QUE EL GOBIERNO DE SANTOS ESTÉ interesado en traer al juez español Baltasar Garzón, como asesor en derechos humanos, nunca puede ser malo para el país.
La prueba de ello es que los voceros del fascismo criollo, a cuya cabeza está el procurador Alejandro Ordóñez, han salido a cuestionar con mentiras el asesoramiento. A esas voces se han sumado las de quienes han recurrido a desgastados gestos chauvinistas, reclamando que venga alguien de afuera habiendo aquí muchos como Garzón.
Por supuesto que el juez Garzón tiene todas las credenciales suficientes para darle consejos en materia de derechos humanos a un gobierno que, como el de Colombia, internacionalmente sigue teniendo problemas grandes en ese frente. En el tribunal de Justicia de Estrasburgo, o en la Corte Penal Internacional, o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta en las mismas ONG, el nombre y la experiencia del jurista español es punto de encuentro, no de discordia, pero sobre todo motivo de respeto. No en vano cuando la derecha española quiso aniquilar judicialmente a Garzón, las fuerzas independientes convocaron una gigantesca manifestación de respaldo en las calles de Madrid, que estremeció toda Europa.
Adicionalmente, contratar a Garzón también manda mensajes claros en lo interno y en la comunidad internacional, pues el solo hecho de que esté del lado de un gobierno no pasa inadvertido en lo que tiene que ver con los derechos humanos. ¿O será que a alguien se le ocurre que en ese tema habrían podido traer como asesor a Alberto Fujimori, o a los áulicos y consentidos del procurador Ordóñez, como el ex parlamentario conservador Pablo Victoria o el pulquérrimo y tolerante Fernando Londoño Hoyos, defensor a ultranza de los militares comprometidos en masacres y falsos positivos?
Lo que realmente resulta alarmante es que el procurador Ordóñez no sólo se haya atrevido a cuestionar al gobierno por su decisión de contratar al juez español, sino que además lo haya vetado recurriendo a calumnias. No es cierto que Garzón esté suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional española por haber ‘chuzado’ ilegalmente a abogado alguno, menos que haya sido condenado judicialmente por algún delito.
Lo que ha pasado con Garzón es que la derecha española no le perdona que se haya atrevido a remover los procesos por los crímenes de la oprobiosa dictadura franquista. Cuando el juez español inició las indagaciones que deberían conducir a establecer las verdades que siguen reclamando los deudos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, la ultraderecha de su país le montó un proceso por prevaricación, como dicen allá. Por obra de ese proceso político, a Garzón lo suspendieron temporalmente de su cargo, pero aun así no lo pudieron destruir, porque en la Corte Penal Internacional lo contrataron a pesar de estar suspendido, porque allá sí no hubo un Ordóñez diciendo sandeces debajo de un crucifijo, para descalificar al juez que puso tras las rejas al dictador Pinochet.
Indigna que Ordóñez además cuestione a Garzón con el torpe argumento de que su presencia en Colombia polarizaría, porque tiene agenda política, lo cual tampoco es cierto. Hablando de polarización, el jefe del laureanismo, el mismo que con incisos oscuros ha convertido su personal creencia religiosa en dogma oficial contra el aborto, el que ha hecho de la Procuraduría un fortín burocrático para albergar a las esposas e hijas de sus amigotes y contertulios de la extrema derecha y para perseguir a todo aquel que profese credo distinto al suyo.
Ordóñez es abusivo y usurpador. Sólo a él se le podía ocurrir que como jefe del Ministerio Público puede imponerle los asesores al gobierno que le compete vigilar y sancionar.
Adenda. Tienen huevo en el Senado francés, regalando porcelanas de caballos a los mandatarios que los visitan. Eso ni los Ochoa.
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