No hay duda de que el presidencialismo monárquico termina afectando a nuestros gobernantes y, por supuesto, Iván Duque no podía ser la excepción. A medida que se le acerca la hora final de su desastroso y corrupto mandato, su autoritarismo se multiplica.
No lo digo solamente por la abusiva costumbre de Duque de convertir en paseos familiares las visitas de Estado a otros países, obviamente con recursos públicos. Lo último que se ha comentado en las redes sociales es que en los recientes desplazamientos a Glasgow, París, Dubái, Telaviv e intermedias Duque viajó con su cónyuge, sus tres hijos y, claro, no podía faltar Andrés Gregorio Duque, el gran hermano, el Marco Polo del cuatrienio.
Pero son peores los excesos verbales. De ellos ha dado cuenta por estos días Duque a propósito de erigirse otra vez en juez, pisoteando la división de los poderes de nuestra maltrecha democracia.
En efecto, un funcionario del INPEC cometió una imprudencia que casi pone en la calle a Luis Alfredo Garavito, quien purga pena de prisión por múltiples homicidios de menores, y ¡quién dijo miedo! Duque salió a los medios a invadir la órbita de las funciones judiciales, pues condenó al temible pedófilo a cárcel vitalicia y contribuyó a inflamar el tenso ambiente de los noticieros lanzando expresiones tan bruscas como la de “rata apestosa”, con la que denominó a Garavito.
Hay que decirlo para que no se cree confusión. Nadie con dos dedos de frente quiere que Garavito regrese a las calles sin que haya terminado de pagar sus culpas, además porque los entendidos aseguran que este sujeto padece una tendencia temperamental proclive a delinquir. Eso no está en discusión.
El asunto es sencillo. Garavito está condenado a purgar cárcel probablemente por lo que le resta de vida, pero porque así lo ordenó un juez en un proceso que nuestro sistema dispuso que se siguiera por el funcionario competente y con las formas propias del debido proceso. Es la justicia la que decide si alguien ha de permanecer libre o preso, pues se trata de una elemental garantía que tiene que respetarse aun en el marco del precario sistema judicial. Pero aquí a Duque le está permitido vociferar y lanzar lenguas de fuego contra un criminal, como lo hizo en cuanto corrió la especie de que Garavito saldría de la cárcel de Valledupar.
No es la primera vez que Duque deja memoria de estas salidas en falso por suplantar o interferir públicamente en las decisiones judiciales. Lo hizo casi a gritos cuando la Corte Constitucional estudiaba precisamente la ley de prisión perpetua para los violadores, pues entonces fueron reiteradas sus peticiones al alto tribunal para que no declarara la inexequibilidad de ese esperpento legislativo. Por fortuna la Corte Constitucional falló como tenía que hacerlo. Ello, sin olvidar sus nada disimuladas expresiones para incidir en favor de los enredos judiciales de su patrón, Álvaro Uribe, pues cuando el expresidente fue detenido, Duque, sin sonrojarse, prácticamente cuestionó a la Corte Suprema y en tono de emperador prácticamente exigió que cesara esa detención.
Duque también ofició como juez al señalar delante de las cámaras y los micrófonos que en el complejo asunto de Hidroituango deben ser las compañías aseguradoras las llamadas a resarcir la indemnización de los perjuicios causados. Es decir, dictó sentencia declarando responsables a quienes enfrentan juicios de diversa naturaleza y además decretó, por sí y ante sí, que hubo siniestro y que debe ser indemnizado por las aseguradoras, las cuales han de estar tan aterradas como intimidadas por las “opiniones” presidenciales con sabor a mandatos jurisdiccionales.
En ese extraño y fantasioso mundo de vanidades del que vive y se alimenta Duque, se ha convencido de que como hay quienes se dirigen a él en sentido figurado como el primer magistrado de la nación, eso lo convierte en togado.
Adenda No 1. El peligroso ministro de Defensa, Diego Molano, pretende patentar la ilegal fórmula de que desde el Gobierno las falsas noticias se combaten con más falsas noticias. ¿Fiscalía y organismos de control?
Adenda No 2. Carlos Mattos, el empresario ad portas de ser extraditado desde España para enfrentar a la justicia, mandó su avanzada. Con que donante de cuantiosos recursos a la campaña de Iván Duque que pararon en las arcas del Centro Democrático. Otra que se le pasó al tramposo Consejo Nacional Electoral.
