Elecciones irrepetibles

Si estas elecciones salen bien, como lo deseamos, no será por el Gobierno que ha buscado favorecer a Cepeda, sino por el esfuerzo del registrador, Hernán Penagos, quien ha enfrentado la más feroz campaña en su contra. Empezando por el descrédito promovido en redes sociales que al procurador le parece que son reclamos privados que jamás configuran intervención en política, apreciación equivocada y peligrosa que debe rectificar inmediatamente.

Si no gana Cepeda, o lo hace a medias de manera que ponga a temblar en la segunda vuelta a la ultraderecha, el entorno presidencial reclamará que les robaron las elecciones y que esta vez no se van a dejar. Aprovecharán para recordar que en 1970 se produjo la cuestionada elección de Misael Pastrana y la derrota del general Rojas Pinilla, y que ese rumor de fraude sentó las bases para que se fundara el violento grupo guerrillero M-19, que hoy manda.

El Gobierno no ha sido imparcial ni prudente, sino provocador e incendiario, gracias a que el país es indolente. El procurador Eljach anuncia que él no puede investigar ni juzgar penal o disciplinariamente al presidente por su descarada intervención en política, en lo que tiene razón, y que por eso remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra Petro, para que allá sea resuelta en cuatro o más años. Esa decisión, aunque tardía, es trascendental, así muy pocos le reconozcan importancia.

No había ocurrido en la historia reciente que al concluir una campaña electoral terminara el jefe de Estado investigado de oficio por la Comisión de Acusaciones y también denunciado por el procurador y una candidata, por intervención indebida en política. Pero, además, cuestionado por lo mismo por la defensora del Pueblo y por los jerarcas de la iglesia, pero el mandatario se ha hecho el de la vista gorda. Hasta el lagartazo ex secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, traído por Paloma Valencia, vino a pedir garantías como si él, cuando estuvo al mando en esa entidad, no la hubiere clientelizado en su propio beneficio político.

Si bien Eljach no puede sancionar a Petro por su fuero, sí podrá tomar decisiones ejemplarizantes contra los seis ministros que anunció estar investigando, en particular el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Armando Benedetti, gestores de la amenazante participación en política de este Gobierno.

En el caso de Guillermo Alfonso Jaramillo —conocido como “bocazas”—, tal será su abuso que el procurador le inició investigación por su presencia politizada, pero ha debido suspenderlo provisionalmente. Mientras Jaramillo siga en el cargo continuará con las mismas mañas, porque calcula que el procurador, cuando decida sacudirlo, a lo mejor ya estará todo consumado.

En cuanto a Benedetti, también Eljach seguramente lo investigará, porque es inocultable su omisión como jefe de la cartera política para impedir lo que con contundencia denunció la candidata Claudia López en la séptima reunión con el Comité de Garantías Electorales, acerca de que es víctima de una persecución y campaña de difamación orquestada en su contra por el mismísimo presidente Petro. Claudia lo acusó de ser el “mayor causante de la falta de garantías en la democracia colombiana” y de ejercer “sicariato político”. Eso suena verosímil.

Pero Benedetti cínicamente aseguró que las “afirmaciones del presidente hacen parte de análisis políticos y no constituyen una invitación directa a votar por un candidato específico”, y agregó esta perla: “Es la primera vez que la comisión recibe esta denuncia, no sé si se pueda hablar de sistemática”. El ministro del Interior ofende la inteligencia, porque lo sistemático se predica es de la reiteración de los hechos delictuosos, no de la denuncia, pues basta con una sola. Si hubiere segunda vuelta, Eljach debe considerar seriamente en suspender provisionalmente a Benedetti, porque su permanencia en el ministerio arriesga las elecciones venideras. Y también si no hubiere segunda vuelta, porque no se puede premiar la impunidad.

Finalmente, ya que no lo hace el Consejo Nacional Electoral, tanto el procurador como el contralor deberían auditar la exagerada publicidad en favor de los supuestos logros del gobierno y la necesidad de que continúen otros cuatro años, pagada con recursos públicos. Si eso no es promoción abierta de la candidatura de Cepeda, ¿qué será entonces?

Adenda. La desbandada de coequiperos de Paloma para la campaña de Abelardo confirma que en política todos los amigos son falsos y los enemigos de verdad. Oficio para traidores.