Se anuncia que el exmagistrado Alberto Rojas, bien sea por vía de una tutela que lo restablezca en el cargo, o porque corone la audacia de hacerse elegir en reemplazo de sí mismo —lo que por lo demás jurídicamente no es posible—, pronto regresará a la Corte Constitucional, donde después de año y medio de magistratura se movía como pez en el agua.
Rojas sigue sin ofrecer explicaciones convincentes sobre cuál fue su verdadero papel en el sonado caso de la viuda que lo sindica de haberse apropiado de dineros suyos, a través de documentos supuestamente falsos.
Algunos de sus amigos han propalado la tesis de que Rojas está a salvo de cualquier sospecha, porque su nombramiento fue anulado solamente por vicios de forma, pero no porque careciera de buen crédito en el ejercicio de la profesión. Sobre esa fantasía el inteligente extogado ha salido a reclamar que siendo declarado supuestamente incorruptible por sentencia ejecutoriada, ahora aspira a reemplazarse a sí mismo como magistrado de la Corte Constitucional, y muchos han sucumbido al artificio por no leer con detalle las piezas procesales.
En efecto, revisando el fallo del Consejo de Estado y la contundente aclaración de voto del conjuez Gabriel de Vega, se llega a la conclusión de que en el caso por el cual Rojas ha sido acusado, nada se ve transparente.
Ciertamente el fallo del Consejo de Estado anuló su nombramiento por cuanto hubo irregularidades en el proceso de integración de la terna en la que se incluyó a Rojas como candidato a la Corte Constitucional; empero, la forma como se desechó el segundo cargo que se invocó en la demanda, acerca de que Rojas no tenía buen crédito profesional en su desempeño como abogado, entre otras por el malhadado incidente del supuesto robo de dineros pertenecientes a una cliente suya, deja muchas sombras. En esa sentencia pacata se indicó que no estaba probada la acusación de falsedad del documento con base en el cual Rojas pudo tramitar la entrega de dineros de su mandante, porque así lo acreditaba un dictamen pericial “que concluyó con la autenticidad de las firmas suscritas por la señora Isabel Cristina Marín Niño”, la viuda de marras. Pero acontece que el conjuez De Vega aclaró con razón su voto porque “en el proceso penal aludido (seguido contra Rojas) también obraba otro dictamen pericial que, precisamente, sí daba cuenta de la falsedad en los documentos objeto de estudio. Por lo anterior, no podría la Sala afirmar categóricamente que, desde el punto de vista técnico y científico, haya quedado demostrada la no configuración de la falsedad imputada”.
El dictamen que exculpa a Rojas de la supuesta falsedad lo elaboró un particular contratado por él mismo, mientras la experticia que lo incrimina fue rendida el 24 de octubre de 2003 por el técnico del CTI de la Fiscalía Carlos Eduardo Sánchez. Aunque es curioso que el Consejo de Estado hubiese optado por fundar su decisión en el dictamen particular y no en el oficial, lo cierto es que el conjuez De Vega, que aclaró su voto, dejó clavada una espina en el prestigio del exmagistrado que hoy aspira a sucederse a sí mismo en la Corte Constitucional.
Más que interesarse en prácticamente hacerse reelegir, Rojas debería aclarar este impresentable episodio que no puede sepultarse echando mano de un dictamen pericial particular puesto en duda por otra experticia oficial. Desde esta columna le sugerí sin éxito someterse a un tribunal de honor, pero él se sintió a salvo sumándose al coro siniestro del procurador Ordóñez y su camarilla, la misma que se propone candidatizarlo de nuevo a la Corte Constitucional.
Ya veremos si el Consejo de Estado y el Congreso se declaran satisfechos con las experticias contradictorias en las que Rojas sustenta su tozuda aspiración de volver a vestir la toga en reemplazo de sí mismo. Por lo pronto, muchos seguimos pensando que está haciendo falta más de una explicación.
Adenda. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anda de nuevo dando palos de ciego. Un día propone una odiosa reforma tributaria y al siguiente la retira.
