RARO QUE AL SEXTO AÑO DE MANDAto, cuando un buen número de sus amigos están enredados en la parapolítica, a Uribe se le ocurra que hay clientelismo judicial, sin precisar los responsables.
Y más extraño que en vez de ofrecer remedios transparentes, proponga una reforma que le permita apoderarse del supuesto “roscograma” según la torva acusación de Hernán Andrade, quien no quiere comportarse como presidente del Senado, sino como lánguido mandadero presidencial.
Qué cinismo el del Gobierno, al sindicar a otros de clientelismo, cuando no hay una piedra en el Ejecutivo que no esté al servicio de los apetitos reeleccionistas de Uribe o los personalísimos suyos y de sus cercanos.
¿No hay, acaso, varios primos del Presidente sentados en jugosas notarías en Bogotá y Medellín? ¿Algunos parlamentarios uribistas no tienen hermanos empotrados en el servicio diplomático o haciéndose ricos asesorando entidades estatales en banca de inversión? ¿No es “notable” que Dolly Pedraza de Arenas, miembro de la Comisión de Ajuste Institucional, haya resultado multicontratista de un ministerio donde labora su hija, además en el Gobierno en el que su cónyuge está vinculado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia? ¿Será que el clientelismo judicial al que se refiere el Gobierno es el nombramiento como embajador del padre de un magistrado de la Corte Constitucional, de quien se dice cambió su voto para aprobar la reelección?
Mientras todo eso ocurre, el Gobierno y los partidos de la coalición uribista andan peleándose tres vacantes en el Consejo de la Judicatura. Sí, el régimen que reclama contra el supuesto clientelismo judicial, no nos ha contado que para acceder a esos cargos ya no se necesita haber escrito una obra jurídica, o ejercido con decoro la profesión o la academia, sino estar en la agenda de los jefes de los partidos uribistas, que como aves de rapiña batallan por apropiarse de la justicia.
Soplan vientos de pánico en la justicia. En la comunidad de abogados tiene que estar causando preocupación que los jueces disciplinarios no sean personas formadas en el estudio del derecho, sino en los avatares de la política. Ya, por ejemplo, un uribista ex secretario general de la Cámara de Representantes, es hoy flamante magistrado del Consejo de la Judicatura, habilitado para sancionar funcionarios y abogados, lo que en buen romance significa poner en manos de políticos los instrumentos legales para combatir, entre otros vicios, la politiquería.
Que nadie dude, lo que Uribe y su entorno buscan no es otra cosa que doblegar la justicia, hoy para quedar indemnes de la parapolítica, mañana para perseguir a quien les plazca. Por eso a la ex presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez —en un acto que deja maltrecha su confiabilidad personal, se le ocurrió grabar subrepticiamente a un investigador del CTI, con el propósito de recaudar pruebas para incriminar a Iván Velásquez, el magistrado que conduce los casos de la parapolítica. La malhadada grabación sólo probó su desafortunada afirmación, según la cual, con tal de salvar su “pellejo”, Nancy Patricia es capaz, pero de todo.
En otro país, si el presidente del Congreso graba a escondidas a un servidor judicial, y con tan endeble prueba pretende arrinconar a la más alta Corte, ello habría desencadenado un cataclismo. Aquí no sólo no pasó nada, sino que Uribe, confirmando su decisión autoritaria de aniquilar a los hombres de leyes, respaldó a su escudera y, como si fuera poco, soltó la infame versión de que un senador, cuyo nombre no se atrevió a revelar, le contó que tuvo la impresión de que le estaban pidiendo dinero en las Cortes.
Es una paradoja que mientras el Gobierno se empeña en desprestigiar a los jueces nacionales, el fiscal de la Corte Penal Internacional ande averiguando sobre los procesos de paramilitarismo y parapolítica. Me resisto a creer que Uribe no quiera entender que tales indagaciones ya tocaron la Casa de Nariño y los manteles de sus comensales.
~~~
Adenda. Rafael Pombo debe de estar retorciéndose en su tumba, con tan ordinaria adaptación musical de sus fábulas.
