En la calentura mediática y política por el encarcelamiento domiciliario de Álvaro Uribe, ha venido ambientándose la propuesta encaminada a que se levante la reserva sumarial del proceso contra el senador, porque sus correligionarios aspiran a que sea la opinión la que termine decidiendo este enojoso asunto (en el que tengo responsabilidades profesionales como integrante del equipo de asesores de Iván Cepeda), obviamente por la tortuosa vía de presionar a los magistrados de la Corte Suprema. Están desempolvando la vieja tesis totalitaria del Estado de opinión vs. el Estado de derecho.
La decisión de levantar la reserva sumarial no es función de la Corte. Para que pudiera ponerse fin a esa restricción sería necesario impulsar una ley que reformara la Ley 600. Así ocurrió, por ejemplo, con el caso contra Samper en la Comisión de Acusaciones, pues se tramitó rápidamente una ley que le puso fin a la reserva en las investigaciones en las que estuviere involucrado el mandatario.
Si el Centro Democrático (CD) fue capaz de reformar la Constitución para permitirle al exministro Arias pedir la revisión de su condena ante otra sala de la Corte Suprema, no tendría ningún problema en promover una ley que acabe con la reserva de cualquier expediente. No albergo duda alguna de que este Gobierno y el CD sacarían adelante fácilmente esa ley, no solo porque tienen como comodín a un millonario impresentable cantante de salsa presidiendo el Senado, sino porque ahora lo prioritario no es la pandemia, el desempleo, la crisis económica, sino el affaire Uribe.
¿Por qué es necesario volver público únicamente el proceso donde Uribe ha sido detenido, y no los otros que se adelantan en su contra? Si de lo que se trata es que todos los colombianos queden suficientemente enterados, lo leal sería proporcionarles toda la información posible que repose en los múltiples anaqueles judiciales.
No es difícil vaticinar que con este procedimiento de hacer público cualquier expediente, rompiendo la reserva sumarial, lo que aparentemente se busca es informar a la opinión, pero desinformándola para que, una vez esté inflamada de patriotismo, se convierta en un factor de presión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tengan que decidir si llaman o no a juicio a Uribe, o si lo condenan. Y es allí donde es bueno que los congresistas deliberen con juicio y sin cálculos politiqueros sobre el alcance de acabar con la reserva sumarial para que las gentes puedan supuestamente enterarse de todos los vericuetos de un proceso accidentado y voluminoso.
No hay tal que permitiendo el acceso ciudadano a las piezas procesales habrá más verdad; por el contrario, reinará la confusión. Es que entregarle un expediente a cualquiera que no se desenvuelva en los avatares de los litigios es lo más parecido a pedirle a quien no es médico que interprete una historia clínica, o a quien no es ingeniero que analice unos diseños. ¡Zapatero a tus zapatos!
En plata blanca, lo que se está tejiendo es una maniobra nada ortodoxa, con el propósito de que, revelando solamente uno de los tantos procesos contra Uribe, esa opinión pública que hoy está fracturada se autoconvenza de que ella tiene más habilidades que los togados para analizar pruebas y tomar decisiones judiciales. Para eso, obviamente los alfiles del Gobierno y del CD se ocuparán de ponderar unas pruebas, descalificar otras y volver inexistentes las demás, como inclusive ya lo vienen haciendo sin ningún pudor, pues todavía, aunque les incomode, hay que rendirle culto al secreto del sumario. La táctica no tiene cómo salirles mal: si se levanta la reserva, sabrán aprovecharla emberracando a los suyos; pero si no cae la reserva del sumario, igualmente enfurecidos dirán que es turbio el proceso contra Uribe.
Cuando se haga sentir esa opinión pública dividida pero además manipulada por algunos medios oficialistas, por el Gobierno y su partido político, entonces, parodiando el comunicado de una exprimera dama, la jauría estará segura de que “los jueces han permitido que sean el entorno y los intereses políticos los que dicten sentencia”.
Adenda No 1. Afrenta a la moralidad y a la decencia la escogencia por la Corte Suprema de Wilson Ruiz como candidato a procurador. Llegará el que faltaba para que no haya quién controle al régimen. Imborrable yerro.
Adenda No 2. ¿Quiénes están detrás de las masacres en Cali?
