Finalmente, Iván Duque pudo hablar por teléfono con el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, quien sabiamente le advirtió sobre la necesidad de que las autoridades toleren la protesta social y respeten los derechos humanos, pero la primera respuesta de Duque fue anunciarle al país que impulsará una ley contra vandalismo y disturbios. El provocador anuncio se hizo desde una guarnición policial, en el marco del pomposo ascenso del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, cada vez menos confiable.
Hay que recordarles a Duque y a la gavilla de sus desinformados asesores lo que parece no enseñan en la cueva del fascismo de la Sergio Arboleda: tanto el vandalismo como los disturbios y demás posturas violentas son delitos. Inclusive el tal “terrorismo urbano de baja intensidad”, acuñado por Duque, también es punible.
Si con los códigos Penal y de Seguridad y Convivencia sacaron al Esmad a disparar contra la población civil, ¿para qué otra ley? Todo, aplaudido por algunos medios que andan entregados a difundir boletines oficiales para subliminalmente apoyar los excesos policiales y fustigar a los jóvenes que persisten en sus protestas.
Y para qué más normas punitivas si en la arbitraria, perseguidora y delincuencial Fiscalía, presidida por Francisco Barbosa y el facineroso Gabriel Ramón Jaimes Durán, continúan exonerándose entre ellos mismos y hostigando a quienes no somos santos de su devoción, todo para honrar los propósitos malvados de Alejandro Ordóñez, Angelino Garzón, Álvaro Uribe, entre otros malandrines agazapados desde las trincheras del régimen. Eso hicieron con el alcalde de Cali, a quien como a un delincuente llamaron a interrogatorio por dialogar con los inconformes, para saciar los sangrientos reclamos del momierío caleño que de dientes para afuera dice una cosa pero en la realidad hace otra, como mandar de avanzada al amenazante pero perfumado señorito de la ultraderecha local Christian Garcés, promotor del proyecto para armar a todo el mundo.
No nos engañemos. La ley antivandalismo y antidisturbios que ofrece Duque al final de su desastroso mandato será la renovación del temido Estatuto de Seguridad, con el que Turbay Ayala reprimió y censuró a opositores y críticos, período de ingrata recordación para los derechos humanos y las libertades públicas. Entonces tuvo que exiliarse en México nuestro nobel García Márquez, acosado por el estado de sitio que le tenía preparado un carcelazo seguro pero injusto.
No es casualidad que esta nueva idea la hubiese soltado Duque ante las cachuchas y charreteras de policías y militares. El mensaje quedó claro: esta ley es sugerida por la Policía, a juzgar por las imprudentes declaraciones de su director reclamando que se necesita. ¿Qué es lo que no han podido hacer? ¿Acaso pretenden convertir en acto del servicio disparar contra civiles o infiltrar policías disfrazados de civiles en las marchas para propiciar desorden? Obvio que detrás de este esperpento está también la voz militarista e incendiaria de Rafael Guarín, el camaleón consejero de Seguridad y cipayo del exprocurador Ordóñez.
Da miedo que la política de seguridad y convivencia esté pensada desde la Dirección de la Policía, precisamente la institución más cuestionada, nacional e internacionalmente, por sus desafueros al reprimir el reciente paro nacional y las protestas. Cuando se conciben leyes para controlar la protesta social desde los batallones, se está más cerca de la tiranía que de la democracia. Mientras el Congreso criollo reparte con holgura ascensos a los generales, el de EE. UU. condicionó la ayuda económica a la Policía a que se sancionen las denuncias por abusos de varios oficiales.
Triste final de este accidentado y pésimo gobierno de Duque. Ahora, en vez de reparar las imborrables faltas, se empeña en dejarnos actualizado un odioso estatuto represor. Ese sería su gran y único legado.
Duque ni siquiera fue capaz de aprovechar los respaldos —unos seguramente sinceros y otros de consabidos lagartos y oportunistas— que recibió con ocasión del confuso e inexplicado atentado en Cúcuta, para liderar una gran convocatoria nacional de reconciliación. Lo suyo es discriminar, reprimir y odiar.
Adenda No 1. Hará mucha falta la voz libre y enhiesta de Ángela María Robledo en el Congreso.
Adenda No 2. “Bestias malnacidas”: Duque (no Popeye).
