Ya es lugar común decir que un hijo de un exparamilitar, que purga prisión en los Estados Unidos y que deberá también estar encarcelado aquí cuando regrese a Colombia, no tiene ninguna inhabilidad para ejercer un cargo por el solo hecho de que su padre sea un criminal condenado penalmente.
La festiva ministra del Interior confunde el “delito de sangre” con el principio de que la responsabilidad penal es individual y no se traslada a los consanguíneos. Delito de sangre, según el DRAE, es “el que causa lesión corporal grave o muerte”. Crímenes como la calumnia, la celebración indebida de contratos o el peculado, etc., que lesionan otros bienes jurídicos, no implican daños físicos.
No está, pues, en discusión que los hijos de los paramilitares condenados no puedan ejercer cargos públicos por el solo hecho de su ascendencia. Pero que no venga la ministra del Interior a convencernos de que este nombramiento del hijo de Jorge 40 es un gesto pluralista o de reconciliación.
Me pregunto si la ministra se habría atrevido a nombrar al vástago de algún guerrillero desmovilizado o muerto, como Timochenko, Pablo Catatumbo, Raúl Reyes o Carlos Lozada. Eso es impensable en alguien que, como Arango, es una militante enardecida de la doctrina uribista, que, como la mafia, ni perdona ni olvida las equivocaciones de sus contradictores.
No hay nadie en el gobierno de Duque que se atreva a nombrar así sea de mensajero a uno de los hijos de la insurgencia, a quienes tampoco se les puede trasladar la responsabilidad penal por los delitos de sus mayores.
¿De qué habla, entonces, la ministra Arango cuando pretende erigirse en prócer de la reconciliación, porque por convicción y proximidad ideológica nombró al descendiente de un jefe paraco? Su discurso no es ni puede ser creíble, pues esto de ahora no reconcilia ni despolariza la sociedad que ellos mismos han envenenado de odio e injurias, al extremo de hacer la vida imposible a sus críticos y opositores.
El talante de este Gobierno, por el contrario, se orienta a estigmatizar a toda persona que pueda tener vínculos de sangre con quienes no comparten sus credos. La persecución que se ejerce desde el Gobierno contra familiares de sus contradictores e inclusive contra periodistas críticos es la del garrote. Así que, ministra Arango, a otros con su cuento de falsa reconciliación.
En efecto, para no ir muy lejos, el Gobierno no es capaz de nombrar en puesto alguno ni siquiera a quien tenga lazos de parentesco con algún crítico o disidente suyo. El subpresidente Duque y su entorno entienden que el Gobierno es exclusivamente de ellos, para ellos y por ellos. Por ello, solamente nombran a los amigos, entendiendo por tales a quienes abrazan su intemperancia, a veces honrando los lazos filiales, y por eso mismo mandaron al heredero de Jorge 40 a tan importante dignidad.
Aunque, según el portal Cuestión Pública, el joven Tovar ha acreditado requisitos para precedentes empleos con certificaciones expedidas por su madre, no tengo elementos de juicio para dudar que es un buen muchacho, como de ello dan cuenta en Valledupar, donde, con razón, también lo consideran víctima de la vorágine de violencia que protagonizó su padre. Mi opinión sigue siendo la misma, aun después de conocer que Tovar Jr. trinó defendiendo a su padre como un delincuente político. Imposible compartir esa equivocación, pero en él puede comprenderse.
No tuvo en cuenta la ministra Arango que el problema de Tovar es que estará impedido o podrá ser recusado en las actividades que aun de manera indirecta involucren a víctimas del paramilitarismo, que son millones. Es posible, entonces, que Tovar se quede nombrado, pero sin funciones.
Adenda No 1. Con el fallo de la Corte Constitucional que favoreció al exministro uribista, quedó claro que el partido de gobierno maneja los tres poderes públicos. ¿Es eso democracia?
Adenda No 2. Si el uribismo logró una reforma constitucional y luego una sentencia en la Corte Constitucional para auxiliar al exministro Arias y humillar a la Corte Suprema, fácil resulta calcular de lo que serán capaces para que la revisión del fallo condenatorio se produzca como la necesitan.
Adenda No 3. Y ahora los inefables dirigentes del fútbol, violando los estatutos de la Federación, hacen política con el presidente eterno y de paso desafían al Gobierno.