En la calentura mediática y política por el encarcelamiento domiciliario de Álvaro Uribe, ha venido ambientándose la propuesta encaminada a que se levante la reserva sumarial del proceso contra el senador, porque sus correligionarios aspiran a que sea la opinión la que termine decidiendo este enojoso asunto (en el que tengo responsabilidades profesionales como integrante del equipo de asesores de Iván Cepeda), obviamente por la tortuosa vía de presionar a los magistrados de la Corte Suprema. Están desempolvando la vieja tesis totalitaria del Estado de opinión vs. el Estado de derecho.
La decisión de levantar la reserva sumarial no es función de la Corte. Para que pudiera ponerse fin a esa restricción sería necesario impulsar una ley que reformara la Ley 600. Así ocurrió, por ejemplo, con el caso contra Samper en la Comisión de Acusaciones, pues se tramitó rápidamente una ley que le puso fin a la reserva en las investigaciones en las que estuviere involucrado el mandatario.
Si el Centro Democrático (CD) fue capaz de reformar la Constitución para permitirle al exministro Arias pedir la revisión de su condena ante otra sala de la Corte Suprema, no tendría ningún problema en promover una ley que acabe con la reserva de cualquier expediente. No albergo duda alguna de que este Gobierno y el CD sacarían adelante fácilmente esa ley, no solo porque tienen como comodín a un millonario impresentable cantante de salsa presidiendo el Senado, sino porque ahora lo prioritario no es la pandemia, el desempleo, la crisis económica, sino el affaire Uribe.
¿Por qué es necesario volver público únicamente el proceso donde Uribe ha sido detenido, y no los otros que se adelantan en su contra? Si de lo que se trata es que todos los colombianos queden suficientemente enterados, lo leal sería proporcionarles toda la información posible que repose en los múltiples anaqueles judiciales.
No es difícil vaticinar que con este procedimiento de hacer público cualquier expediente, rompiendo la reserva sumarial, lo que aparentemente se busca es informar a la opinión, pero desinformándola para que, una vez esté inflamada de patriotismo, se convierta en un factor de presión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tengan que decidir si llaman o no a juicio a Uribe, o si lo condenan. Y es allí donde es bueno que los congresistas deliberen con juicio y sin cálculos politiqueros sobre el alcance de acabar con la reserva sumarial para que las gentes puedan supuestamente enterarse de todos los vericuetos de un proceso accidentado y voluminoso.
No hay tal que permitiendo el acceso ciudadano a las piezas procesales habrá más verdad; por el contrario, reinará la confusión. Es que entregarle un expediente a cualquiera que no se desenvuelva en los avatares de los litigios es lo más parecido a pedirle a quien no es médico que interprete una historia clínica, o a quien no es ingeniero que analice unos diseños. ¡Zapatero a tus zapatos!
En plata blanca, lo que se está tejiendo es una maniobra nada ortodoxa, con el propósito de que, revelando solamente uno de los tantos procesos contra Uribe, esa opinión pública que hoy está fracturada se autoconvenza de que ella tiene más habilidades que los togados para analizar pruebas y tomar decisiones judiciales. Para eso, obviamente los alfiles del Gobierno y del CD se ocuparán de ponderar unas pruebas, descalificar otras y volver inexistentes las demás, como inclusive ya lo vienen haciendo sin ningún pudor, pues todavía, aunque les incomode, hay que rendirle culto al secreto del sumario. La táctica no tiene cómo salirles mal: si se levanta la reserva, sabrán aprovecharla emberracando a los suyos; pero si no cae la reserva del sumario, igualmente enfurecidos dirán que es turbio el proceso contra Uribe.
Cuando se haga sentir esa opinión pública dividida pero además manipulada por algunos medios oficialistas, por el Gobierno y su partido político, entonces, parodiando el comunicado de una exprimera dama, la jauría estará segura de que “los jueces han permitido que sean el entorno y los intereses políticos los que dicten sentencia”.
Adenda No 1. Afrenta a la moralidad y a la decencia la escogencia por la Corte Suprema de Wilson Ruiz como candidato a procurador. Llegará el que faltaba para que no haya quién controle al régimen. Imborrable yerro.
Adenda No 2. ¿Quiénes están detrás de las masacres en Cali?