Era previsible que esta campaña iba a terminar en un festival de litigios penales. El candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, divulga una lista de personas a las cuales sindica de fechorías, pero en vez de denunciarlas ante las autoridades colombianas, prefirió trasladar todo al departamento de Estado de los Estados Unidos, país en el que está naturalizado. Pretende el novel caudillo que allá les quiten la visa para ingresar y los metan en otra lista, la conocida como Clinton.
Lo primero que hay que preguntarse es ¿cómo se habrá enterado De la Espriella de las actividades ilícitas de esas personas, que tienen en común que todas son sus contradictores políticos? ¿Quién o quiénes le suministran información tan sensible y delicada de sus opositores precisamente al candidato? ¿Cuenta con el respaldo de alguna agencia privada o estatal de inteligencia nacional o extranjera? Seguramente no lo sabremos, sobre todo porque la mayoría de quienes gozan del privilegio de que De la Espriella les permite que lo entrevisten, no se atreven a indagarle algo tan elemental como quién lo provee de tanta información reservada.
La otra pregunta que queda en el aire es: ¿será que, si Abelardo llega a la Presidencia, los críticos del régimen serán incluidos en la ya extensa lista personal de enemigos o malquerientes del futuro mandatario —entre los cuales ya graduó a la FLIP y a un buen número de destacados periodistas que sataniza despectivamente como activistas—, para que sean perseguidos y sancionados en otro país? Los pragmáticos de siempre, que ya andan arrodillados haciendo cola en el zoológico del Tigre, concluirán que, como esa justicia foránea es más eficaz que nuestra Fiscalía y Rama Judicial, es mejor que las cosas se acomoden a los propósitos de De la Espriella.
Hace unos años, siendo fiscal general alguien de las propias tropas uribistas, también cercano al litigante De la Espriella, circuló el rumor de que, desde una oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía se filtraban informes adversos y mendaces a una embajada acreditada en Bogotá para torpedear o dilatar el reconocimiento de visado curiosamente a quienes no comulgaban con el gobierno de ese momento. Tal parece que el procedimiento de entonces no desvela a nadie del entorno de la ultraderecha y pretenden repetirlo en estos tiempos.
Sorprende sí que un candidato a la Presidencia menosprecie a las autoridades nacionales incumpliendo el deber legal de denunciar los delitos de los que tenga noticia. Las Altas Cortes se desgastan pidiendo al presidente Petro que reconozca el resultado de la primera vuelta, porque eso debe hacerlo la autoridad electoral, que es autónoma e independiente del poder ejecutivo. En efecto, nuestros fiscales y jueces deben ocuparse de que todas las quejas que se están conociendo sobre fraude o compra de votos, o cualquier otra conducta punible que involucre a los candidatos, inclusive las que se presenten mutuamente Cepeda y De La Espriella, sean investigadas y sancionadas prontamente aquí por las autoridades competentes. Pedirle a Petro que por lo menos obre con prudencia ya dejó de ser una quimera y se ha convertido en un imposible.
Lo que debe hacer la justicia es tomar el toro por los cuernos y entregar resultados a los ciudadanos. Así no le guste, De la Espriella debe comparecer a la Fiscalía y formalizar la denuncia respectiva y suministrar las pruebas que estén en su poder; no puede ser que ese beneficio solo lo tengan las autoridades extranjeras que le gustan a Papucho y a las que les juró fidelidad eterna por encima inclusive de Colombia.
La justicia no puede actuar a semejanza de como lo hace el todo poderoso Consejo Gremial. En efecto, si el Consejo Gremial impone a un candidato que reconozca los resultados electorales como condición para recibirlo y dialogar con él, eso no pasa de ser un ruido empresarial que no tiene efectos jurídicos, apenas mediáticos. Pero los funcionarios públicos deben moverse a un ritmo y con propósitos distintos.
Gran desilusión para quienes todavía creen que el próximo cuatrienio será regido por la Constitución. Lo que nos espera, gane quien gane, es mucho derecho penal y que este país siga siendo apenas un expediente abierto.
Adenda. Juan Daniel Oviedo, con su publicitada visita al Ubérrimo luego de la primera vuelta, nos acaba de aclarar que no es, no ha sido, ni será uribista.