Finalmente, Iván Duque pudo hablar por teléfono con el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, quien sabiamente le advirtió sobre la necesidad de que las autoridades toleren la protesta social y respeten los derechos humanos, pero la primera respuesta de Duque fue anunciarle al país que impulsará una ley contra vandalismo y disturbios. El provocador anuncio se hizo desde una guarnición policial, en el marco del pomposo ascenso del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, cada vez menos confiable.
Hay que recordarles a Duque y a la gavilla de sus desinformados asesores lo que parece no enseñan en la cueva del fascismo de la Sergio Arboleda: tanto el vandalismo como los disturbios y demás posturas violentas son delitos. Inclusive el tal “terrorismo urbano de baja intensidad”, acuñado por Duque, también es punible.
Si con los códigos Penal y de Seguridad y Convivencia sacaron al Esmad a disparar contra la población civil, ¿para qué otra ley? Todo, aplaudido por algunos medios que andan entregados a difundir boletines oficiales para subliminalmente apoyar los excesos policiales y fustigar a los jóvenes que persisten en sus protestas.
Y para qué más normas punitivas si en la arbitraria, perseguidora y delincuencial Fiscalía, presidida por Francisco Barbosa y el facineroso Gabriel Ramón Jaimes Durán, continúan exonerándose entre ellos mismos y hostigando a quienes no somos santos de su devoción, todo para honrar los propósitos malvados de Alejandro Ordóñez, Angelino Garzón, Álvaro Uribe, entre otros malandrines agazapados desde las trincheras del régimen. Eso hicieron con el alcalde de Cali, a quien como a un delincuente llamaron a interrogatorio por dialogar con los inconformes, para saciar los sangrientos reclamos del momierío caleño que de dientes para afuera dice una cosa pero en la realidad hace otra, como mandar de avanzada al amenazante pero perfumado señorito de la ultraderecha local Christian Garcés, promotor del proyecto para armar a todo el mundo.
No nos engañemos. La ley antivandalismo y antidisturbios que ofrece Duque al final de su desastroso mandato será la renovación del temido Estatuto de Seguridad, con el que Turbay Ayala reprimió y censuró a opositores y críticos, período de ingrata recordación para los derechos humanos y las libertades públicas. Entonces tuvo que exiliarse en México nuestro nobel García Márquez, acosado por el estado de sitio que le tenía preparado un carcelazo seguro pero injusto.
No es casualidad que esta nueva idea la hubiese soltado Duque ante las cachuchas y charreteras de policías y militares. El mensaje quedó claro: esta ley es sugerida por la Policía, a juzgar por las imprudentes declaraciones de su director reclamando que se necesita. ¿Qué es lo que no han podido hacer? ¿Acaso pretenden convertir en acto del servicio disparar contra civiles o infiltrar policías disfrazados de civiles en las marchas para propiciar desorden? Obvio que detrás de este esperpento está también la voz militarista e incendiaria de Rafael Guarín, el camaleón consejero de Seguridad y cipayo del exprocurador Ordóñez.
Da miedo que la política de seguridad y convivencia esté pensada desde la Dirección de la Policía, precisamente la institución más cuestionada, nacional e internacionalmente, por sus desafueros al reprimir el reciente paro nacional y las protestas. Cuando se conciben leyes para controlar la protesta social desde los batallones, se está más cerca de la tiranía que de la democracia. Mientras el Congreso criollo reparte con holgura ascensos a los generales, el de EE. UU. condicionó la ayuda económica a la Policía a que se sancionen las denuncias por abusos de varios oficiales.
Triste final de este accidentado y pésimo gobierno de Duque. Ahora, en vez de reparar las imborrables faltas, se empeña en dejarnos actualizado un odioso estatuto represor. Ese sería su gran y único legado.
Duque ni siquiera fue capaz de aprovechar los respaldos —unos seguramente sinceros y otros de consabidos lagartos y oportunistas— que recibió con ocasión del confuso e inexplicado atentado en Cúcuta, para liderar una gran convocatoria nacional de reconciliación. Lo suyo es discriminar, reprimir y odiar.
Adenda No 1. Hará mucha falta la voz libre y enhiesta de Ángela María Robledo en el Congreso.
Adenda No 2. “Bestias malnacidas”: Duque (no Popeye).