han creado un frankenstein jurídico, como con razón lo ha criticado el magistrado de la JEP Eduardo Cifuentes, ese sí un probo y reconocido jurista independiente de muchas horas de vuelo.
De manera que los autoelogios de la parlamentaria Juanita Goebertus –quien ha resultado un paquete chileno–, sosteniendo que habían logrado salvar la JEP y hundir la sala especial de la senadora Paloma Valencia, son exageraciones de su necia vanidad. Ojalá en lo que resta del debate los parlamentarios le pierdan el miedo al Centro Democrático y al “presidente eterno” y sepulten la sala especial de la JEP para militares, sin que tengan que hacer concesiones para llevar a esta jurisdicción expertos en operativos militares.
Adenda No 1. Imperdible y estremecedora la exposición fotográfica El Testigo del periodista y fotógrafo Jesús Abad, exhibida en el Claustro San Agustín. Una reveladora mirada al conflicto armado.
Adenda No 2. De las ruinas de los bonos de agua resucita el desprestigiado ministro Alberto Carrasquilla, ahora para aniquilarnos con su odiosa reforma para gravar con IVA la canasta familiar, de la mano del mandatario aprendiz de cantante.
Álvaro Uribe es un zorro en artimañas parlamentarias. Les hizo creer a sus colegas que renunciaba a la propuesta de crear una sala especial en la JEP para los militares, a cambio de que se nombren otros 14 magistrados en las diferentes salas de la misma. No hay tal. Ni el proyecto de la sala especial para oficiales está enterrado, ni la solución de nombrar otros 14 magistrados en la JEP es buena, ni inteligente, ni mucho menos conveniente, como con severidad ya lo anunció el fiscal de la CPI James K Stewart.
Como la propuesta de crear una sala especial para militares fue presentada en el curso del primero de ocho debates del proyecto de reforma a la JEP, adelante podría revivirse y aprobarse. Por eso Uribe no armó la grande todavía, pues en últimas lo que consiguió fue que su propuesta no se hundiera, cuando estaba virtualmente naufragando. Entonces aceptó la salida de nombrar 14 nuevos magistrados con lo cual calmó los apetitos burocráticos de sus contertulios, y de paso les metió los dedos en la boca a quienes creyeron que lo habían derrotado.
En efecto, esos 14 nuevos magistrados no tendrían el mismo perfil de quienes ya están oficiando como tales, pues ahora serían designados personas expertas en “Derecho Operacional”, lo que equivale a decir que serían exmiembros de la fuerza pública. En el terreno práctico eso significa que esos supuestos juristas han de serlo sobre todo en el manejo de los “manuales de operación” de las fuerzas militares. Es decir, no se crearía una sala especial para los militares, pero a cambio de eso se nombrarían 14 magistrados más que a diferencia de sus colegas que ya están ejerciendo como tales, obviamente tendrían que acreditar experiencias en asuntos propios de la tropa. Estos 14 nuevos magistrados quedarían estratégicamente distribuidos en las demás salas de la JEP, como quintacolumnistas o caballo de Troya.
Y para colmo de males esos nuevos 14 magistrados serían designados por un ampuloso Comité integrado por dos delegados del Consejo de la Judicatura, uno de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial donde tiene asiento el fiscal Néstor Humberto Martínez, y un vocero del procurador. ¿De donde acá el fiscal, como miembro de la Comisión Interinstitucional de la Rama, nombra jueces, al igual que el representante del procurador? Esa tal Comisión es un adefesio monumental, pues el ministerio público, por esencia vigilante de la conducta de los funcionarios, termina interviniendo en la designación de jueces.
Los que conocen las siempre agitadas aguas del Congreso aseguran que algunos parlamentarios de bancadas diferentes a la del Centro Democrático vieron en la designación de 14 magistrados adicionales expertos en “Derecho Operacional” un camino expedito para acceder a una inmensa torta burocrática, porque a esos nuevos funcionarios habría que nombrarles auxiliares, secretarios y demás personal de apoyo; es decir, los cálculos más tímidos hablan de al menos un centenar de nuevos cargos. El experimento puede salirles muy caro a quienes han salido a reclamar su autoría, cuando adviertan que han creado un frankenstein jurídico, como con razón lo ha criticado el magistrado de la JEP Eduardo Cifuentes, ese sí un probo y reconocido jurista independiente de muchas horas de vuelo.
De manera que los autoelogios de la parlamentaria Juanita Goebertus –quien ha resultado un paquete chileno–, sosteniendo que habían logrado salvar la JEP y hundir la sala especial de la senadora Paloma Valencia, son exageraciones de su necia vanidad. Ojalá en lo que resta del debate los parlamentarios le pierdan el miedo al Centro Democrático y al “presidente eterno” y sepulten la sala especial de la JEP para militares, sin que tengan que hacer concesiones para llevar a esta jurisdicción expertos en operativos militares.
Adenda No 1. Imperdible y estremecedora la exposición fotográfica El Testigo del periodista y fotógrafo Jesús Abad, exhibida en el Claustro San Agustín. Una reveladora mirada al conflicto armado.
Adenda No 2. De las ruinas de los bonos de agua resucita el desprestigiado ministro Alberto Carrasquilla, ahora para aniquilarnos con su odiosa reforma para gravar con IVA la canasta familiar, de la mano del mandatario aprendiz de cantante.