No hay duda de que el presidencialismo monárquico termina afectando a nuestros gobernantes y, por supuesto, Iván Duque no podía ser la excepción. A medida que se le acerca la hora final de su desastroso y corrupto mandato, su autoritarismo se multiplica.
No lo digo solamente por la abusiva costumbre de Duque de convertir en paseos familiares las visitas de Estado a otros países, obviamente con recursos públicos. Lo último que se ha comentado en las redes sociales es que en los recientes desplazamientos a Glasgow, París, Dubái, Telaviv e intermedias Duque viajó con su cónyuge, sus tres hijos y, claro, no podía faltar Andrés Gregorio Duque, el gran hermano, el Marco Polo del cuatrienio.
Pero son peores los excesos verbales. De ellos ha dado cuenta por estos días Duque a propósito de erigirse otra vez en juez, pisoteando la división de los poderes de nuestra maltrecha democracia.
En efecto, un funcionario del INPEC cometió una imprudencia que casi pone en la calle a Luis Alfredo Garavito, quien purga pena de prisión por múltiples homicidios de menores, y ¡quién dijo miedo! Duque salió a los medios a invadir la órbita de las funciones judiciales, pues condenó al temible pedófilo a cárcel vitalicia y contribuyó a inflamar el tenso ambiente de los noticieros lanzando expresiones tan bruscas como la de “rata apestosa”, con la que denominó a Garavito.
Hay que decirlo para que no se cree confusión. Nadie con dos dedos de frente quiere que Garavito regrese a las calles sin que haya terminado de pagar sus culpas, además porque los entendidos aseguran que este sujeto padece una tendencia temperamental proclive a delinquir. Eso no está en discusión.
El asunto es sencillo. Garavito está condenado a purgar cárcel probablemente por lo que le resta de vida, pero porque así lo ordenó un juez en un proceso que nuestro sistema dispuso que se siguiera por el funcionario competente y con las formas propias del debido proceso. Es la justicia la que decide si alguien ha de permanecer libre o preso, pues se trata de una elemental garantía que tiene que respetarse aun en el marco del precario sistema judicial. Pero aquí a Duque le está permitido vociferar y lanzar lenguas de fuego contra un criminal, como lo hizo en cuanto corrió la especie de que Garavito saldría de la cárcel de Valledupar.
No es la primera vez que Duque deja memoria de estas salidas en falso por suplantar o interferir públicamente en las decisiones judiciales. Lo hizo casi a gritos cuando la Corte Constitucional estudiaba precisamente la ley de prisión perpetua para los violadores, pues entonces fueron reiteradas sus peticiones al alto tribunal para que no declarara la inexequibilidad de ese esperpento legislativo. Por fortuna la Corte Constitucional falló como tenía que hacerlo. Ello, sin olvidar sus nada disimuladas expresiones para incidir en favor de los enredos judiciales de su patrón, Álvaro Uribe, pues cuando el expresidente fue detenido, Duque, sin sonrojarse, prácticamente cuestionó a la Corte Suprema y en tono de emperador prácticamente exigió que cesara esa detención.
Duque también ofició como juez al señalar delante de las cámaras y los micrófonos que en el complejo asunto de Hidroituango deben ser las compañías aseguradoras las llamadas a resarcir la indemnización de los perjuicios causados. Es decir, dictó sentencia declarando responsables a quienes enfrentan juicios de diversa naturaleza y además decretó, por sí y ante sí, que hubo siniestro y que debe ser indemnizado por las aseguradoras, las cuales han de estar tan aterradas como intimidadas por las “opiniones” presidenciales con sabor a mandatos jurisdiccionales.
En ese extraño y fantasioso mundo de vanidades del que vive y se alimenta Duque, se ha convencido de que como hay quienes se dirigen a él en sentido figurado como el primer magistrado de la nación, eso lo convierte en togado.
Adenda No 1. El peligroso ministro de Defensa, Diego Molano, pretende patentar la ilegal fórmula de que desde el Gobierno las falsas noticias se combaten con más falsas noticias. ¿Fiscalía y organismos de control?
Adenda No 2. Carlos Mattos, el empresario ad portas de ser extraditado desde España para enfrentar a la justicia, mandó su avanzada. Con que donante de cuantiosos recursos a la campaña de Iván Duque que pararon en las arcas del Centro Democrático. Otra que se le pasó al tramposo Consejo Nacional Electoral.