Ya es lugar común decir que un hijo de un exparamilitar, que purga prisión en los Estados Unidos y que deberá también estar encarcelado aquí cuando regrese a Colombia, no tiene ninguna inhabilidad para ejercer un cargo por el solo hecho de que su padre sea un criminal condenado penalmente.
La festiva ministra del Interior confunde el “delito de sangre” con el principio de que la responsabilidad penal es individual y no se traslada a los consanguíneos. Delito de sangre, según el DRAE, es “el que causa lesión corporal grave o muerte”. Crímenes como la calumnia, la celebración indebida de contratos o el peculado, etc., que lesionan otros bienes jurídicos, no implican daños físicos.
No está, pues, en discusión que los hijos de los paramilitares condenados no puedan ejercer cargos públicos por el solo hecho de su ascendencia. Pero que no venga la ministra del Interior a convencernos de que este nombramiento del hijo de Jorge 40 es un gesto pluralista o de reconciliación.
Me pregunto si la ministra se habría atrevido a nombrar al vástago de algún guerrillero desmovilizado o muerto, como Timochenko, Pablo Catatumbo, Raúl Reyes o Carlos Lozada. Eso es impensable en alguien que, como Arango, es una militante enardecida de la doctrina uribista, que, como la mafia, ni perdona ni olvida las equivocaciones de sus contradictores.
No hay nadie en el gobierno de Duque que se atreva a nombrar así sea de mensajero a uno de los hijos de la insurgencia, a quienes tampoco se les puede trasladar la responsabilidad penal por los delitos de sus mayores.
¿De qué habla, entonces, la ministra Arango cuando pretende erigirse en prócer de la reconciliación, porque por convicción y proximidad ideológica nombró al descendiente de un jefe paraco? Su discurso no es ni puede ser creíble, pues esto de ahora no reconcilia ni despolariza la sociedad que ellos mismos han envenenado de odio e injurias, al extremo de hacer la vida imposible a sus críticos y opositores.
El talante de este Gobierno, por el contrario, se orienta a estigmatizar a toda persona que pueda tener vínculos de sangre con quienes no comparten sus credos. La persecución que se ejerce desde el Gobierno contra familiares de sus contradictores e inclusive contra periodistas críticos es la del garrote. Así que, ministra Arango, a otros con su cuento de falsa reconciliación.
En efecto, para no ir muy lejos, el Gobierno no es capaz de nombrar en puesto alguno ni siquiera a quien tenga lazos de parentesco con algún crítico o disidente suyo. El subpresidente Duque y su entorno entienden que el Gobierno es exclusivamente de ellos, para ellos y por ellos. Por ello, solamente nombran a los amigos, entendiendo por tales a quienes abrazan su intemperancia, a veces honrando los lazos filiales, y por eso mismo mandaron al heredero de Jorge 40 a tan importante dignidad.
Aunque, según el portal Cuestión Pública, el joven Tovar ha acreditado requisitos para precedentes empleos con certificaciones expedidas por su madre, no tengo elementos de juicio para dudar que es un buen muchacho, como de ello dan cuenta en Valledupar, donde, con razón, también lo consideran víctima de la vorágine de violencia que protagonizó su padre. Mi opinión sigue siendo la misma, aun después de conocer que Tovar Jr. trinó defendiendo a su padre como un delincuente político. Imposible compartir esa equivocación, pero en él puede comprenderse.
No tuvo en cuenta la ministra Arango que el problema de Tovar es que estará impedido o podrá ser recusado en las actividades que aun de manera indirecta involucren a víctimas del paramilitarismo, que son millones. Es posible, entonces, que Tovar se quede nombrado, pero sin funciones.
Adenda No 1. Con el fallo de la Corte Constitucional que favoreció al exministro uribista, quedó claro que el partido de gobierno maneja los tres poderes públicos. ¿Es eso democracia?
Adenda No 2. Si el uribismo logró una reforma constitucional y luego una sentencia en la Corte Constitucional para auxiliar al exministro Arias y humillar a la Corte Suprema, fácil resulta calcular de lo que serán capaces para que la revisión del fallo condenatorio se produzca como la necesitan.
Adenda No 3. Y ahora los inefables dirigentes del fútbol, violando los estatutos de la Federación, hacen política con el presidente eterno y de paso desafían al Gobierno.