Era obvio que la Iglesia Católica no iba a desaprovechar los ocho años de canonjías que les dispensó Uribe. Desde entonces promovieron una cruzada para reformar la Constitución del 91 y volver confesional el Estado, la cual arrancó restableciendo el estudio obligatorio de la educación religiosa en los colegios públicos. Eso en una nación de mayoría católica, supone imponer el estudio del culto católico, como en efecto está ocurriendo.
Ni el Partido Liberal, ni el Polo, ni los librepensadores, protestaron por esa reforma que sepultó el principio de la libertad de cultos. Por el contrario, senadores de esos partidos y hasta el excandidato Horacio Serpa, se fueron de bruces apoyando la candidatura de Alejandro Ordóñez a procurador, quien tampoco ha desaprovechado el cuarto de hora, para imponer su fe.
A propósito, tal es el encono de la actual Procuraduría, que la delegada en Asuntos de Familia, Ilva Myriam Hoyos, conspicua servidora del Opus Dei, abusa con sutileza del poder de vigilancia ante varias entidades públicas, a las cuales pide informes sobre las medidas adoptadas frente a organizaciones privadas que atienden programas de fecundación o que practican legalmente el aborto. Una llamada telefónica suya a un servidor público preguntando si ha iniciado o no acciones contra una determinada entidad, además de constituir una incitación a promover investigaciones, es lo más parecido a una amenaza.
Lo que está por pasar en esta legislatura es la estocada final a la tolerancia y al respeto institucional, pues los godos todos, incluidos aquellos que hoy ofician como miembros del Partido de la U o de Cambio Radical, han puesto en marcha una estrategia siniestra para que en nombre de su fe se cercenen derechos a las parejas homosexuales y a las mujeres que tengan que enfrentar la dura prueba del aborto, todo para contrarrestar doctrinas libertarias de la Corte Constitucional.
Mientras el liberalismo contribuye con lealtad e ingenuidad a la Unidad Nacional, la derecha promueve proyectos de ley para impedir que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio; o para imponer un estatuto de objeción de conciencia retardatario y abusivo, o una reforma constitucional prohibiendo el aborto, dizque avalada por cinco millones de firmas que nadie sabe cuándo ni cómo fueron recolectadas, ni cuánto costó ni quién financió esta tarea, de manera que nuestra sociedad quede condenada a que sus mujeres no puedan interrumpir sus embarazos por razones de salud o cuando hayan sido violadas, o por inviabilidad del feto, como lo ha autorizado la Corte Constitucional.
Si en el gobierno de Uribe era impensable desoír la jerarquía católica, menos en el de Santos, no precisamente porque me convenzan sus forzados gestos para aparecer como rezandero, cuando jamás lo ha sido, o porque haya nombrado un cura en el Sena, sino por su reconocido pragmatismo de no crearse problemas. No lo veo instruyendo a sus ministros para que se opongan a todos los proyectos de esa jauría recalcitrante, ni dando línea a Juan Lozano, Roy Barreras y demás aliados, para que defiendan el principio elemental de convivencia de garantizar un Estado despojado de fanatismos religiosos.
No hay tampoco un solo ministro dispuesto a darse la pela de contrariar a la poderosa Iglesia Católica y a su más alto obispo, Alejandro Ordoñez. Unos porque quieren ser presidentes y prefieren no atreverse; otros, porque son sencillamente godos; y los demás, porque la ideología les parece lo de menos.Eso incluye al inefable Argelino Garzón, adulador de sotanas, experto en prenderle velas a Dios, pero también al Diablo.
El Partido Liberal tiene la responsabilidad de hacer sentir su voz, porque sumarse a la Unidad Nacional nunca fue a costa de revivir la patria del Sagrado Corazón.
Adenda. Es casi risible el pataleo uribista. Primero atribuyeron los carcelazos a Arias y Moreno a una persecución de la Corte; como esa tesis no pegó, acuñaron la teoría de que todo es una represalia de los paracos extraditados. Y semejante raciocinio lo “adornan” con el cuento de que como no robaron , los angelitos no delinquieron, como si beneficiar a terceros o suscribir contratos ilegales o espiar a las Cortes no fuese también delito.
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