Fiscal y jefe de protoloco

En los muchos años de mi vida como litigante no había presenciado que una persona llamada a declarar en ningún asunto eludiera el deber legal de hacerlo a través de una carta en la que a pesar de negar estar enterado de los hechos por los que sería interrogado, terminara confesando que sí sabía. Vivir para ver.

Así lo ha hecho el inefable Francisco Barbosa, fiscal general, al responder una solicitud legal del abogado de Laura Sarabia (LS) para que permitiera una entrevista como testigo de algunos hechos que esa defensa técnica considera relevantes para acreditar que su defendida no tenía intenciones de valerse de su alto cargo cercano al presidente Petro para que se investigara el robo en su propia casa.

En efecto, la defensa de LS citó a Barbosa a entrevista, porque nadie mejor testigo que el mismo fiscal general de la nación para acreditar que la persona a la que él llamó para poner a sus órdenes toda la fiscalía, claramente le expresó que no requería de su ayuda para nada. Tan autorizado testimonio aclararía que la señora de marras no andaba interesada o lagarteando grandes apoyos, sino declinándolos.

Barbosa no concedió la entrevista, y en una insólita misiva de respuesta al abogado que hizo pública, si bien afirmó que ni como ciudadano ni como fiscal tenía “conocimiento de ningún hecho relacionado con lo que allá (en su Fiscalía) se investiga” y que, por tanto “no soy testigo ni me consta nada”, en todo caso admitió:

• Que en febrero sí llamó “protocolariamente” a LS cuando se enteró del robo en su casa.

• Que la llamó en su “condición de servidor del Estado”.

• Que lo hizo porque era lo que correspondía entre altos funcionarios del Estado.

• Que lo hizo al enterarse por medios de comunicación del hurto en la vivienda de LS.

• Que le informó a LS que su Fiscalía “adelantaría todos los actos de investigación necesarios para esclarecer el posible hurto”.

Lo que tampoco podrá ignorar Barbosa es que cuando llamó por 30 segundos a LS también estaba enterado por los mismos medios de que se habían realizado pruebas de polígrafo a la niñera Marelbys Meza y a una compañera de trabajo por las dependencias competentes de la Presidencia de la República.

Hasta un primíparo de cualquier facultad de derecho sabe que no son los fiscales, ni mucho menos el testigo llamado a rendir entrevista, quienes deciden si su declaración es pertinente o útil, porque eso compete exclusivamente a los jueces de la república.

Quienes frecuentamos el templo de la justicia preguntamos al “segundo funcionario de la Nación”, cosas obvias y de pronto intrascendentes, como estas:

• ¿A cuáles otros altos funcionarios enredados en su fiscalía les ha hecho llamadas “protocolarias” del mismo tono?

• ¿En cuáles otros medios, diferentes a Semana, se pudo enterar del hurto a LS?

• ¿Por qué tenía que ofrecer “protocolariamente” que su fiscalía investigaría el posible hurto, si ese era y es el deber de la entidad que él conduce?

• ¿Por qué, si leyó la noticia en Semana, no ordenó proteger a la niñera y a la otra empleada de LS?

• ¿Por qué no advirtió que era grave que se hicieran pruebas de polígrafo sin orden judicial y sin abogado a dos humildes trabajadoras?

• ¿Es consciente de que su negativa a rendir la entrevista pedida por un abogado para fortalecer la defensa de su clienta, es un peligroso precedente?

Tal parece que Barbosa podría estarse dando un tiro en el pie, al menos mientras sea fiscal, porque un buen día de estos cuando la Fiscalía llame a un testigo para una entrevista, éste podría no hacerlo porque considera que nada tiene que decir. Un hallazgo al estilo de la inteligencia artificial del nuevo derecho probatorio que seguramente asombrará a los expertos.

Imposible adivinar cuál es el código procesal que maneja el ilustrado funcionario mil veces doctorado y escritor de textos jurídicos, pues de los estatutos que conozco, que no son pocos, no recuerdo que en ninguno esté previsto que el fiscal general tenga corona para que cuando sea citado legalmente por un abogado a una entrevista, pueda eludir ese deber legal de todo ciudadano invocando por anticipado el frágil argumento de que no sabe ni le consta nada.

Adenda: en Tuluá, un tenebroso grupo que se hace llamar “Los Cancerberos”, en un comunicado, reclama la autoría de los atentados a los juzgados y amenaza a periodistas y medios de comunicación. ¿Qué pasa?

notasdebuhardilla@hotmail.com