RARO QUE AL SEXTO AÑO DE MANDAto, cuando un buen número de sus amigos están enredados en la parapolítica, a Uribe se le ocurra que hay clientelismo judicial, sin precisar los responsables.
Y más extraño que en vez de ofrecer remedios transparentes, proponga una reforma que le permita apoderarse del supuesto “roscograma” según la torva acusación de Hernán Andrade, quien no quiere comportarse como presidente del Senado, sino como lánguido mandadero presidencial.
Qué cinismo el del Gobierno, al sindicar a otros de clientelismo, cuando no hay una piedra en el Ejecutivo que no esté al servicio de los apetitos reeleccionistas de Uribe o los personalísimos suyos y de sus cercanos.
¿No hay, acaso, varios primos del Presidente sentados en jugosas notarías en Bogotá y Medellín? ¿Algunos parlamentarios uribistas no tienen hermanos empotrados en el servicio diplomático o haciéndose ricos asesorando entidades estatales en banca de inversión? ¿No es “notable” que Dolly Pedraza de Arenas, miembro de la Comisión de Ajuste Institucional, haya resultado multicontratista de un ministerio donde labora su hija, además en el Gobierno en el que su cónyuge está vinculado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia? ¿Será que el clientelismo judicial al que se refiere el Gobierno es el nombramiento como embajador del padre de un magistrado de la Corte Constitucional, de quien se dice cambió su voto para aprobar la reelección?
Mientras todo eso ocurre, el Gobierno y los partidos de la coalición uribista andan peleándose tres vacantes en el Consejo de la Judicatura. Sí, el régimen que reclama contra el supuesto clientelismo judicial, no nos ha contado que para acceder a esos cargos ya no se necesita haber escrito una obra jurídica, o ejercido con decoro la profesión o la academia, sino estar en la agenda de los jefes de los partidos uribistas, que como aves de rapiña batallan por apropiarse de la justicia.
Soplan vientos de pánico en la justicia. En la comunidad de abogados tiene que estar causando preocupación que los jueces disciplinarios no sean personas formadas en el estudio del derecho, sino en los avatares de la política. Ya, por ejemplo, un uribista ex secretario general de la Cámara de Representantes, es hoy flamante magistrado del Consejo de la Judicatura, habilitado para sancionar funcionarios y abogados, lo que en buen romance significa poner en manos de políticos los instrumentos legales para combatir, entre otros vicios, la politiquería.
Que nadie dude, lo que Uribe y su entorno buscan no es otra cosa que doblegar la justicia, hoy para quedar indemnes de la parapolítica, mañana para perseguir a quien les plazca. Por eso a la ex presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez —en un acto que deja maltrecha su confiabilidad personal, se le ocurrió grabar subrepticiamente a un investigador del CTI, con el propósito de recaudar pruebas para incriminar a Iván Velásquez, el magistrado que conduce los casos de la parapolítica. La malhadada grabación sólo probó su desafortunada afirmación, según la cual, con tal de salvar su “pellejo”, Nancy Patricia es capaz, pero de todo.
En otro país, si el presidente del Congreso graba a escondidas a un servidor judicial, y con tan endeble prueba pretende arrinconar a la más alta Corte, ello habría desencadenado un cataclismo. Aquí no sólo no pasó nada, sino que Uribe, confirmando su decisión autoritaria de aniquilar a los hombres de leyes, respaldó a su escudera y, como si fuera poco, soltó la infame versión de que un senador, cuyo nombre no se atrevió a revelar, le contó que tuvo la impresión de que le estaban pidiendo dinero en las Cortes.
Es una paradoja que mientras el Gobierno se empeña en desprestigiar a los jueces nacionales, el fiscal de la Corte Penal Internacional ande averiguando sobre los procesos de paramilitarismo y parapolítica. Me resisto a creer que Uribe no quiera entender que tales indagaciones ya tocaron la Casa de Nariño y los manteles de sus comensales.
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Adenda. Rafael Pombo debe de estar retorciéndose en su tumba, con tan ordinaria adaptación musical de sus fábulas.